La Xunta de Feijóo se reunió con la Fundación Franco para hablar sobre temas "técnicos" de la gestión del Pazo de Meirás

La gestión de las visitas al Pazo de Meirás por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) continúa sin dar lugar a un posicionamiento claro por parte de la Xunta de Galicia. La fundación, que el lunes emitió un comunicado asegurando que su nuevo papel al frente de la organización de las visitas es "una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco", mantuvo contacto con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras la apertura de un expediente a la familia del dictador, propietaria del pazo, por el incumplimiento de las visitas. "Solicitaron una reunión técnica para informarse sobre el expediente. La reunión versó sobre este asunto exclusivamente, es decir, fue una reunión de carácter técnico", señalan a preguntas de infoLibre fuentes de la Consellería de Cultura.

La Xunta, no obstante, rechaza dar información concreta sobre los detalles del encuentro. "Esta reunión pertenece al ámbito del expediente y no podemos decir nada más sobre ella que el hecho de que versó sobre cuestiones técnicas alrededor del mismo", sostiene un portavoz autorizado de la Xunta. El presidente de la Fundación Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, tampoco ha querido explicar a este periódico las circunstancias de la cita.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció a principios del pasado marzo la apertura de un expediente a la familia Franco por "incumplir" la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a abrir al público el Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña) y declarado bien de interés cultural (BIC) en el año 2008. "Se constató que el sistema de acceso a las visitas, mediante el teléfono y el correo electrónico, se está incumpliendo", explicó entonces Rueda. Patrimonio de la Xunta ya abrió un primer expediente el año pasado, a propuesta del Ayuntamiento de Sada y a raíz de las quejas de particulares que no lograban entrar, tal y como informó en abril el diario El País. Sobre los detalles del último expediente, "que actualmente se está tramitando", la Xunta no da detalles. "Los expedientes atañen a las partes interesadas, por lo tanto no podemos dar información al respecto", señala.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha advertido este jueves a la Fundación Francisco Franco que el gobierno autonómico pondrá en conocimiento de la justicia cualquier actuación fuera del marco legal que sea detectada tanto por la administración como por cualquier ciudadano. Feijóo ha recordado en rueda de prensa que, desde el inicio de su gestión como presidente autonómico, se "obligó a cumplir la ley de principio a final" a la familia Franco, y ha subrayado que su gobierno ha denegado en varias ocasiones la posibilidad de llegar a convenios con la fundación para el mantenimiento del pazo.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, insta en su artículo 15.1 a las administraciones públicas a tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". La Consellería de Cultura, señala la institución a respuestas de este diario, "no es competente para decir si algo es o no contrario a la Ley de Memoria Histórica al mantenerse esta cuestión fuera del ámbito competencial y capacidad inspectora de la legislación o ámbito de patrimonio cultural".

La indignación por parte de la oposición parlamentaria gallega ha motivado la condena unánime de los partidos y la apertura de una serie de iniciativas de denuncia. En Marea ha instado a la Xunta a tomar acciones para evitar la gestión de la fundación: "Que no esté obligada a hacerlo no significa que no lo pueda hacer", recalca la diputada Luca Chao. Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova, considera que el hecho de que la ley inste a la consejería a regular el régimen de visitas "es algo que va más allá de horarios y días, y le da margen para decir que una fundación no es competente". Sobre la propiedad del pazo, En Marea ya propuso en marzo que el Parlamento de Galicia solicitara al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera recuperar la titularidad pública del pazo. Pese al respaldo de toda la oposición, el PP tumbó la propuesta en el mes de mayo argumentando defectos formales en la propuesta. Este jueves En Marea e IU han anunciado que pedirán en el Congreso la expropiación del Pazo de Meirás por estar "en peligro los valores democráticos"

Por su parte, el BNG también se ha sumado a las críticas y ha pedido a la Xunta que las visitas "no sean utilizadas para transmitir una versión manipulada de la historia que ofende a todas las víctimas del franquismo". Además, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, ha solicitado la intervención de la Comisión Europea por "apología de la dictadura y de la figura del dictador".

Finalmente, los socialistas gallegos han calificado los hechos de "insulto, burla y provocación". En este sentido, el PSdeG ha revelado la presentación de dos iniciativas para pedir que "sean reprobadas todas las declaraciones" de la Fundación Franco que "enaltecen la figura del dictador" y la "utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas".

"La ley no les gusta"

La respuesta de las asociaciones memorialistas apuntan directamente a los conservadores y su incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica. Ángel Viviente, coordinador general de Convocatoria Cívica, afirma en conversación con infoLibre que el Gobierno de Feijóo "se está escapando" de su deber de cumplir con la ley. Entiende que ante estos hechos, el Ministerio de Justicia debería tomar medidas sancionadoras contra una fundación que ha anunciado públicamente su intención de incumplir con la norma, y matiza que "el problema básico es la mera existencia de la fundación, que va contra los objetivos de la Ley de Memoria Histórica".

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, reconoce su descontento con la Ley de Memoria Histórica tal y como está planteada. La norma "es un fracaso, no cuenta con elementos para obligar a cumplir la ley, ni con un sistema de régimen sancionador, ni con el desarrollo necesario sobre lo que se entiende por exaltación del franquismo", critica.

Peinado coincide con Viviente a la hora de señalar que "hay un hecho anterior y es la propia existencia de la Fundación Francisco Franco", ya que, considera, "su objetivo es no cumplir la ley". Por otro lado, y respecto al Pazo de Meirás, sostiene que el principal problema apunta a su titularidad. "Es vergonzoso que tenga la propiedad del pazo la familia de Francisco Franco", señala, al tiempo que lamenta lo que a su entender es una "clara connivencia entre la Xunta y el franquismo" por permitir esta situación. Peinado se pregunta "en qué país del mundo una democracia consiente que la familia de un dictador se beneficie de las propiedades arrebatadas y siga disfrutando de los beneficios de la dictadura". En este sentido, Peinado apuesta por avanzar en la recuperación del pazo por parte de las instituciones. "No podemos estar diciendo que tienen que ceder días en verano, es una estupidez y una auténtica vergüenza", zanja. 

Por su parte, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Fernando Souto, también considera que "la Ley de Memoria Histórica es muy light, muy ambigua", y pide que el foco de la cuestión se centre en ilegalizar a la Fundación Franco y recuperar la titularidad del recinto como espacio de memoria.

El intento de En Marea por expropiar el pazo en marzo y el rechazo de los conservadores es algo que, a juicio de los defensores de la memoria histórica, "va en línea del PP". "Lo seguirá haciendo, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, porque la ley no les gusta", lamenta Viviente.

Por su parte, el abogado Eduardo Ranz, especializado en cuestiones de memoria histórica, considera que "la respuesta de la Xunta es impresentable". En primer lugar, explica, "hay que acudir a la Ley de Fundaciones, que dice que los fines de una fundación tienen que ser de interés general y de derechos humanos". "Que sepamos Francisco Franco no destaca precisamente por su defensa de los derechos humanos y la fundación a la que se le ha encargado la gestión no es de interés general, son cuatro exaltados que no representan a una mayoría de la población", insiste Ranz.

El abogado también apunta que la propia ley "no permite que se pueda favorecer a miembros del patronato, fundadores o familiares de ambos, y la realidad es que la presidenta de honor de la FNFF es Carmen Franco Polo, que tiene la propiedad del Pazo de Meirás". La norma establece, concretamente, que "en ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general".

Por otro lado, Ranz añade que la condición de bien de interés cultural obliga a "pactar con la Xunta una serie de visitas e inspecciones, y recogerlo en un escrito, en un convenio, un acuerdo o un documento", del que a día de hoy "no sabemos nada ni ha salido publicado". Ese documento, advierte el abogado, "seguramente sea susceptible de impugnación por algún partido de la oposición". 

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Ranz entiende que la solución a las circunstancias que rodean al pazo pasan por "una ley autonómica de memoria histórica que regulase directamente el pazo, y otra sería una transacción similar a la del Palacio de la Magdalena en Santander o el Miramar en San Sebastián, de los propietarios privados a las instituciones". En este contexto, coincide en que el rechazo del PP a la propuesta de En Marea para recuperar el pazo va "muy en la línea de su ideología".

Finalmente, y en cuanto al comunicado de la FNFF, Ranz lo tacha de "disparate jurídico, económico, social y político". A su parecer, "retar a un Estado para una exaltación es de una soberbia extrema y además es vulnerar la legitimidad de un parlamento. Desde luego la Fiscalía tenía que haber actuado de oficio, e iniciar una investigación conforme a una posible sanción por delito de incitación al odio", concluye.