caso juana rivas
La Fiscalía no recurre el rechazo del Constitucional a amparar a Juana Rivas
La Fiscalía adscrita al Tribunal Constitucional (TC) no ha presentado recurso de réplica a la providencia por la que este órgano inadmitía el último recurso de amparo presentado por Juana Rivas. De esta forma se cierran todas las vías en la Justicia española para la mujer de Maracena que permaneció escondida casi un mes junto a sus hijos para no entregarlos al padre, Francesco Arcuri, condenado por malos tratos en 2009 y con el que Rivas retomó la relación.
La petición de amparo al TC fue inadmitida por "extemporánea", ya que incumplía el requisito formal e indispensable previsto en la ley de que el plazo máximo para presentarlo es en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución judicial que se impugna. En este caso, Rivas pedía que se paralizara la entrega de los menores a su progenitor, decretada por la Audiencia de Granada el pasado abril. Fuentes de la Fiscalía confirman a infoLibre que no se interpuso recurso "por compartir plenamente el criterio" del TC.
La abogada de Rivas, María Castillo, y su asesora, Paqui Granados, anunciaron la semana pasada tras conocer la decisión del TC de que no admitía su último recurso que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, la decisión de este órgano se puede demorar varios años.
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No obstante, Rivas sigue enfrentándose a dos procedimientos judiciales en España. El primero de ellos, en el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que decretó en diciembre de 2016 que los menores tenían que volver con su padre después de que este denunciara que la mujer se los había llevado de Italia a España sin su consentimiento incumpliendo el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el conocido como Convenio de La Haya, de 1980. Según explicó Rivas a infoLibre, el pasado mes de abril "el detonante del regreso" fue "una situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de dos años".
Esa sentencia –ratificada el pasado abril por la Audiencia de Granada– debió ejecutarse el 26 de junio, pero Rivas la incumplió alegando que existía un "peligro" para los menores si los entregaba a su padres. Fue entonces cuando él la denunció por "sustracción internacional", dando lugar al procedimiento penal en Juzgado de Instrucción 2 de Granada por el que fue detenida este martes por la Policía Nacional, si bien el juez de guardia la acabó dejando en libertad provisional. Este juzgado fue el que acordó para Rivas una orden de detención y presentación en sede judicial por no personarse cuando fue llamada a declarar en calidad de investigada por la sustracción de sus hijos.
En todo caso, sigue vigente la entrega de los niños al padre acordada tanto por la vía civil (Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada) como por la penal (Juzgado de Instrucción 2 de Granada).
