La crisis política de Cataluña
El Tribunal Superior de Cataluña admite a trámite las dos querellas de la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlament
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió este viernes a trámite las querellas presentadas apenas unas horas antes por la Fiscalía Superior de Cataluña contra cinco miembros de la Mesa del Parlament por la aprobación de la ley del referéndum y contra el Govern por el decreto de convocatoria del 1-O.
La Sala de Admisiones de la Sala Civil y Penal del TSJC estudió los escritos del Ministerio Fiscal durante unas dos horas antes de dar luz verde a su tramitación.
La sala ha decidido que la querella registrada contra la presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumule al procedimiento ya abierto contra la presidenta Carme Forcadell y miembros de la Mesa y que estaba siendo instruido por que la magistrada Maria Eugènia Alegret, de tendencia conservadora.
A su vez, la querella contra el presidente Carles Puigdemont y su Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se ha acumulado al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs y el entonces secretario de su departamento, Francesc Esteve, y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas. Armas es jueza de la Audiencia de Barcelona y está en el TSJC en comsión de servicios.
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Las resoluciones que recogen los términos de los acuerdos de la reunión del TSJC “se notificarán en los próximos días hábiles”, ha informado el tribunal.
La Sala de admisiones del TSJC no ha entrado a pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en su querella, informa Europa Press. Serán Allegret y Armas quienes tendrán que decidir a partir a las resoluciones donde se recogen los acuerdos alcanzados en la reunión de la sala de admisiones.
La Fiscalía solicitaba las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.
