Las actuaciones por maltrato animal crecen casi un 11% en 2016: ¿más casos o mayor visibilidad?

El juzgado número tres de Vinarós (Castellón) abre un procedimiento penal a la perrera El Corralet por presunto maltrato animal. La Guardia Civil investiga a un ganadero de Ribadesella (Asturias) después de hallar a 29 vacas en estado de extrema delgadez, encerradas en una nave sin ventilación ni luz. En Boiro (A Coruña), el propietario de un caballo es investigado por posible delito de maltrato y abandono de animales, mientras que a otro hombre, vecino de Mondoñedo (Lugo), se le atribuye un supuesto delito de maltrato de ganado equino. Son algunos de los ejemplos de maltrato animal que han saltado a los medios tan sólo en el último mes.

No son los únicos, y basta con ampliar el foco temporal para descubrir otros muchos sucesos similares. Concretamente, y según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a los que ha tenido acceso infoLibre, el año 2016 dejó 12.500 actuaciones como consecuencia de 772 delitos de maltrato o abandono de animales domésticos y 11.728 infracciones administrativas –que engloban cuestiones de sanidad, alojamiento, transporte inadecuado o cartillas de vacunación, entre otras–. En comparación con el año anterior, la evolución deja un aumento del 10,92%. En 2015, el Seprona persiguió un total de 11.269 presuntas actuaciones que atentaban contra el bienestar animal. Fueron entonces 476 delitos de maltrato o abandono y 10.793 infracciones administrativas. La tendencia al alza no parece remitir en lo que va de año. Entre enero y julio del presente año, el Seprona investigó 513 delitos de maltrato y 7.414 infracciones administrativas. Es decir, un total de 7.927 casos en apenas siete meses.

Aunque la mayoría de animales afectados son los de compañía, especialmente perros, las actuaciones se extienden a otras especies domésticas como gallos, ovejas o vacas, entre otras. "La mayoría de los animales que sufren maltrato son perros, tanto de caza como otras razas", explican fuentes del Seprona en declaraciones a este diario. Sin embargo, añaden, "se han constatado importantes episodios de maltrato con animales de granja como caballos, cabras y ovejas".

El asunto no es baladí e incluso va más allá de la propia violencia contra los animales. El FBI establece mediante un informe [consultar documento aquí] una correlación entre el maltrato animal y la violencia interpersonal. Según el estudio, el 46% de asesinos en serie maltrataron animales en su adolescencia, mientras que el 41% de delincuentes violentos tenían antecedentes de maltrato a animales. Además, el 86% de mujeres víctimas de violencia machista también atestiguan maltrato a sus animales. La cifra se eleva al 93% si se incluye la violencia psicológica.

La clave del aumento: legislación y conciencia

"Bajo nuestra percepción, la modificación del Código Penal del año 2015 en lo referente a las conductas penales de maltrato y abandono de animales domésticos y la concienciación ciudadana han influido en que el ciudadano cada día denuncie más este tipo de conductas, no sólo en relación a los animales sino con todas aquellas situaciones que ponen en peligro el medio ambiente". Así se expresan las fuentes del Seprona consultadas por infoLibre.

Alberto Díez, director de la Asociación Nacional en Defensa de los Animales (ANDA), coincide con el diagnóstico del cuerpo. "Básicamente hasta el año 2015 los canales que existían para realizar una denuncia por el Código Penal eran limitados", explica. Antes de la reforma era necesario reunir "datos previos que en muchas ocasiones eran imposibles de localizar", lo que creaba un clima general de "desánimo" a la hora de presentar denuncias.

Además de la reforma legislativa, continúa Díez, también supone un paso al frente que "el mundo de las asociaciones se pueda personar como parte interesada" y de esta manera "ser parte de los procedimientos jurídicos". Todo ello, añade, "deriva en un crecimiento que quizá no es tanto el reflejo de un aumento en sí, sino que hay más casos cubiertos" y por tanto hay una mayor visibilidad del problema. "El procedimiento es conocido, la coordinación del Seprona con las asociaciones es mayor, y eso es muy positivo porque supone que se va perdiendo la sensación de impunidad", concluye el animalista.

Como matiz a este escenario positivo, Alberto Díez sostiene que "las penas en ocasiones no son lo suficientemente disuasorias, y todavía hay veces en las que se usa la vía administrativa porque las penas son mayores". Por otro lado, agrega, "quizá convendría que nos fuéramos acostumbrando a la utilización del Código Penal para ir más allá del animal de compañía". Aunque señala que la ley sí contempla a otros animales como los de granja, también advierte de que la sociedad "no lo tiene visualizado de esta manera" y al final "son los jueces los que deciden".

Código Penal

El sufrimiento animal está penalizado ahora, según lo establecido en el artículo 337 del Código Penal, con una pena que va de tres meses y un día a un año de prisión, además de inhabilitación especial de un año y un día a tres años, a toda persona que "maltrate injustificadamente" a un animal "causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual". La ley afecta, concretamente, a los animales domésticos o amansados, los que habitualmente están domesticados, aquellos que temporal o permanentemente viven bajo control humano y todos los que no se encuentren en estado salvaje.

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Estas penas, además, se agravarán "en su mitad superior" en caso de haber sido empleadas armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal, si hubiera mediado ensañamiento, si el animal queda impedido o si un menor de edad presencia los hechos.

Finalmente, en caso de haber causado la muerte del animal, el castigo se incrementa a una pena de seis a 18 meses de prisión e inhabilitación de dos a cuatro años.

La normativa fue elaborada en el año 1995, momento en el que se comenzó a contemplar el maltrato animal únicamente como una falta que se castigaba con pena de multa. En 2003 se introdujo por primera vez como delito, y en 2010 se eliminó el requisito de ensañamiento, hasta que ya en 2015 quedó modificada incluyendo matices como la explotación sexual, la presencia de menores, y elevando la cuantía de las penas de prisión e inhabilitación.