Hay soluciones. Faltan líderes

El principal problema alrededor del conflicto catalán –que es el conflicto español–, no es la falta de soluciones. Basta mirar la historia, el Derecho comparado y cómo han gestionado situaciones parecidas en otras partes del mundo para saber por dónde se puede encontrar la solución. El problema de verdad, el de fondo, es que faltan líderes capaces de asumir el desafío de pilotar este momento histórico.

Al hablar de soluciones me refiero a las de verdad, de esas a las que se llega por acuerdo y no por imposición, de esas que se crean y recrean después de horas de trabajo, estudio, diálogo y negociación. Las que se consiguen no venciendo, sino convenciendo. Esas que son radicales porque van a la raíz del problema. Esas que son las únicas que duran y permiten consolidar la situación sin que emerja con más fuerza unos años después.

Salidas así son las que esperamos quienes el sábado salimos a la calle ataviados de blanco, miles en todo el país, pidiendo la paz y la palabra. Fue espíritu 15M en estado puro: no había soluciones claras ni propuestas concretas de nada. Pero se era radical en el diagnóstico partiendo del reconocimiento del problema y evitando negar las evidencias, y se era tajante en el camino a tomar: la negociación, el diálogo, la política. En definitiva, más democracia. De lo contrario, no nos sentiremos representados. ¿Les suena? Hubo quienes desconfiaron de la convocatoria por no saber exactamente de dónde partía –exactamente igual que lo que ocurrió los primeros días del mayo de 2011–, y no faltaron quienes echaron a correr cotilleos sobre si había sido una iniciativa de Pedro Sánchez. ¡Ojalá!, como hace seis años atribuyeron la creación del movimiento indignado a Izquierda Unida o al mismísimo Rubalcaba, entonces ministro de Interior.

El principal problema que hoy tenemos encima de la mesa, a mi juicio, es la ausencia de dirigentes y direcciones que sean capaces de gestionar esta situación. Los que nos han metido en esta no nos van a sacar. Porque no saben, porque no quieren, o porque sus cálculos electorales no van nada mal. De ahí que surjan iniciativas como las propuestas de mediación que se han ido lanzando desde unos u otros sitios, que si bien pueden dibujar una salida al conflicto, suponen también el reconocimiento de la incapacidad de los líderes políticos para resolver el problema por los procedimientos que el sistema institucional tiene, y que no son pocos. Sin embargo, se encuentran con el mismo problema. Si los líderes son los mismos, la mediación tampoco resolvería nada. Según las Directrices de Naciones Unidas para una mediación eficaz,  “la mediación es un proceso por el que un tercero ayuda a dos o más partes, con su consentimiento, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto ayudándolos a alcanzar acuerdos mutuamente aceptables. La mediación se basa en la premisa de que, en el entorno adecuado, las partes en conflicto pueden mejorar sus relaciones y avanzar hacia la cooperación”.

¿Serían capaces el Gobierno de España de Rajoy y el de Cataluña de Puigdemont de avanzar hacia la cooperación? ¿Qué incentivos pueden ver en el acuerdo quienes se guían por la lógica de “cuanto peor, mejor”? Sólo el vértigo que parece estar cundiendo en el Govern de la Generalitat podría decantar la balanza. Para eso tendrían que empezar, de momento, por hacer ambos ciertas renuncias que pudieran explicar a los suyos como conquistas, que el otro las reconociera como tales, y al mismo tiempo le habilitara para iniciar la negociación. Sin embargo, es muy posible que un movimiento así le costara a Puigdemont la ruptura de su Gobierno ante el alejamiento de la CUP, lo que le llevaría a convocar elecciones y concluir con un previsible incremento del voto nacionalista. Si en el otro lado se precipita también un adelanto electoral podríamos encontrarnos con una derecha fortalecida y el conflicto más recrudecido. Salida en falso, por tanto.

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Rajoy ha basado su estrategia en dos líneas: negar las evidencias y esconderse detrás de otros. Primero fueron jueces y fiscales, luego Policía y Guardia Civil, ahora le ha tocado el turno a las grandes empresas. Veremos quién es el siguiente. Y Puigdemont se olvida de que la enorme movilización social del 1 de octubre se convirtió, conforme avanzaba el día, en una reivindicación de la democracia y los derechos más elementales, que más de la mitad de la población no acudió a votar, que Cataluña se construye con los independentistas y con los que no lo son, y que la independencia hoy, se declare o no, no pasará de ser un símbolo sin efectos jurídicos que habrá dejado muchos cadáveres por el camino.

Cada vez me viene a la cabeza más a menudo ese Cortázar que sentencia: “Cuando alguien dice que se va, es que ya se ha ido”. Hace unos meses el independentismo en Cataluña suponía un tercio aproximado de la población, actualmente se sitúa en torno a la mitad, y de seguir por este camino con movimientos diplomáticos como facilitar la salida de las empresas alterando sobre la marcha la Ley de Sociedades Anónimas, conseguiremos expulsar a los que todavía quieren mantener algún vínculo con el resto del Estado.

Es ya urgente dar un giro drástico a todo el proceso. Y no porque el tiempo se agote, que seguro que se encuentran fórmulas para aplicar declaraciones unilaterales de independencia y artículos extremos de la Constitución en diferido o a plazos, sino porque conforme pasan los días más ciudadanos y ciudadanas, de Cataluña y del resto de España, van a desconectar del territorio y de esta democracia. Las salidas, que existen, pasan por nuevos liderazgos capaces de reconocer el problema, hacer un buen diagnóstico, gestionar la complejidad y buscar soluciones que no venzan pero convenzan.