La postura de altos cargos y funcionarios será clave en la aplicación del 155

Apenas cinco horas después de que la mayoría independentista del Parlament proclamara la secesión de Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras obtener el aval del Senado, dio luz verde a la aplicación del 155. Este artículo constitucional faculta al Ejecutivo a "adoptar las medidas necesarias" para obligar a una comunidad al "cumplimiento forzoso" de las "obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o para la "protección" del "interés general".

Rajoy desgranó las medidas previstas en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa: destitución del president y de todo su Ejecutivo, cuyas competencias serán asumidas por los ministerios; cese del secretario general de Interior y del director general de la policía autonómica; y disolución del Parlament para convocar elecciones el 21 de diciembre, entre otras cuestiones, tales como la extinción de organismos como el Consejo Asesor para la Transición Nacional, creado por el expresident Artur Mas. Se libra de la destitución, por el momento, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero. 

Las primeras medidas planteadas por el Gobierno, por tanto, ya están sobre la mesa, aunque sigue siendo una incógnita cómo se harán efectivas. En la caso de la disolución de la Cámara autonómica, la mayoría secesionista no se ha pronunciado aún sobre si acatará la decisión del Ejecutivo central o si, por el contrario, mantendrá el pulso e intentará sostener la actividad parlamentaria con la celebración de plenos y comisiones. De hacerlo, también resulta impredecible la respuesta del Estado.  

En el ámbito de la administración, si hay algo claro es que el cumplimiento de la pretensión del Gobierno de que la Generalitat paralice sus actuaciones "contrarias al interés general" va a estar muy determinado por la actuación de los 193.448 empleados públicos autonómicos a los que el Gobierno advirtió en la propuesta que remitió al Senado de que se arriesgan a tener que responder patrimonial, contable o penalmente en caso de "incumplimiento" de lo dictado por las autoridades designadas por el Ejecutivo central. 

El conseller de Exteriores destituido, Raül Romeva, se mostró convencido el lunes en una entrevista en la BBC de que los empleados públicos de Cataluña "no seguirán órdenes de Madrid". No obstante, frente a posibles presiones en este sentido, el desarrollo del artículo 155 prevé la garantía de "seguridad jurídica" de los empleados públicos de la Administración catalana al declarar "nulos de pleno derecho" e "ineficaces" los expedientes sancionadores que se les pueda abrir en cualquier órgano de la Generalitat por acatar las órdenes de las nuevas autoridades designadas por el Gobierno central. 

Con los consellers cesan también todos sus cargos de confianza, igual que ocurre cuando se destituye a un ministro. También serán destituidos el secretario general de Interior y del director general de la policía autonómica, aunque no sus homólogos en otras consellerias. Estos cargos suponen la segunda y tercera línea política de mando de la administración catalana tras los consellers y entre ellos sí se esperan más resistencias a acatar las instrucciones jerárquicas de las nuevas autoridades, pues suelen tener un perfil político además de técnico. Es decir, normalmente son afines ideológicamente a la dirección del departamento en el que desarrollan sus funciones. 

Otra cuestión será cómo actúen los funcionarios con menos galones, aunque ahí también habrá diferencias pues, en la teoría, no todas las áreas son igual de críticas. Tal y como adelantó El Periódico, el Ministerio de Hacienda ultima el desarrollo de un mecanismo que permita una aplicación rápida del régimen sancionador de la función pública sobre los empleados de la Administración catalana con el objetivo de acelerar los procedimientos de infracción y sanción, que suelen ser largos. A este respecto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro baraja de la posibilidad de crear la figura del "instructor único" de expedientes.

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan las llamadas a la desobediencia que sí han hecho otras organizaciones de ámbito territorial o sectorial y han recomendado a sus afiliados que exijan seguridad jurídica y que, ante cualquier duda, recuerden que tienen derecho a recibir órdenes por escrito. Ambas organizaciones sindicales han criticado la utilización de los empleados públicos como un elemento más en la batalla política. Por su parte, el sindicato CSIF defiende la aplicación del 155 porque "dará protección" a los funcionarios que se nieguen a acatar órdenes "ilegales" de la Generalitat. 

Competencias

Una de las competencias clave puede ser la de Interior, de quien dependen funcionalmente los Mossos d'Esquadra. No obstante, al ser una institución armada y jerarquizada, no se espera que sus efectivos se vayan a situar al margen de la legalidad. SAP-UGT, el sindicato mayoritario de este cuerpo policial, se ha mostrado contrario a la aplicación del 155, si bien su portavoz, Valentín Anadón, ha asegurado que no habrá desobediencia entre los agentes. En la misma línea se ha expresado su homólogo en el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME), Toni Castejón, que reiteró a Europa Press que los mossos, como policías, responderán "a la legalidad y a la estructura jerárquica que haya".

Sobre este cuerpo policial, el Gobierno señala que los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno central les podrán dar "instrucciones directas y de obligado cumplimiento" y, en caso de que sea necesario, podrán ser "sustituidos" por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En caso de incumplimiento de las órdenes de las nuevas autoridades designadas por el Estado también se enfrentan a "responsabilidades patrimoniales, contables o penales".   

La aplicación del artículo 155 también contiene, entre sus apartados especiales, medidas concretas para el área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria. En la práctica, supone una especie de auditoría por parte del Gobierno con el fin de gestionar el día a día de estas áreas. A los gastos que ya vigila Hacienda desde el pasado septiembre tras una decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se pondrá ahora el foco en las fundaciones públicas, las empresas autónomas, la contratación y en los más de doscientos millones mensuales de recaudación en concepto de impuestos cedidos.

Otro ámbito clave es el de la educación. Es reciente la imagen de la entrega simbólica de llaves de centros educativos que profesores de colegios e institutos catalanes realizaron ante Puigdemont y otros miembros del Govern en vísperas del 1-O. Fuentes sindicales consideran que la aplicación del 155 no se traducirá en grandes novedades. Aunque sí habrá cambio de interlocutores en algunas materias, no creen que se releve a los directores generales o a los inspectores de educación, una gran mayoría de ellos en comisión de servicio. Por otro lado, aseguran no haber percibido inquietud al respecto entre los docentes.

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Eso sí, mientras los sindicatos CCOO y UGT apuestan por acatar el ordenamiento jurídico vigente, el mayoritario USTEC ha hecho un llamamiento a "resistir" contra "las imposiciones" y la "lucha contra el golpe de Estado", al tiempo que ha asegurado que si la escuela catalana es intervenida "no reconocerá como interlocutores válidos" a aquellas personas que asuman las competencias en el ámbito educativo. 

También está dividido el ámbito sanitario. En un comunicado difundido el pasado miércoles, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CMC) y el sindicato Médicos de Cataluña (MC) mostraron su "rechazo absoluto" a la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 y expresaron su "firme y decidido apoyo al Govern, al Parlament y a los representantes elegidos democráticamente". Este viernes, en una carta pública, un centenar de facultativos pusieron de manifiesto su discrepancia con ese comunicado. 

En el terreno de la justicia, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dirigió en la tarde de este viernes una carta a los jueces y magistrados destinados en Cataluña en la que, ante la declaración de independencia, señala que "corresponderá al poder judicial" una parte muy importante de la tarea de "reaccionar en defensa de la legalidad y preservar el orden constitucional".