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El futuro de Cataluña

El aniversario de la Constitución refleja la honda división entre los partidos para abordar su reforma

Rajoy, junto a sus ministros y algunos presidentes autonómicos en el 39 aniversario de la Constitución.

Con cada cambio de legislatura en España, los diferentes partidos políticos parecen ponerse de acuerdo en algo: ha llegado el momento de abordar el eterno debate sobre la reforma de la Constitución. Pero una vez transcurridas las campañas electorales y asentadas en el día a día, las formaciones políticas abandonan esa especie de tregua y lo que parecían matices se transforman en muros casi insalvables. Esto se puso de manifiesto este miércoles en la tradicional recepción en el Congreso con motivo del 39 aniversario de la Constitución Española.

De un lado, Mariano Rajoy sigue advirtiendo de los peligros de abrir este debate sin consenso y para "contentar" a los secesionistas, argumento, este último, con el que coincide su socio de investidura Albert Rivera. Mientras, Pedro Sánchez se muestra convencido de que por estas fechas, dentro de un año, este debate ya estará abierto. Y Pablo Iglesias cree que no basta con la comisión sobre esta materia puesta en marcha a iniciativa de los socialistas.

Pese a haberse comprometido con Pedro Sánchez a abrir el debate sobre esta reforma en el CongresoCongreso, el presidente del Gobierno no disimuló en sus declaraciones de este miércoles que la idea no le atrae lo más mínimo y que, además, sólo sería posible con un amplísimo apoyo –"sólo por mayoría no se puede", llegó a decir–. Sería "surrealista", añadiría después en conversación informal con los periodistas.

Rajoy subrayó que "claro que se puede" abrir el melón de esta reforma, que ya se ha hecho en dos ocasiones desde 1978, pero que antes de es preciso que haya "una idea clara" de lo que se pretende.

A su juicio, son tres las condiciones que han de darse para la reforma constitucional. "No voy a aceptar de ninguna manera que se rompa la soberanía nacional", dijo en primer lugar. "Es muy importante que la Constitución, su reforma, se haga con un consenso muy generalizado, como el de 1978. Por mayoría no se puede reformar. Eso es un disparate", añadió. Y terminó: "Es muy importante que todo el mundo diga qué es lo que hay que reformar".

Para Rajoy, las reformas que se están produciendo en Europa sí que son una verdadera reforma de la Carta Magna española

Con estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo confirmaba lo que ya habían venido anticipando destacados dirigentes conservadores en las últimas semanas: que este tema no es una prioridad.

Miedo al referéndum

¿Dónde estriba el principal temor de los conservadores? Sin mayoría absoluta en el Congreso, al Partido Popular no le sirve sólo con sacar adelante una reforma de la Carta Magna y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy, y así lo admiten, es que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pidiese que ésta fuese sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con el Grupo de Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta ciudadana contemplada en el artículo 167 de la Constitución.

Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consulta podría convertirse en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como el llamado "régimen del 78" o la forma de Estado, algo que desde el PP se quiere evitar a toda costa.

La comisión de los socialistas

Quienes más se juegan en la comisión sobre el modelo territorial que debería, en seis meses, desembocar en la apertura de un debate sobre la reforma de la Constitución son los socialistas. No sólo porque la iniciativa partió de ellos, sino porque, aseguran, cuando se debatió la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Rajoy les dio su palabra de que ese debate iba a abrirse. Para curarse en salud, en el PP y en el Gobierno destacan que no es lo mismo que se abra un debate que el hecho de que este vaya a culminar con éxito. Y que hay otros temas, como las pensiones o el empleo, de mayor urgencia para los españoles que una reforma de la Constitución.

En este contexto, Pedro Sánchez se mostró convencido de que a partir de septiembre de 2018 se iniciarán los trabajos para una reforma constitucional en la Cámara Baja porque España "necesita forjar nuevos consensos" en los que se reconozcan los jóvenes que no votaron el texto de 1978.

Según señaló, en septiembre del año que viene habrá ya un ambiente casi de precampaña ante la cercanía de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del año 2019, algo que, a su juicio, empujará a Rajoy a permitir el inicio de ese debate porque le interesará demostrar que no está anclado en el inmovilismo, informa Europa Press.

Sí coincidió Sánchez con Rajoy a la hora de poner en valor el papel de la Constitución como herramienta para dar respuesta a la situación de Cataluña a través del artículo 155. Pero subrayó que ha de revisarse porque algunos derechos que incluye, como el derecho a la vivienda o a la sanidad, precisan de una mayor salvaguarda.

Sin modelo de financiación

Además, abogó por "actualizar" la Carta Magna para "dar seguridades" a los jóvenes y "eliminar conflictos". "En eso está el PSOE", dijo. También se mostró partidario de incorporar a la Carta Magna "los principios" de la financiación autonómica. Un debate, este último, también estancado si se tiene en cuenta que el propio Gobierno admite que no va a cumplir su compromiso de presentar un nuevo modelo de financiación este año.

Menos optimista que su jefe de filas respecto a los plazos se mostró la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La socialista dijo no ver "voluntad" de emprender una reforma de la Constitución ni en Podemos ni en el PP. En los primeros, porque "quieren cambiarlo todo" e "intentarán que esa reforma no sea posible", y en los conservadores porque Rajoy está "en su estado puro" y "no es un reformista convencido" ni está "dispuesto a poner toda la carne en el asador para dar a este país la reforma necesaria que garantice el modelo de convivencia en los próximos años".

No basta con una comisión parlamentaria

El PSOE y Podemos tampoco miran en la misma dirección. El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, recalcó este miércoles que el "diálogo de país" que debe abordarse para reformar la Constitución "no puede resolverse en comisiones". "Incumbe a toda la sociedad", aseveró.

A juicio de Iglesias, la reforma debe asentarse en tres ejes: modelo social, territorial y lucha contra la corrupción. "Estos son debates que tiene que tener el conjunto de nuestra patria. Se tiene que producir en España para construir un nuevo diálogo y nuevos acuerdos de país", señaló.

Mientras, desde Barcelona, el candidato de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) a las elecciones del 21D, Xavier Domènech, quiso hurgar en las diferencias con las que PP y PSOE ven la comisión sobre el modelo territorial.  "Le robó la cartera invistiéndolo [a Rajoy], y aplicando el 155: le dijo [a Sánchez] que a cambio reformaría a Constitución y luego dijo que sólo era hablar de eso. Y la cara que se les queda a Iceta y Sánchez... El PSOE sólo sirve para que le roben la cartera", consideró.

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Sin limitar el debate

También recela Albert Rivera de la comisión sobre el modelo territorial como vía para modificar la Constitución. Pero por motivos diferentes a los que exhibió el jefe de la formación morada. El líder de Ciudadanos cree que debería abordarse la reforma del Senado, la eliminación de los aforamientos políticos, la clarificación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, cambios en el sistema electoral y cuestiones relativas a la financiación autonómica. Y que estos asuntos deben tratarse cuando se hable de la reforma de la ley fundamental, y no limitar el debate al modelo territorial. 

Rivera, socio de investidura de Rajoy, coincide con la formación conservadora en que el debate de la reforma de la Constitución no puede servir para "hacer concesiones" a los separatistas.

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