Dos tesis enfrentadas: la confabulación política o los "cuatro golfos"

La jueza que impulsó la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, evidenció desde el inicio de su instrucción un convencimiento inamovible: el supuesto fraude no estaba restringido al aprovechamiento por parte de unos pocos avispados de los agujeros en el sistema de reparto de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, que adolecía de un grave déficit de control administrativo. En manos de Alaya el caso no era sólo el de los intrusos, trabajadores prejubilados por empresas en las que no habían trabajado, en ocasiones colocados por proximidad a responsables políticos o sindicales. Tampoco era sólo el caso de las sobrecomisiones, lo cobrado por las empresas intermediadoras presuntamente por encima del valor de mercado. No era un caso de conseguidores, acuerdos bajo mesa entre sindicalistas y empresarios, ayudas sin documentación justificativa... Era algo más. Era, a juicio de Alaya, el resultado de una maquinación política a gran escala, mantenida durante una década y cuyos máximos responsables ocuparon el despacho noble del Palacio de San Telmo durante 23 años: Manuel Chaves primero (1990-2009) y José Antonio Griñán después (2009-2013).

Esta tesis, a la que las defensas se refieren despectivamente como la "teoría de la conspiración", se opone a partir de este miércoles en el primer juicio del caso de los ERE a otra opuesta, la sostenida por el PSOE cuando explotó el caso y echó a rodar la idea de que el asunto era cosa "de cuatro golfos". Es decir, que ni Chaves, ni Griñán ni ninguno de los otros veinte ex altos cargos y ex altos funcionarios encausados conocieron ni fueron cómplices de los usos fraudulentos que terceros dieron al dinero público salido del conocido como "fondo de reptiles", dotado con 855 millones entre 2000 y 2011. Según esta segunda perspectiva, el caso de los ERE es algo que afectaría a Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo entre 1999 y 2008, al supuesto conseguidor Juan Lanzas y los próximos a los que utilizó –a tenor de la investigación judicial– para blanquear los ingresos por sus comisiones ilícitas, a los empresarios beneficiados por ayudas irregulares o insuficientemente justificadas, a los intrusos metidos con calzador en los listados de prejubilados por proximidad política, sindical o familiar... En fin, a unos pocos aprovechados, que en cualquier caso habrían actuado completamente al margen de directrices políticas llegadas de los altos despachos de la Administración, según la Junta de Andalucía, que pidió el archivo la pieza política del caso.

"No se ha acreditado que [Griñán] interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas", señala el expresidente en su escrito de defensa. En el suyo, Chaves también solicita su absolución porque, según asegura, desconoció "los procedimientos concretos" por los que se otorgaban las ayudas bajo investigación, que no entraban dentro de sus competencias como jefe del Ejecutivo andaluz. "Nadie le advirtió de ello y el Interventor tampoco consideró oportuno realizar el informe de actuación", preceptivo en caso de apreciar menoscabo de fondos públicos, señala Chaves en su escrito.

Ni la instrucción judicial de la pieza política, iniciada en 2011 por Alaya y rematada en 2016 por el juez Álvaro Martín, ni la Fiscalía acusan a Chaves, Griñán y al resto de encausados de llevarse dinero al bolsillo. Tampoco de favorecer expresamente a otros. Pero sí de actuar de tal forma que permitió que el mecanismo de reparto de fondos públicos, concretamente de ayudas sociolaborales, escapara de los controles internos de la Administración, lo cual permitió una malversación de caudales públicos que está aún por cuantificar (la Junta reclama por vía administrativa 135 millones de euros). En su escrito de acusación, la Fiscalía afirma que Griñán, como consejero de Economía de Chaves, tuvo “conocimiento de las deficiencias [del sistema de reparto] que se recogen en el informe adicional complementario de 2003” de la Intervención, así como de la "incertidumbre" expresada por los auditores de cuentas. Ni Griñán ni otros encausados "hicieron actuación alguna en el ejercicio de sus funciones" para reintegrar los fondos supuestamente defraudados, señala Anticorrupción. Mientras Chaves únicamente se expone a diez años de inhabilitación, Griñán se enfrenta a seis de prisión, al sumar el posible delito de malversación al de prevaricación. El motivo es que, según la Fiscalía, su conocimiento de fraude fue mayor, si bien el expresidente lo niega. "No se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda", señala su escrito de defensa.

Transferencias de financiación

Según la acusación de la Fiscalía, la responsabilidad de los expresidentes y de los exconsejeros Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo reside esencialmente en una supuesta inacción, mientras que a los que fueran jefes directos de Javier Guerrero como titulares de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, la Fiscalía les atribuye una relación más directa con las operaciones vinculdas al conocido como "fondo de reptiles". Esto explica que Viera y Fernández, al margen de esta pieza política, hayan sido investigados también en otras piezas del caso que se han ocupado de ayudas concretas. La Fiscalía afirma que Chaves y Griñán, como miembros del Consejo de Gobierno, "no tomaron [...] decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de transferencias de financiación del programa 31L", un mecanismo financiero que Anticorrupción considera que la Junta usó ilegalmente. Tanto Chaves como Griñán, continúa la Fiscalía, actuaron con "conocimiento de las irregularidades", no delitos, recogidas en los informes de la Intervención, y aprobaron modificaciones presupuestarias para incrementar las partidas de las que se nutría el fondo investigado.

El primero, según la Fiscalía, prevaricó, mientras que el segundo además malversó. Diversas defensas han intentado poner de relieve a lo largo de la instrucción que no tendría sentido que unos altos responsables políticos incurrieran en delitos para favorecer supuestamente a sindicalistas, políticos y empresarios con los que no tenían relación directa, y además sin percibir por ello ningún beneficio personal. ¿Qué vendría a ganar Griñán permitiendo que se metiera como intruso en el ERE de Mercasevilla un socialista y ugetista de Baeza (Jaén) que jamás había pisado la lonja sevillana?, sería la pregunta que resumiría este argumento. La instrucción ha ido dando una respuesta a esta línea de defensa, al integrar el supuesto fraude de los ERE en un ánimo de consolidación del poder por parte del PSOE. Alaya, tanto en la instrucción de los ERE como en la de los cursos de formación –frustrada en su parte política–, parte del convencimiento de que la Junta de Andalucía pretendía tejer una red de intereses y favores de carácter clientelar que consolidara su hegemonía como partido gobernante en Andalucía, donde nunca ha perdido el poder. Esto es lo que ha convertido este escándalo en uno de los de mayor dimensión política de la historia democrática española.

El caso de los ERE ha sido especialmente difícil de gestionar para el PSOE porque cada episodio de nepotismo, amiguismo o utilización partidista de las instituciones que se hacía público se ponía inmediatamente en relación con el mismo. El paraguas de idea de la red clientelar lo abarca potencialmente todo. No sólo la corrupción, también las malas prácticas. La instrucción de Alaya siempre dejó además negro sobre blanco que, según su visión, existía una "pirámide" y que la máxima responsabilidad estaría en su "cúspide", lo cual animaba las especulaciones sobre quién o quiénes estarían en dicha cúspide. Antes de ser imputado, Griñán asumió que él acabaría siendo colocado en esta cúspide. No se equivocó. Dimitió como presidente de la Junta en 2013, antes de que su caso fuera enviado al Supremo por ser aforado. Tanto Griñán como Chaves acabaron también dimitiendo en 2015 como senador y diputado, respectivamente, y dejando la militancia del PSOE, partido del que llegaron a ser presidentes.

"Fines o consecuencias"

El juez de refuerzo Álvaro Martín fue el que con más claridad acabó estableciendo, en el auto de cierre de la instrucción de mayo de 2016, la tesis de la gran maquinación política. Los encausados, escribió Martín, "concertaron sus actuaciones de un modo expreso o tácito" para la "implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado procedimiento específico" de reparto de las ayudas.

Martín no aclara si considera posible que todos ellos planificasen un procedimiento para saltarse la ley desde el Gobierno andaluz. Ni tampoco si las deficiencias en el sistema, que permitieron fraudes y enriquecimientos ilícitos a costa de fondos públicos –según la instrucción–, "fueron buscadas como fines, o asumidas como consecuencias". Es decir, no queda resuelto en la fase de instrucción si el sistema se creó para malversar dinero, o si se creó para ser opaco y la malversación simplemente ocurrió como consecuencia de ello, sin la participación deliberada de los acusados. Eso sí, Martín deja claro que "indiciariamente" hay elementos para pensar que la ilicitud y alcance malversador del sistema se conocían.

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"Paz social"

La Fiscalía, en su escrito de acusación, también alude a un elemento clave: la "paz social". A lo largo de la instrucción, tanto Alaya como el juez Álvaro Martín expusieron que la Junta de Andalucía pretendía, con su política de ayudas, evitar conflictos laborales que garantizasen que no hubiera protestas contra su gestión. Hay que recordar que el caso arranca en el ERE de Cárnicas Molina, a finales de 1999, que concluye con el pago de prejubilaciones, lo cual puso fin a las movilizaciones de los trabajadores y las protestas de los sindicatos. Así ocurrió en otros grandes procesos de cierre o recorte drástico de personal: Boliden, la Cuenca Minera de Huelva, Santana...

El escrito de Anticorrupción señala que, antes de empezar a utilizar el sistema puesto en entredicho por su opacidad, "los reparos de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo" a los intentos de aprobar varias ayudas, "dificultaron la pronta resolución de los conflictos sociolaborales del año 2000 que alteraban la paz social de la comunidad autónoma". Ése habría sido, según el fiscal, el punto de partida del procedimiento específico, lo cual conecta con una extendida crítica de la oposición al PSOE andaluz: la de que no luchó por el mantenimiento del empleo, o por la creación de tejido industrial, sino que se abandonó a la política de realizar fuertes desembolsos de dinero público para minimizar el impacto de los cierres y reestructuraciones, sin un plan de futuro.