La defensa de los caminos públicos o cómo evitar ponerle puertas al campo

"Como ocurre en el campo, nadie se entera". Juan Manuel Flores, que durante años ha liderado la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), habla de un problema "alarmante" que nunca acapara titulares de los periódicos impresos en la gran ciudad. La usurpación de los caminos públicos, los senderos y las vías en plena naturaleza que conectan pueblos o aldeas y dibujan trazados de auténtico disfrute para los senderistas, es el pan de cada día en el ámbito rural español y una práctica muy poco perseguida por la ley. De manera imperceptible para un observador ajeno pero muy descarada para los habitantes, caminos que siempre han estado ahí de repente se vallan por obra y gracia de un terrateniente o una empresa.  Se le están poniendo puertas al campo gracias a la inacción de unas autoridades a veces desbordadas por lo disperso de las actuaciones. 

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos está compuesta por decenas de pequeñas organizaciones que mantienen pequeñas luchas en pueblos a lo largo y ancho de toda la geografía. Tratan de darle dimensión nacional a usurpaciones difícilmente visibles por la fragmentación: una vía pecuaria intransitable en Extremadura, un camino cortado por un terrateniente en la Sierra de Grazalema, un conflicto en Asturias. Las veredas y los caminos por los que luchan han estado siempre ahí, aseguran, y han conectado municipios mucho antes de que llegaran los coches. Más allá de su valor como única vía de disfrutar el inmenso patrimonio natural de la Península.

Estos caminos públicos cuentan con una gran desventaja: sus responsables son los ayuntamientos, que para poder prohibir que se corten cuando alguien compra la finca por donde pasan tienen que tenerlos inventariados.  Y muchos entes municipales no han realizado este trabajo o está completo, por lo que la lucha se complica. "En los tribunales casi siempre nos dan la razón, pero son juicios costosos y lentos que duran siete u ocho años", lamenta Flores.

Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, fue detenido acusado de transportar cocaína en su furgoneta tras una marcha en defensa de los caminos públicos en la que él participó. Logró demostrar que había sido un montaje y ahora está inmerso en un proceso judicial que intentará aclarar quiénes fueron los responsables de la treta. Están imputados los responsables de la empresa propietaria de los terrenos por donde están trazados los caminos que Clavero y el resto de manifestantes quiere recuperar, Sociedad Breña del Agua Investements. Sobre la competencia municipal de las vías, lo tiene claro: "En muchos casos los terratenientes han usurpado todo y los ayuntamientos pequeños no se atreven a plantarles cara", asegura, en el caso de Andalucía, su ámbito de acción.

Las reivindicaciones de los que defienden los caminos públicos se dividen en dos: por un lado, los caminos responsabilidad de los ayuntamientos, y por otro las vías pecuarias: más protegidas por la ley y, por ello, más proclives a ser utilizadas como punta de lanza contra las instituciones. Son los caminos utilizados durante milenios para el tránsito ganadero, infraestructura fundamental para el desarrollo de la trashumancia: el pastoreo en continuo movimiento, que viaja de norte a sur y de sur a norte en busca de las mejores condiciones climáticas según la estación.  La Ley 3/1995 de Vías Pecuarias es contundente: "Son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalineables, imprescriptibles e inembargables".  Caminos de decenas de metros de ancho, con historia y tradición, perfectos para el turismo activo y para revitalizar el empleo en las zonas rurales. Y protegidos, en teoría, por una ley específica. Nada de eso evita que se limite el tránsito por ellos.

En el caso de Andalucía, como ejemplo, la región cuenta con 34.081 kilómetros de vías pecuarias. Tres cuartas partes están usurpadas, asegura Clavero. Y solo un tercio están deslindadas, es decir, que se han delimitado para poder inventariar y, en consecuencia, protegerlas. Para el ecologista es un problema de cantidad de trabajo: "Es tan enorme el número de kilómetros de vías y ha habido tanta avidez de competencias, que ahora las comunidades son incapaces de asumir su gestión. Deben garantizar que están en condiciones de hacer cumplir la ley".

El responsable de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, aseguró la semana pasada en declaraciones a Repor, un programa de RTVE, que estaban desarrollando "un plan de choque para recuperar ese suelo usurpado por la iniciativa privada", pero que el procedimiento es largo, como cualquiera mínimamente complejo en un Estado de Derecho. Se refiere Pérez al plazo de las actuaciones porque el modus operandi de los activistas por los caminos públicos suele ser de resultados inmediatos: las manifestaciones recorren los senderos y cortan o saltan las vallas o las puertas que se encuentran a su paso, lo que suele causar tensiones con la seguridad privada de las fincas, con la Guardia Civil o con los dos a la vez. "Los agentes se ponen al lado de los propietarios. Nos piden que enseñemos los papeles que acreditan que el camino es público. ¿Por qué no le piden a ellos que la finca pasa por ahí?", se pregunta Flores. "Antes, si cortábamos una cancela, a lo mejor nos arriesgábamos a una multa de 30 euros. Ahora, con la ley mordaza, nos pueden acusar de desacato a la autoridad, castigada con hasta 30.000 euros", lamenta.

Cambio de tendencia

"Hay un cambio de tendencia", afirma, esperanzado, el representante de Ecologistas en Acción. El viraje está representado en tres leyes autonómicas, ya aprobadas o en proceso: la Ley Agraria de Extremadura (de 2015), la Ley de Caminos Públicos de Baleares (aprobada por el Consell de Mallorca y a la espera de luz verde en el Parlament) y la ley de los caminos públicos planteada en Andalucía, aún en conversaciones entre la Junta y Podemos.

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"La ley de Extremadura es una de las mejores en cuanto a caminos públicos respecta", asegura Juan Manuel Flores. Regula qué es un camino público, declara que son "bienes de dominio y uso público", plantea un catálogo de cara a su protección en colaboración con los ayuntamientos y prohíbe expresamente el cierre de los mismos salvo circunstancias de fuerza mayor.

En Baleares, la norma ha despertado la ira del PP, que la calificó en noviembre de ataque a la propiedad privada. La Ley de Caminos Públicos lucha específicamente contra la usurpación espoleando a los ayuntamientos a crear el inventario que tanto se echa en falta en muchas zonas rurales. Además, en caso de que los propietarios pierdan un pleito por este motivo, los entes municipales deberán hacerse cargo de los gastos, y plantea expropiaciones.

En Andalucía, las conversaciones entre PSOE y Podemos parece que van por buen puerto. Se ha creado una comisión de trabajo en la que se contará, además, con Ecologistas en Acción y la PICP. Tendrá un objetivo principal, según la formación morada: acabar con la usurpación. "Podemos y PSOE tenía cada uno un proyecto de ley, pero se han puesto de acuerdo, afortunadamente", explica Clavero, que valora que la norma pueda imponer a los propietarios que cortan caminos sanciones graves. "Ahora se trata como obra ilegal y les ponen 50 euros de multa", lamenta.