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Operación Púnica

Villar Mir desmiente al cerebro de la trama 'Púnica' y niega pagos en b al Gobierno madrileño de Aguirre

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, a su llegada a la Audiencia Nacional.

infoLibre

El expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir ha rechazado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, haber pagado comisiones al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre a cambio de la adjudicación de unas obras de metro en 2004, tal y como apuntó en sede judicial el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza.

Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, el empresario, que comparece en calidad de investigado, ha precisado ante el magistrado instructor que igualmente no hubo donaciones en B al PPB ya que, mientras fue presidente de la compañía, hubo "tolerancia cero" con la corrupción.

El juez que investiga la trama Púnica le había citado junto con otras cuatro personas más —entre ellas el empresario Javier López Madrid— por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos dependientes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, dirigida en el momento de los hechos por Francisco Granados.

Al respecto el empresario se ha desvinculado del presunto pago de calificaciones de la sociedad Elsan, del Grupo Villar Mir, a Gravitum, propiedad esta última de Marjaliza. Igualmente ha negado haber pagado comisiones a su yerno Javier López Madrid para que se las diera al Ejecutivo madrileño que dirigía Esperanza Aguirre.

Reparto de 3,6 millones de euros

En su declaración en sede judicial el pasado 17 de enero, Marjaliza dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa del constructor de tres obras de Metro de Madrid en 2004. Se refirió al Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

El mismo día de su declaración, Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión SL. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital).

López Madrid, también llamado a declarar

Villar Mir ha sido el primero de los cinco citados en declarar y lo ha hecho por marco de una hora, tras lo cual ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional acompañado de sus letrados y sin hacer declaraciones a los medios que le aguardaban a su salida. El expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL) ha sido el segundo en comparecer.

Tras ello el juez ha hecho un receso y reanudará a las 15.30 horas los interrogatorios con Javier López Madrid, Jesús Miguel Trabada, exconsejero delegado de Mintra (empresa pública ya extinta) y Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, empresa esta última vinculada al presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza.

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 Diego de Egea les citó a todos ellos por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

OHL y su política cero con la corrupción

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Por su parte, desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que López Madrid tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos han sido ejecutados "con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".

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