La sociedad civil suspende a España en derechos humanos: estas son sus demandas y propuestas

España se ha sometido a examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el miércoles 21 y jueves 22 de marzo. Antes de conocer el dictamen definitivo, un total de 36 organizaciones de la sociedad civil –entre las que se encuentran CCOO, UGT, Women's Link Worldwide, SOS Racismo o la Federación de Planificación Familiar Estatal– emitieron su propio análisis de la situación en materia de derechos humanos. También la Plataforma DESC-España, formada por organizaciones sociales y sindicatos, ha alertado del grave deterioro de los derechos en España, especialmente desde el año 2012 y como consecuencia de las políticas públicas lanzadas por el Gobierno. La plataforma ha presentado en Ginebra su informe 2012-2016, apoyado por más de un centenar de organizaciones.

Marta Mendiola es responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional, que también ha elaborado su propio análisis. La activista se ha desplazado a Ginebra para representar a su organización ante la ONU y atiende telefónicamente a infoLibre para relatar el trabajo realizado y sus expectativas. Amnistía tuvo una reunión con miembros del comité que evalúa a España, explica, en la que denunciaron "medidas regresivas" que afectan principalmente al derecho a vivienda y salud. "En el ordenamiento jurídico español los derechos económicos, sociales y culturales gozan de menor protección y por tanto se encuentran más expuestos a las medidas de austeridad", denuncia Mendiola. Este hecho, asegura, tiene consecuencias sobre las personas en el sentido en que los "recursos legales para protegerse no son los adecuados".

La ley procesal española, es decir, la Ley de enjuiciamiento civil, "no habilita a los jueces para realizar un estudio de la razonabilidad y proporcionalidad de los desalojos teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de las personas", ni tiene en cuenta los efectos de los recortes sanitarios en los colectivos vulnerables. Tampoco, añade, "existe hoy por hoy una ley que exija que las empresas actúen con debida diligencia en materia de derechos humanos de forma jurídicamente vinculante".

La percepción de Mendiola tras asistir al examen realizado por el organismo internacional, es que existe una "preocupación por la desigual protección de los derechos humanos" y especialmente respecto a los derechos sociales, que se encuentran "muy desprotegidos".

Éstas son las principales demandas y recomendaciones que la sociedad civil dirige al Estado español.

  1 - blindaje legislativo

Las organizaciones expresan su preocupación por lo que perciben como retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Mencionan, como prueba de tal regresión, la reforma del artículo 135 de la Constitución y su invocación para "adoptar medidas regresivas frente a los derechos sociales o restringir las facultades de las comunidades autónomas para garantizarlos".

Ante este escenario, instan al Estado a adoptar medidas legislativas para garantizar los derechos de la ciudadanía y un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos. Sostienen, además, que el Estado debe ratificar la Carta Social Europea Revisada de 1996 junto al Protocolo que permite la presentación de reclamaciones colectivas como principal instrumento de protección de derechos sociales. Reclaman asimismo un acceso efectivo a la justicia y la disponibilidad de los recursos legales pertinentes.

  2 - equidad ECONÓMICA

La desigualdad económica es una de las principales cuestiones de mayor preocupación para las organizaciones sociales. Señalan la austeridad como responsable máxima del deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales, de la ampliación de las desigualdades y del aumento de la pobreza. En este sentido, recalcan que España es el país europeo "en el que más ha aumentado la desigualdad en la última década", según Oxfam Intermón, y de hecho "el tercer país más desigual de Europa", sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Señalan, en este sentido, no sólo un "debilitamiento de la clase media" sino también una "enorme" concentración de la riqueza frente al riesgo de pobreza para el 28% de la población en 2016.

España, además, tiene "la quinta tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea", según Eurostat, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. Entran en juego en este punto los recortes presupuestales producto de las políticas de austeridad, que "han sido mayores en las áreas que más impactan los derechos sociales", como las políticas de vivienda, protección frente al desempleo o cultura. Según el Consejo Económico y Social, "el ya de por sí escaso gasto por habitante en vivienda social ha disminuido prácticamente a la mitad en los años de crisis, mientras el gasto en familia e hijos por habitante, que fue uno de los primeros en verse reducidos en los primeros años de crisis, se mantiene también en niveles bajos". Por otro lado, los recortes en programas de gasto orientados a brindar servicios sociales a poblaciones de desventaja "han sido todavía más severos", siendo concretamente del 43% para las personas mayores, 40% en el caso de las personas con discapacidad, 37% en el presupuesto orientado a promover la igualdad de género, 36% en las prestaciones por desempleo y 17% en el dirigido a apoyar a las personas dependientes en términos reales entre 2011 y 2016.

Como recomendaciones, las organizaciones sociales proponen la puesta en marcha de "evaluaciones sistemáticas del posible impacto" que las medidas de "austeridad fiscal" puedan tener sobre los derechos de la ciudadanía. También llaman a abordar de forma urgente los niveles crecientes de desigualdad socioeconómica mediante "políticas redistributivas con perspectiva de derechos humanos" que incluyan un aumento del gasto social y el aumento del salario mínimo interprofesional. Las organizaciones creen además que el Estado debe "hacer un mayor esfuerzo para luchar contra la evasión fiscal" combatiendo el fraude de las grandes empresas y fortunas.

  3 - SALUD FÍSICA Y MENTAL

Las organizaciones concentran sus esfuerzos en denunciar, llegados a este punto, las consecuencias del Real Decreto ley 16/2012 sobre la vida y la salud de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Aluden al "abandono de la cobertura universal pública" y a la "clara regresión en el disfrute del derecho a la salud, fruto de la exclusión directa del sistema sanitario de la población migrante sin autorización de residencia". Incluso, denuncian las organizaciones, las personas inmigrantes con permisos de residencia "están siendo afectadas" porque quienes han formado parte de un proceso de reagrupación familiar "se encuentran en un verdadero laberinto legal y jurídico". Según la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, "se han documentado 72 personas en esta situación con cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis o necesidad de seguimiento de operaciones quirúrgicas". Además, los datos emitidos por el propio Gobierno "cifran en al menos 748.000 las tarjetas sanitarias retiradas tras la entrada en vigor" del real decreto.

Denuncian asimismo que en marzo de 2015 el Gobierno "anunció que las personas inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud", aunque sin recuperar la tarjeta. "Esta medida nunca llegó a concretarse más allá del anuncio inicial".

Por otro lado, las organizaciones denuncian que España es "uno de los países de la UE-15 con menores niveles de gasto público en salud como porcentaje del PIB", según Eurostat. De hecho, rematan, "los recortes fiscales han agravado las diferencias ya existentes en las prestaciones y la calidad de servicios de salud entre comunidades autónomas", de modo que aquellos territorios "con mayores niveles de vulnerabilidad social suelen destinar presupuesto per cápita a sanidad muy inferior a los demás", según analizó en junio de 2010 el Observatorio de Políticas de Salud.

Ante esta coyuntura, las organizaciones sostienen que el Estado "debe cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud" para todas las personas y, siguiendo esta dinámica, modificar el Real Decreto Ley 16/2012 por ser una medida "regresiva y discriminatoria". El Estado, entienden, debe elaborar un "análisis público de impacto que evalúe el efecto que esta medida ha tenido sobre la salud individual y colectiva de las personas". También debe terminar con el copago a las prestaciones asistenciales, "especialmente para aquellas personas de bajas rentas o enfermas crónicas". Finalmente, creen necesario garantizar una financiación "suficiente para la sanidad pública, recuperando los presupuestos previos a los recortes", es decir, del 6,7% sobre el PIB.

  4 - IGUALDAD DE GÉNERO

La desigualdad de género es una de las muestras más evidentes del deterioro de derechos que experimenta el país. Las organizaciones se centran especialmente en los derechos sexuales y reproductivos, y señalan que aunque "el Estado ha adoptado medidas dirigidas a garantizar" este tipo de derechos, "persisten serias fallas en su financiamiento e implementación". En este sentido, "la reforma sanitaria y la política de ahorro" han tenido efectos en el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente respecto a las mujeres de bajos ingresos.

La Ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva junto al Real decreto ley 16/2012 "han generado impedimentos burocráticos y temporales que han obligado a muchas mujeres a asistir a clínicas privadas para lograr la interrupción voluntaria del embarazo" lo que se suma a la objeción de conciencia del personal sanitario. "Sólo el 11,72% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la red sanitaria pública en 2015", según el Ministerio de Sanidad. También el copago farmacéutico, apuntan, "ha afectado al disfrute de los derechos sexuales y reproductivos" ya que "se ha reducido el número de anticonceptivos financiados" por la sanidad pública.

En cuanto a la violencia machista, el país "carece de una estrategia integral y de recursos suficientes" en una situación en la que, según la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer de 2015, el 10,3% de las mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia física, el 25,4% psicológica de control, el 21,9% emocional y el 8,1% sexual. La Ley contra la violencia de género, además, cuenta con una limitación clara: no aborda la violencia ejercida fuera del ámbito de la pareja o expareja, una realidad que "el Gobierno es incapaz de afrontar" y que además "provoca la exclusión de otros ámbitos, como la violencia ejercida por cuidadores, violencia policial, violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas". Tampoco hay una respuesta institucional, dicen, ante la violencia sexual, de modo que las víctimas no obtienen asistencia, protección, justicia y reparación.

Para poner soluciones al escenario descrito, las asociaciones creen que el Estado debe desarrollar un marco de actuación y protección integrado en relación a la salud sexual y reproductiva. Entienden fundamental evitar las situaciones de inequidad entre comunidades, trabajar desde la educación y la prevención, supervisar la objeción de conciencia de profesionales para que no se convierta en "una barrera para las mujeres" o ampliar la legislación a las violencias de género fuera del marco de la pareja o expareja con el fin de que dispongan de asistencia, protección, justicia y reparación. También subrayan la necesidad de financiar "de forma adecuada" los programas para enfrentar la violencia machista y promover la igualdad de género. Aspiran, finalmente, a que todas las políticas económicas y sociales tengan en cuenta "las diferentes consecuencias sobre los derechos de las mujeres y la igualdad".

  5 - empleo de calidad

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El derecho al trabajo y los derechos laborales son batalla permanente de los sindicatos. "España tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea", de forma que "seis de cada diez personas que entraron en paro en la última década residen en España". En este contexto, "la precariedad salarial ha aumentado y afecta desproporcionadamente a las mujeres". De hecho, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Ghesta), más de 8,1 millones de personas en 2015 sufrían precariedad salarial, el 47%. Por otro lado, y de nuevo según Ghesta, el salario anual de una persona de 26 años que accede al mercado laboral es hoy un 33% inferior al de hace una década.

En este contexto, denuncian, no sólo "el empleo vulnerable sigue en aumento" sino que además España tiene "de lejos, la brecha más alta en empleo vulnerable entre nacionales y extranjeros de toda la UE", tal y como muestra Eurostat.

Proponen, como solución para mejorar la situación actual, el planteamiento de reformas orientadas a promover un modelo económico sostenible, luchar contra la precariedad o mejorar la negociación colectiva. También sostienen que el Estado debe priorizar una recuperación económica basada en la promoción del "trabajo decente" y combatir "el abuso de la subcontratación, la temporalidad y la contratación a tiempo parcial". Plantean la aprobación de un plan específico de fomento del empleo juvenil desde una perspectiva de derechos humanos y, finalmente, una estrategia para cerrar las brechas de la inserción laboral y en los salarios entre hombres y mujeres, que incluya educación pública gratuita de cero a tres años o estrategias para la conciliación.