Entidades y ONG piden en el Congreso un grupo de seguimiento tras el "suspenso" de la ONU a España en derechos sociales

La Plataforma DESC España, de la que forman parte entidades sociales, organizaciones de Derechos Humanos y de cooperación al desarrollo, pidieron en el Congreso de los Diputados la creación de un grupo de seguimiento después de que el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU haya "suspendido a España en derechos sociales".

Al mismo tiempo, más de 30 organizaciones nacionales e internacionales –entre las que se encuentran Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADASP) el Center of Economic and Social Rights (CESR), SOS Racismo o Women's Link Worldwide (WLW)–, que también presentaron un informe paralelo al Comité de la ONU, recordaron a España que esta es su oportunidad para "mostrar su voluntad política" y "cumplir con sus obligaciones" para una recuperación económica "justa y sostenible".

El Estado deberá informar dentro de los próximos 18 meses sobre el avance realizado en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité sobre las medidas de austeridad, el derecho a la salud y los desahucios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a España, entre sus observaciones finales de su última sesión celebrada el pasado 29 de marzo de 2018 que evalúe la posibilidad de "dar por concluidas" las medidas de austeridad que puso en marcha con motivo de la crisis económica porque "afectan" a los grupos "más desfavorecidos y marginados".

En concreto, el Comité recomienda al país que realice una evaluación exhaustiva de los efectos de tales medidas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de mujeres, niños, personas con discapacidad, gitanos y romaníes, así como refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

Sobre la vivienda, la ONU señala que le preocupa que las medidas de austeridad adoptadas por España "han perjudicado el disfrute del derecho a una vivienda adecuada particularmente de personas y grupos más desfavorecidos y marginados" y recomienda al Gobierno que tome las medidas necesarias para frenar el "déficit de vivienda social".

En cuanto a los desahucios, insta al Estado a que se incorporen los principios de "razonabilidad y proporcionalidad", así como "las debidas garantías legales y procesales" para las personas afectadas, asegurando que estas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada.

Después de conocer las observaciones del Comité, las organizaciones firmantes de los informes informativos DESC ratifican dicho suspenso. "El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha vuelto a suspender a España en Derechos Humanos, y ha instado al Gobierno español a que adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos", subraya CCOO, que forma parte de la Plataforma DESC.

Migrantes en situación irregular

Entre las recomendaciones de la ONU, destacan que el Comité reclama al Gobierno de España que tome "las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna".

"Preocupa al Comité el efecto regresivo en cuanto al disfrute del derecho a la salud que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de 2012 sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que entre otros limita el acceso a servicios de salud a los migrantes en situación irregular", reza el documento de la ONU.

El Comité también se refiere al impacto negativo del RDL 16/2012 en el acceso de las mujeres migrantes a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia.

Salud sexual y reproductiva

De igual modo, pide a España que garantice en la práctica la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y adolescentes; que establezca un mecanismo apropiado para asegurar que en la práctica el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un obstáculo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y que elimine las disparidades en cuanto a la distribución de contraceptivos de emergencia.

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También aconseja al Estado que considere "eliminar el requisito de contar con el consentimiento del representante legal para que las adolescentes entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo", y que asegure que en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria se dé una formación sobre salud sexual y reproductiva integral y apropiada.

Entre las observaciones, también destaca el hecho de que a la ONU le preocupe la "desigualdad entre CCAA" y que pida "cerrar las brechas injustificadas" que impiden el disfrute de los derechos económicos y sociales.

El Comité recomienda asimismo a España una evaluación exhaustiva de su actual política de empleo y que aborde de manera efectiva las causas profundas del desempleo, la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres y el "abuso" del trabajo precario, incluyendo la alta incidencia de contrataciones temporales. También insta al Estado a adoptar medidas estrictas para combatir el fraude fiscal, en particular el cometido por empresas y las grandes fortunas.