Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales.

En una nota, Gestha destaca la colaboración de Falciani en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza, tras su detención ayer por la Policía Judicial en la antesala de un acto organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal al que asistió también el secretario general del sindicato, José María Mollinedo.

El sindicato cuestiona tanto la detención "como el lugar y las formas empleadas" por el Ministerio del Interior, con el "innecesario" traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida.

Además, recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.

En este sentido, lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e insta a blindar la protección "jurídica, profesional, económica, social y personal" de los confidentes para lograr una sociedad "más justa e igualitaria".

Por otra parte, los técnicos reprocharon en el acto a la Agencia Tributaria (AEAT) el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales, ya que, según se expuso en la jornada de ayer, iniciar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores "esquivan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que se hubieran podido cometer".

Asimismo, Gestha denunció que la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados sea que las inspecciones preliminares se asignan a un número muy reducido y "escogido" de funcionarios. La consecuencia directa de esta demora, advirtió, es la caída del número de denuncias por delito fiscal, que en 2016 -año en el que se publicaron los Papeles de Panamá-, se desplomaron más de un 33%, mientras que se tramitaron un 46% menos de expedientes por blanqueo que en 2015, coincidiendo, paradójicamente, con un aumento significativo de los casos de fraude.

Gestha también instó a cambiar el foco de la lupa de inspección, ya que actualmente el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja "muy poco margen de actuación" en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales.

En este sentido, los técnicos recuerdan que las empresas del Ibex-35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore. De hecho, entre el 30 y el 40% del dinero de los mayores patrimonios de nuestro país está camuflado, y en conjunto los españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales.

Los técnicos, que elaboraron su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países,offshore y otra lista gris de 100 paraísos, propuso etectar todas las guaridas fiscales y las que se creen en el futuro para que la presión internacional pueda terminar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios.

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También propusieron la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos; la fijación de unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas o el control por las Cortes de los resultados de la AEAT para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.

Igualmente, Gestha abogó por la equiparación del plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como la unificación de los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, y acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en guaridas fiscales.

Finalmente, Gestha animó al Gobierno a alcanzar acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de "banca privada" que, situadas en España, facilitan determinadas operaciones en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías.