El Parlament aprueba la ley para investir un president a distancia y el Gobierno tramita ya un recurso ante el TC

El Parlament de Cataluña aprobó este viernes la reforma de la Ley de la Presidencia impulsada por JxCat que busca poder investir a presidentes de la Generalitat a distancia, es decir, sin que el candidato esté en el pleno, informó Europa Press.

La norma tuvo al apoyo de los tres grupos independentistas: los 70 votos de JxCat, ERC y la CUP, mientras que suscitó el voto en contra del resto de formaciones del hemiciclo: lo 64 votos de Cs, PSC, comuns y el PP. Contra la ley pesa un dictamen en contra del Consell de Garanties Estatutàries, que es consultivo y por tanto no es de obligado cumplimiento.

JxCat impulsó en enero esta reforma para investir a Puigdemont a distancia, pero este viernes no aclaró si la piensa utilizar en los próximos días, ya que eso abriría un nuevo conflicto judicial con el Estado –el TC suspendió recientemente la candidatura a la Presidencia del expresident–.

El diputado de JxCat Albert Batet se limitó a defender la legitimidad de Puigdemont para volver a ser investido, pero sin fijar plazos: "La mayoría republicana no se rendirá. No nos rendiremos, el presidente Puigdemont no se rendirá".

Sí afirmó que la modificación aprobada no es "para una sola persona" como el expresidente Puigdemont, sino que puede servir para otros que tengan impedimentos para asistir a un pleno de investidura, como Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat), ambos en la cárcel.

Todos pendientes de Puigdemont

Este sábado Puigdemont reunirá al grupo de JxCat en Berlín y allí se espera que dé pistas sobre el futuro inmediato de la legislatura con una disyuntiva clave: si insiste en él como candidato, o si propone como alternativa a un diputado sin causas pendientes con la justicia.

Uno escenario que contempla JxCat es investir un candidato que no sea Puigdemont y luego usar esta ley en unos meses para intentar de nuevo la investidura del expresident, por lo que se aprobó una enmienda para reformar el reglamento del Parlament y adecuarlo a las investiduras a distancia.

Apoyos

El diputado de ERC Antoni Castellà defendió que la ley sirve para evidenciar que el Estado rechaza la victoria independentista de las elecciones, pero admitió de que puede que "no sirva para investir a nadie porque se la cargarán" por la vía judicial.

Maria Sirvent (CUP) exigió a JxCat y ERC que desobedezcan a los tribunales para materializar la investidura de Puigdemont y que solo cumplan "las normas emanadas de la cámara".

Críticas

La líder de Cs, Inés Arrimadas, criticó que el independentismo aprueba esta ley sabiendo que no podrá hacer que Puigdemont vuelva a ser presidente: "Esta ley no se va aplicar en ningún sitio excepto en la república imaginaria de Puigdemont".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lamentó que la mayoría soberanista desatienda la posición "unánime y muy contundente" del Consell de Garanties Estatutàries contra la norma y aseguró que una investidura así no conviene a Cataluña.

El líder de los comuns, Xavier Domènech, exigió a JxCat que admita de una vez por todas que Puigdemont "no es un candidato viable" para volver a ser presidente y aseguró que es mera propaganda del independentismo.

El secretario general del PP catalán y diputado, Santi Rodríguez, recordó que una ponencia política elaborada por ERC recientemente admite que la república catalana no existe y concluyó: "Ellos ya lo han aceptado, ahora solo falta que lo haga JxCat".

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El Ejecutivo anunció este jueves que ya tenía preparado un recurso y el Consejo de Ministros dio este viernes el paso formal de solicitar informe al órgano consultivo, un documento que el Gobierno está obligado a pedir antes de acudir al Constitucional.

Fuentes de Moncloa recordaron este jueves que el Tribunal Constitucional ya advirtió en su día a los responsables de la Cámara Autonómica de la obligación de respetar las resoluciones del alto tribunal.

Además, el Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat de Cataluña, ya falló la semana pasada que la norma vulnera la Constitución y el Estatut y consideró que no puede tramitarse por urgencia porque pretende modificar artículos sustanciales del Estatut.