De Prada pide su reingreso para que el Supremo no le cierre el paso hacia el Poder Judicial

José Ricardo de Prada, uno de los dos jueces de la Audiencia Nacional que rubricaron la sentencia de Gürtel que certifica la existencia de la caja B del PP, acaba de pedir su reingreso en el servicio activo para que el Tribunal Supremo no le cierre el paso hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde aspira a ser elegido vocal. Destinado desde abril en el Tribunal de La Haya encargado de revisar la sentencia del genocida serbio Radovan Karadzic, De Prada se ha visto forzado a anticipar su vuelta después de que el Supremo le colocase ante el dilema de solicitar su reincorporación inmediata al servicio activo o ver invalidada su candidatura. El magistrado pidió su reingreso el martes, y así lo ha podido verificar infoLibre. 

De Prada sostiene que el alto tribunal ha hecho una interpretación errónea del precepto legal que regula qué jueces pueden optar a un puesto en el órgano de gobierno de la judicatura y ha expresado su "disconformidad". La resolución que ha obligado al magistrado a presentar una renuncia anticipada a su estatus de servicios especiales lleva la firma de los tres miembros de la Junta Electoral que debe resolver los conflictos planteados durante los procesos de renovación del CGPJ. Los tres integrantes de la Junta son magistrados del Supremo, todos ellos adscritos al sector conservador.

Según el Supremo, y así consta en el acta del acuerdo, a la que ha tenido acceso este periódico, concurrir al proceso de elección de vocales del Poder Judicial por el denominado turno judicial –12 vocales, frente a los ocho del turno de juristas de reconocido prestigio– solo está al alcance de "quien se encuentre en el servicio activo". En efecto, el punto 1 del artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que "cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura".

Pero De Prada recalca que nada le impedía convertirse en aspirante pese a su situación de servicios especiales dado que ese mismo artículo establece lo siguiente en su apartado número 2: "El Juez o Magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido". Este periódico no ha podido averiguar por qué el Supremo solo invoca el primer punto del citado artículo ni si, como sostiene De Prada, debería haber aplicado aquí el segundo apartado.

Un acuerdo firmado por tres conservadores

Al frente de la Junta Electoral se sitúa el juez Ángel Calderón, presidente de la Sala de lo Militar y de quien el diario El País subrayó en 2011 su negativa sistemática a revisar las condenas a muerte del franquismo. Los otros dos componentes del órgano de arbitraje son Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal y senador del PP en la legislatura de 1996; y Jorge Rodríguez-Zapata, presidente de una sección de la Sala Tercera (la de lo contencioso) y que en 2010, durante su etapa como miembro del Constitucional, saltó al primer plano por emitir un voto particular contrario a la sentencia sobre el Estatuto catalán: contrario porque consideraba que la resolución se había quedado corta a la hora de podar la norma autonómica.

Pese a su "disconformidad", De Prada ha preferido solicitar su reingreso inmediato "para evitar cualquier situación interpretable que pudiera obstaculizar" su candidatura. Y lo hace "renunciando expresamente a la situación de servicios especiales en la carrera judicial que mantengo". Así lo refleja en el escrito elevado con fecha de 28 de agosto a la Junta Electoral, cuya resolución contraria a la candidatura del juez adelantó El Confidencial este miércoles.

El cambio en la situación de De Prada plantea algunas incógnitas. Por ejemplo, esta: la sentencia sobre Karadzic, uno de los casos más relevantes que asumió el tribunal internacional para la antigua Yugoslavia, está aún pendiente. ¿Podrá De Prada participar en su redacción? Algunos juristas opinan que sí. Otros lo ven difícil. 

El acuerdo de la Junta Electoral se conoció casi al mismo tiempo que la decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de incorporar a De Prada al nuevo consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal. Y ahí se localiza el segundo interrogante: el de si podrá mantenerse en ese órgano. Fuentes de Justicia aseguran a este periódico que el regreso de De Prada a la situación de servicio activo no le impediría legalmente seguir formando parte de ese órgano. "Otra cosa es que él mismo o la ministra no lo considerasen oportuno", añadió la fuente.

De talante abiertamente progresista y considerado uno de los grandes expertos españoles en justicia universal, el revés del Supremo no es el primero para Prada desde que la sentencia del caso Gürtel le colocó en primer plano: en junio, el mismo CGPJ al que ahora busca incorporarse le denegó su amparo después de que el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, le acusara de estar "en sintonía con el mundo proetarra".

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Previamente, y gracias al voto de calidad de su presidente, el conservador Carlos Lesmes, la comisión permanente del CGPJ le había apartado del tribunal de Gürtel para dos trámites posteriores a la emisión de la sentencia pero directamente ligados a ella: resolver qué condenados debían ingresar o no en prisión en espera de que el Supremo revise los recursos planteados; y resolver también sobre las "rectificaciones" pedidas por el PP y que finalmente la Audiencia tumbó de plano. 

Una vez reincorporado al servicio activo, De Prada opta a convertirse en uno de los nuevos vocales del Poder Judicial que deben relevar a los actuales una vez expire su mandato, lo que sucederá el próximo 4 de diciembre. Su elección depende en última instancia de que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si el acuerdo resultara imposible, la renovación del CGPJ quedaría bloqueada.