PSOE, PP y Cs garantizan el privilegio judicial de Juan Carlos I pese a que según el Gobierno ya no es inviolable

Inviolable de iure ante los tribunales por todo lo hecho como rey, Juan Carlos I es también inviolable de facto ante el Congreso de los Diputados. PP, PSOE y Ciudadanos, que ostentan la mayoría de la mesa de la cámara, evitaron este martes la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre las supuestas actividades ilegales del exmonarca que describe la que fue su pareja, la aristócrata y empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en unas grabaciones desveladas en julio. El rechazo a la comisión, impulsada por Unidos Podemos, supone una extensión al ámbito político del privilegio judicial del rey emérito, que está constitucionalmente libre de responsabilidad penal por sus actos como jefe del Estado, cargo que ostentó de 1975 a 2014.

Si dicha inviolabilidad judicial también afecta a los actos de Juan Carlos I posteriores a la abdicación, asunto relevante porque los manejos que detalla Corinna Corinna zu Sayn-Wittgenstein afectan también a su etapa como emérito, es asunto sujeto a discrepancias entre juristas. No obstante, el Gobierno ya hizo pública su posición al respecto. El 11 de julio, tras conocerse el contenido de las grabaciones a la aristócrata realizadas por el policía jubilado José Manuel Villarejo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó que el rey emérito "tiene aforamiento, no inviolabilidad". Delgado no fue desautorizada. Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, defendía en 2014 como diputado que acabar con la inviolabilidad del rey era "inexcusable", si bien el PSOE no incluyó este punto en su programa electoral de 2016.

La solicitud de comisión de investigación en el Congreso fue presentada el 23 de julio. Noventa diputados de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu firmaron el registro. La comisión tendría por objeto "investigar" y establecer las consecuencias "civiles, éticas y políticas" de las "presuntas irregularidades" de Juan Carlos I conocidas a raíz de las grabaciones a su excolaboradora. Más concretamente, se trataba de investigar la existencia de "redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos"; las "cuentas irregulares" del rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales; sus relaciones con el caso Nóos; las posibles extorsiones para proteger su figura; su participación en blanqueo de capitales u operaciones inmobiliarias "fraudulentas"; y la utilización de testaferros por parte de Juan Carlos I, entre ellos la propia Zu Sayn-Wittgenstein.

No habrá tal comisión, al menos con esta composición parlamentaria. La decisión adoptada por los tres miembros de la mesa del PP, los dos del PSOE y los dos de Cs, que suman siete de un total de nueve, refuerza el blindaje de Juan Carlos I y de la Casa Real. Este blindaje tiene un origen constitucional. No obstante, en ningún artículo de la Constitución o de ninguna ley está explicitado que el Congreso no pueda abrir una comisión de investigación que afecte a miembros de la Casa Real. ¿Qué dice la Constitución? El artículo clave es el 56.3, que establece: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Además el artículo 65.1 dice: "El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". El 66 dice que las Cortes Generales "controlan la acción del Gobierno", pero no dice nada de la Casa Real. No incluye su control entre las funciones del Congreso y el Senado, por tampoco la excluye.

El PSOE se aferra a una argumentación técnica para justificar su alineamiento con PP y Ciudadanos. "El PSOE nunca se pone en contra de los informes de los letrados del Congreso. Siempre acata. Y en este caso han dejado muy claro que [la comisión de investigación] sería inconstitucional porque iría en contra del artículo 56.3", señala el Grupo Socialista, que recuerda que en la mesa "no se vota, sino que hay un pronunciamiento", que en este caso ha sido mayoritariamente contrario a la apertura de la comisión. Ciudadanos justificó así su negativa a la comisión: "Había un informe de los letrados contrario, aludiendo a los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. Todos los grupos, PP, PSOE y Cs (excepto Podemos) han estado de acuerdo con el informe de los letrados. Por otro lado, compareció el máximo responsable del CNI en secretos oficiales para hablar de este asunto". infoLibre solicitó el informe aludido al Congreso, que no lo entregó porque es "trabajo interno". El PP no hizo, a requerimiento de este medio, ninguna aclaración sobre los motivos de su posicionamiento en contra de la comisión de investigación.

Privilegios resistentes

La aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia, que sobre el papel es de aplicación a la Casa Real, no ha supuesto su igualamiento con el resto de instituciones del Estado en cuanto a obligaciones de información. La Casa Real no ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Tras la abdicación de Juan Carlos I, el Congreso aprobó en junio de 2014 su aforamiento con los votos a favor del PP, que tenía mayoría absoluta, Foro Asturias y UPN. A raíz de dicho aforamiento, no podrá haber ninguna causa ni civil ni penal contra Juan Carlos I que no sea tramitada por el Tribunal Supremo. El Congreso ha vetado en dos décadas casi 200 preguntas con la coartada de la "inviolabilidad" del rey, como publicó infoLibre. De modo que el recurso al artículo 56.3 no es nuevo. Lo que sí han cambiado recientemente son las circunstancias, ya que las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein ponen sobre la pista de manera evidente posibles actos delictuosos cometidos por Juan Carlos I como jefe del Estado y tras su abdicación.

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Desde el desvelamiento de las grabaciones el Gobierno ha empleado diferentes argumentos para no opinar o restar importancia a las mismas. "No afectan al jefe del Estado, Felipe VI. Son grabaciones antiguas y ni las consideramos", afirmó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 13 de julio cuando le preguntaron sobre la creación de una comisión de investigación en el Congreso para analizar este asunto y pedir que comparezca ante ella el rey emérito. No obstante, por casos como los papeles de Panamá, el Football Leaks, los papeles del paraíso y la participación del fiscal Moix en una empresa panameña, casos también desvelados por informaciones periodísticas, Hacienda actuó de oficio y abrió investigaciones. PP, PSOE y Cs también unieron fuerzas antes del parón vacacional para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no compareciese en el Congreso para hablar del caso debido al carácter reservado de los datos tributarios de los contribuyentes.

Una interpretación extensiva

El catedrático de Derecho Penal Joan Carles Carbonell afirma que en la práctica se viene haciendo una "interpretación extensiva" de la inviolabilidad establecida en el artículo 56.3 de la Constitución. "Se ha interpretado que no hay responsabilidad civil, como por ejemplo con su posible paternidad, asunto que se cerró rápidamente. Ahora también se cierra a la actividad parlamentaria, en línea con ese principio monárquico de que el rey está por encima de todos los poderes del Estado, lo cual es difícilmente aceptable en el siglo XXI", señala Carbonell. A su juicio, esto parte de "una lectura muy literal" del 56.3, que ignora que, por el contexto en el que se inscribe, apunta a los actos políticos del rey, no a posibles responsabilidades legales. De hecho, el artículo 64 de la Constitución recoge que la responsabilidad de los actos del rey es de quienes los refrendan, que son el presidente y los ministros.