Cómo hacer realidad la transición energética sin provocar una sangría en el empleo ligado al carbón

Como en los años 30, en los 60 o 2012, aunque con diferencias, las cuencas mineras de España vuelven a la lucha. El motivo: la transición energética y los miedos que despierta. Aun sin haber anunciado ninguna medida concreta ni puesto en marcha ninguna ley, la llegada de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha levantado la suspicacia en el sector del carbón. Ribera llegó al cargo siendo firme defensora de la salida de este combustible, altamente contaminante en cuanto a cambio climático y calidad del aire. Y, lejos de retractarse, en sus primeras comparecencias dejó claro que no había cambiado de opinión y puso una fecha para el fin de las centrales que utilizan este alimento fósil: 2025.

Según Comisiones Obreras, 600 personas trabajan directamente en las centrales térmicas en Asturias, la comunidad autónoma históricamente más vinculada al carbón. Los puestos de trabajo indirectos se calculan en miles. 1800 personas cotizan en Asturias en el Régimen Especial de la Minería del Carbón en España –2300 en toda España–. El sindicato suma, en el cálculo del impacto, toda la industria que hace uso de una electricidad que, calculan, subirá de precio con la salida del combustible fósil, para cifrar en 60.000 los empleos puestos en duda con la transición energética.

A día de hoy no hay nadie con un mínimo de credibilidad que niegue que las energías renovables, limpias y con un impacto menor en su entorno –eólica y fotovoltaica como las más utilizadas– tienen que ser las predominantes en el futuro: no solo para generar electricidad, también en el mix energético en su totalidad. Las discrepancias empiezan cuando se discute qué papel tiene que tener el carbón en ese mix futuro. No hay división en el amplio espectro social de la acción climática, el ecologismo y la sostenibilidad: carbón fuera, cuanto antes, y sin matices. Sin centrales de carbón expulsando emisiones en territorio nacional y sin minas recibiendo subvenciones del Estado.

En esas posiciones está la ministra, Teresa Ribera. Sin embargo, desde el principado de Asturias, su presidente, Javier Fernández –del PSOE, el partido del Gobierno estatal–, abandera las dudas y las suspicacias.  El dirigente socialista se niega a un cierre "precipitado" de las centrales: otras organizaciones son más rotundas y pretenden que, a medio plazo, no se deje de tener en cuenta al carbón para la generación eléctrica. Ni ahora, ni en 2025. SOMA-Fitag-UGT, el principal sindicato minero de la región –cuyo exdirigente fue condenado esta semana por apropiarse de fondos de la organización destinados a la descarbonización– defiende un pacto de Estado por la energía que mantenga el uso de carbón, incluido el autóctono, en el mix energético.

Por una "transición justa"

Coinciden ambas partes en señalar la importancia de la "transición justa", es decir, la necesidad de que descarbonizar la economía no se lleve por delante miles de empleos y afecte a los sectores más desfavorecidos –y menos culpables de los problemas medioambientales–. Ribera no se cansa de repetir su importancia. Y Comisiones Obreras, en un informe hecho público en julio de este año, lo plantea como prioridad. Este sindicato no se cierra en banda al cierre ordenado de centrales térmicas, pero sí pone condiciones para defender a los trabajadores. CCOO solicita "definir y medir acertadamente" tanto el impacto directo como el indirecto de la transición energética hacia un futuro limpio. Que el análisis previo no se deje ningún sector afectado, para que ninguno se quede en el camino. "Si la transición energética no es justa habrá conflicto sin duda, porque tendría consecuencias dramáticas para Asturias. Defendemos un mix energético creíble y sostenible, en el que no sobre ninguna fuente y que dé estabilidad a los precios", aseguran desde CCOO Asturias, a pesar de que los últimos vaivenes en el mercado regulado de la electricidad tienen origen en el papel del carbón como fijador de los precios.

Por su parte, Jorge Aragón, el experto propuesto por el sindicato para el Comité que analizó la transición energética, justificó –entre otros motivos– su abstención en el informe final por la ausencia de detalles y concreción en el apartado de transición justa. "La propuesta sobre transición energética justa que se recoge en el informe, si bien aborda los elementos principales a considerar, el desarrollo de los mismos se limita a enunciados declarativos y escasamente concretos y propositivos, lo que debilita el dar cumplimiento a sus objetivos de fomento de la cohesión económica, social y territorial", considera. Aragón propone que las empresas que pretendan desmantelar centrales presenten antes un "plan dotado económicamente" para cubrir las actuaciones medioambientales necesarias y, además, un "plan industrial y social" que asegure que no van a producirse despidos.

Las suspicacias se justifican en parte porque aún no hay nada claro sobre la mesa. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética sigue sin llegar, y desde el Gobierno no hay ni una sola voz que explique cómo se va a producir el gran cambio más allá de eslóganes y promesas. Una vez más, para intentar anticipar las intenciones del Ejecutivo hay que acudir a su organismo de referencia: el Consejo Asesor para la Transición Ecológica para la Economía del PSOE.

Las autoras del apartado del informe del Capte titulado Empleo y justicia social como centro de la agenda para acelerar la transición ecológica en España son Laura Martín –ex presidenta de la Fundación Renovables– y Ana Belén Sánchez –ex responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas y experta en empleo verde–. Precisamente el documento presentado en mayo por la Fundación Alternativas presentaba un apartado de transición justa elaborado por las mismas expertas.

Ambos informes tienen muchas similitudes. Entre otras, son de lo poco escrito sobre transición energética y justicia social que bajan el debate de lo teórico a lo tangible y hacen propuestas concretas para que nadie, ningún sector, ningún trabajador, se quede atrás. La medida estrella que defienden las expertas es el establecimiento de "subastas de renovables con prioridad para proyectos con comarcas afectadas por la transición". Es decir, que cuando el Gobierno decida instalar nuevos megavatios de capacidad renovable, regiones como Asturias vayan primero: generando, así, nuevos empleos donde más se han perdido.

Martín y Sánchez, además, proponen la creación de un observatorio de empleo en transición que, a su vez, proponga "un mix de políticas macroeconómicas, industriales, sectoriales y laborales" para reorientar la economía y aprovechar las nuevas oportunidades que brinda un modelo sostenible. Al mismo tiempo, en zonas especialmente "vulnerables" como las comarcas mineras –o, en un sentido más amplio, el Levante español, siempre tan necesitado de agua–, se defiende el establecimiento de "comisiones de transición justa" que analicen las medidas a tomar, hagan seguimientos exhaustivos y garanticen que los planes estatales "siguen directrices justas". Todo ello precedido de un análisis de oportunidades, riesgos, debilidades y fortalezas completo, como piden los sindicatos.

En conversación con infoLibre, Ana Belén Sánchez pone como ejemplo los planes de transición energética de dos vecinos europeos: Alemania y Francia. En cuanto al país germano, la experta destaca la contundencia. Cerraron el grifo al completo y, a partir de ahí, se pusieron a hablar y a negociar. "Se necesita un objetivo claro y ambicioso, tanto en lo social como en lo ambiental. En el caso de Alemania fue el cese de la minería de carbón. A partir de esa decisión, que se entiende como irrevocable y que no está abierta a discusiones futuras, las comunidades afectadas, los gobiernos regionales y el Gobierno nacional se juntaron para hacer una estrategia de desarrollo alternativo", rememora. Las claves de esa estrategia de desarrollo alternativo no solo se quedaron en lo obvio, en los programas de desarrollo empresarial para recolocar a los extrabajadores del carbón –y que, explica Sánchez, no se limitaron a las renovables: también entraron sectores como el turismo o la cultura–. Un baluarte del plan fue la formación a los empleados para adaptarlos a otras tecnologías radicalmente distintas y otro proceder.

Al contrario de lo que podría parecer, el dinero no fue el principal problema: "Se utilizaron fondos  nacionales, regionales, locales y empresariales para hacer la transición", detalla. Sin embargo, en algunas regiones, los planes se tuvieron que rehacer, al hacerse evidente que las pequeñas y medianas empresas no contaban con el protagonismo suficiente. En Francia, por otro lado, han funcionado bien los llamados "contratos de transición justa" entre el Estado, los sindicatos, las empresas y las organizaciones de todo tipo de la sociedad civil. Las experiencias exitosas, en resumen, son las que contaron con una planificación exhaustiva y la participación de todos los sectores, sin dejar de lado la ambición.

El debate y la confrontación llegan a Madrid

La necesidad de una transición energética justa –y los palos en las ruedas que se ponen a los objetivos climáticos en nombre de dicha justicia– llegaron al Congreso el pasado martes. El representante de Foro Asturias en la Cámara Baja, Isidro Martínez Oblanca, llevó al pleno una proposición no de ley con el objetivo que asegurar la participación del carbón en el mix energético futuro. Martínez acusó al Gobierno de plantear el futuro del sector consultando "los manuales ecologistas más rancios" y reprochó al Ejecutivo que pretenda "pintar de color verde la política energética" –como si fuera un reproche–.

La proposición no de ley fue aprobada en la mayoría de sus puntos. El primero, por unanimidad, que llama a tener en cuenta "los intereses generales de España" y la "garantía de suministro" en el proceso de transición. El segundo y el tercero salieron adelante con la sorprendente abstención del PSOE. El segundo llama a fijar "la participación equilibrada del papel del carbón" en el futuro mix y el tercero insta a dotar de recursos en los Presupuestos Generales del Estado a las centrales térmicas para que reduzcan sus emisiones. El cuarto y último fue rechazado por todas las fuerzas salvo Foro y el PP, y pretendía que el cierre de las instalaciones de generación contaminante de electricidad tengan que pasar por el visto bueno del Gobierno: una medida que ya propuso el PP vía proposición de ley y que fue rechazada por el resto de fuerzas.

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Aunque solo se trate de intenciones, ya que las proposiciones no de ley no son vinculantes, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), infatigable defensor del fin del carbón, considera peligroso que se haya aprobado el texto. Y, sobre todo, el tercero de esos puntos. "Las subvenciones al carbón son contrarias a los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país para proteger la salud y el medio ambiente (...) Esto es inaceptable teniendo en cuenta que las emisiones de NOx, SO2 y partículas de las centrales térmicas son responsables de más de 700 muertes cada año en España", explican desde la organización. Eso sin contar el impacto en materia de cambio climático.

El Iidma explica que, en realidad, esas subvenciones nunca han dejado de existir. La Comisión Europea investiga si España incumplió las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea al otorgar, desde 2007, 440 millones de euros en ayudas a las centrales. El club comunitario establece un límite ineludible para el país: la Directiva de Emisiones Industriales, en vigor desde enero de 2016, que plantea un límite para la contaminación de, entre otras instalaciones, las térmicas. La propia norma fijó excepciones a las que se acogieron 17 de las 19 centrales de carbón españolas, y una de ellas, que plantea un periodo de transición para que las plantas se adapten a los límites de óxidos de nitrógeno, CO2 y partículas en suspensión termina en julio de 2020.

Hay otro frente abierto, más allá del protagonizado por las instalaciones de generación de electricidad: el de la minería de carbón. La nueva Mesa del Carbón, compuesta por los sindicatos del sector –CCOO y SOMA-Fitag-UGT– y el Gobierno de Sánchez, ha estado esta semana reuniéndose para consensuar un nuevo plan que sustituya al marco de actuación vigente, que caduca en 2018. El Ejecutivo socialista es mucho más reticente que el anterior a la hora de seguir ayudando a la extracción de este recurso, por lo que la batalla será dura. Este jueves se celebró, por ahora, el último encuentro, y ambas partes se han emplazado a una nueva cita a principios de octubre. Los sindicatos no son, por ahora, pesimistas, pero critican la "indefinición", por el momento, del Gobierno, que solo les ha ofrecido –a su juicio– promesas vagas. Está por ver si, finalmente, accede a seguir manteniendo un sector que lleva años en la cuerda floja o, siguiendo el ejemplo de Alemania, rompe con todo para empezar de cero.