Garzón urge una reforma legal para salvar los casos de justicia universal en España

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBG) ha celebrado este lunes en la sede de la Universidad Carlos III de Madrid de Puerta de Toledo la jornada El caso Pinochet y la Jurisdicción Universal, 20 años después. El ahora presidente de FIBG y entonces juez de la Audiencia Nacional firmó la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de hace dos décadas.

En esta jornada académica, compartieron mesa la titular del Departamento Legal de la UC3M, Carmen Lamarca; el presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE), Hernán Hormazábal; la directora de FIBG, María Garzón; y Marcia Tambutti Allende, de la Fundación Salvador Allende, quien destacó la necesaria presión internacional a la hora de actuar sobre los delitos de lesa humanidad.

“A mí me tocó estar allí en ese momento y tomar la decisión”, recordó el exjuez, que aseguró que “a día de hoy, no nos encontramos en el mejor escenario para el avance de la jurisdicción universal”, para ello “todos debemos seguir trabajando… porque esta es la esperanza de las víctimas, y ellas son las que verdaderamente importan”. Bajo el título El caso Pinochet: todo cambió en octubre, la mesa comenzó profundizando en los casos de Argentina y Chile como “hitos de la jurisdicción universal”, que Carmen Lamarca, el abogado Joan Garcés y el periodista Ernesto Ekaizer analizaron desde el punto de vista del tratamiento que le dieron entonces los medios de comunicación, hasta la detención de Pinochet.

Derechos humanos

El experto en Derechos Humanos y Jurisdicción Universal Manuel Ollé enumeró otra serie de hitos que forman parte de la historia reciente, donde “las víctimas comenzaron a ganar la batalla jurídica” y los titulares de los medios aplaudían su funcionamiento como un “brindis al sol”. Por otra parte, criticó los dobles filos de la justicia al haberse visto en situaciones de desprotección durante esos “años de trabajo, de riesgos y de miedo”, diferenciando que el principio de jurisdicción universal era “aplaudido por todos, políticos y Estados” para luchar contra el narcotráfico, excepto cuando “la criminalidad venía de los propios Estados” y por tanto se utilizaba para combatir la impunidad.

Guatemala, los vuelos de la CIA, la matanza de jesuitas… imposibles de abordar jurídicamente sin la cooperación internacional, rememoró: “Con cada caso aprendíamos y sentábamos jurisprudencia”. 

Para explicar el “peregrinaje procesal”, Baltasar Garzón se remontó veintidós años antes de la detención de Augusto Pinochet: “Todo comenzó en marzo de 1996”, pues fue “la denuncia de la Asociación Progresista de Fiscales respecto a los crímenes de la dictadura argentina la que dio el pistoletazo de salida”. Aunque se mostró convencido de que “gracias al esfuerzo común llegamos al día de hoy”, insistió en que “no corren buenos tiempos, pero tenemos que cambiar esa inercia y, desde la sociedad civil, conseguir el impulso en el avance de la Jurisdicción Universal”.

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Víctimas de los casos de Jurisdicción Universal

María Garzón, directora de FIBG, expuso “la lucha de las víctimas de crímenes internacionales por la Justicia” apoyada por la participación de varias víctimas que describieron cómo fueron cada uno de sus procesos y expresaron de qué forma el trabajo de la jurisdicción universal visibiliza sus historias.

María Bueno, víctima de niños desaparecidos; Florentina Rodríguez, nieta de una desaparecida en la Guerra Civil Española; Thubten Wangchen, exiliado del Tíbet tras la invasión china y parlamentario en el exilio; Óscar Soto, exiliado chileno y médico de Salvador Allende; y David Couso, el hermano de José Couso, asesinado por el Ejército americano en 2003, quien manifestó, en nombre de todos, su agradecimiento por haber dado voz a “los olvidados que iniciamos un trámite judicial sin saber lo que vamos a hacer”, buscando tener repercusión para “que se luche por la memoria y por la Justicia y, para ello, es indispensable avanzar en materia de Jurisdicción Universal”.