El PP sostiene que su reforma de competencias educativas no precisa cambios en los Estatutos ni la Constitución

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, está haciendo frente en los últimos días a una de sus primeras crisis internas a cuenta del anuncio, el pasado fin de semana, de una proposición de ley "para que las competencias educativas sean de ámbito nacional". Con el paso de los días, al ser consciente del malestar en sectores del PP, el jefe de los conservadores se ha visto obligado a ir modulando y matizando su discurso inicial. "En ningún momento he dicho que vamos a abrir en canal la Constitución para suprimir el Estado de las autonomías", dijo este miércoles en un acto organizado por La Voz de Cádiz.

Fuentes del PP consultadas por infoLibre destacan que para la iniciativa concreta en la que están trabajando no hará falta una reforma constitucional. Tampoco una reforma de los Estatutos de autonomía.

Desde 1994 todos los Estatutos tienen estipulado que el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de educación es una competencia de titularidad autonómica. Pero en el PP defienden que el Estado "tiene instrumentos que permiten la vertebración del sistema educativo y el desarrollo de sus competencias" sin necesidad de tocar ni Carta Magna ni Estatutos.

"Casado nunca ha ocultado que es partidario de fortalecer el Estado y esto se puede hacer vía ley orgánica", defiende un dirigente nacional. 

Con sus declaraciones en Cádiz, Casado intentaba contestar a Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, el primero que se ha atrevido a expresar en público lo que otros barones de partido trasladaban en privado. "Yo soy perro viejo. Llevo 27 años en la política autonómica y, aunque me tenga que ir con cierta desazón, no seré yo quien predique en mi formación política la recentralización de España", dijo tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. "Soy profundamente partidario del modelo autonómico", añadió haciendo una defensa cerrada del modelo constitucional.

Casado ha escogido la campaña de las elecciones andaluzas para hacer el anuncio, un momento en el que los conservadores miran por el retrovisor a Vox, formación ultraderechista con la que pelea por un sector del electorado y que aboga por la supresión del Estado autonómico. A menos de una semana para la cita electoral, los conservadores confían en que Ciudadanos no les supere. Los últimos datos que manejan apuntan a que el partido de Santiago Abascal, exmilitante del PP, entraría en el Parlamento andaluz con tres o cuatro escaños.

La posición "coherente" de Herrera

Casado huyó del enfrentamiento con un presidente autonómico como Juan Vicente Herrera, que está de salida porque no volverá a concurrir a las autonómicas. De hecho, dijo que veía "coherente" su posición. Precisó que la esencia de su propuesta es "obligar a las autonomías a hacer bien su trabajo, algo que no está haciendo el Gobierno socialista cuando algunas comunidades no lo están haciendo bien". No citó a Cataluña, pero los conservadores han sido muy críticas con el supuesto "adoctrinamiento" en las aulas catalanas. 

"A lo largo de estos años, por la vía de los hechos, las comunidades han legislado sobre determinadas materias y algunos gobiernos de estas regiones lo han hecho desde la máxima lealtad institucional y otros no lo han hecho", añaden fuentes del partido.

Los conservadores tienen previsto concretar esta iniciativa en la convención que celebrarán en Madrid en enero, una cita prevista inicialmente para el próximo fin de semana y que tuvieron que aplazar por la convocatoria electoral en Andalucía. Pero ya han avanzado algunas de sus intenciones. "Se trata de fortalecer unas enseñanzas comunes

, estableciendo una prueba de ámbito nacional que garantice un sistema homologado o vertebrado", explican en el partido. También hablan del refuerzo de las competencias de la alta inspección y de una especie de examen MIR –el que realizan los médicos– para los docentes.

En estos momentos, el PP está trabajando en la iniciativa comprometida por Casado teniendo en cuenta la jurisprudencia en materia de competencias. Los conservadores presentarán una enmienda a la totalidad, es decir una propuesta alternativa, a la ley educativa de los socialistas cuando inicie su trámite en el Congreso de los Diputados. ¿Encajarían en este momento los cambios que Casado pretende implementar? "Perfectamente", defienden en el partido. No obstante, no descartan otras vías.

La postura de las otras comunidades gobernadas por el PP

El líder del PP aseguró que ha hablado de este asunto con los cinco presidentes autonómicos del PP: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Ángel Garrido (Madrid), Fernando López Miras (Murcia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y Herrera (Castilla y León), el único que ha mostrado en público su preocupación.

En la Xunta de Galicia, gobernada por mayoría absoluta por el PP, mantienen que la propuesta de Casado no implica "ninguna novedad". Fuentes del Gobierno regional aseguran que el PP sigue "donde ha estado siempre", "en la defensa de la Constitución y de los Estatutos de autonomía".

Las mismas fuentes subrayan que la educación "es una competencia del Estado transferida a las comunidades y eso significa que cada administración debe cumplir con su deber". "El Gobierno central garantizando que los alumnos reciban una educación igualitaria, homogénea y accesible con independencia de donde vivan, y las comunidades garantizando la gestión con atención a sus particularidades y con lealtad a la normativa básica estatal", añaden.

En la comunidad gobernada por Feijóo mantienen que tanto en las competencias del Estado como en las de las comunidades aún caben muchas mejoras. "Ese debería ser el objetivo de un pacto estatal por la educación, en el que estaba trabajando el Gobierno de Mariano Rajoy y que el Gobierno de Pedro Sánchez fulminó", sentencian.

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Fuentes de la Consejería de Educación de Murcia señalan a infoLibre que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, "fue el primero en apostar por esta opción el 18 de septiembre" . "Fernando López-Miras mostró al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su disposición a abordar la devolución al Estado de competencias en materia educativa si con ello se asegura que se acaba con el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña y se consigue garantizar una educación objetiva, independiente e igual para todos los españoles", subrayan.

"Si el sistema actual es incapaz de asegurar que no haya adoctrinamiento en las aulas de algunas comunidades, y de controlar los contenidos y los criterios en las aulas de toda España, yo seré el primer presidente de una comunidad que esté dispuesto a sentarse para entablar una reflexión profunda sobre la devolución de determinadas competencias al Estado", dijo el presidente murciano a Sánchez en aquella cita.

En la Consejería de Educación de La Rioja rechazaron hacer declaraciones sobre esta cuestión. Este diario intentó, sin éxito, una valoración del departamento de Educación de la Comunidad de Madrid. En una entrevista a El Español el pasado septiembre, el presidente regional, Ángel Garrido, fue preguntado sobre la propuesta de Casado de "recentralizar" estas competencias. Consideró que lo que pretendía Casado era "evitar las deslealtades que se están cometiendo, sobre todo por parte de la Generalitat de Cataluña".