Los economistas defienden las medidas sociales del Gobierno pero las consideran un riesgo en plena desaceleración

Las grandes medidas sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha o está a punto de implementar —la subida del salario mínimo, el incremento salarial para los funcionarios y el aumento de las pensiones— no sólo supondrán un carga presupuestaria el año que viene del orden de los 9.000 millones de euros sino que, según todos los economistas consultados por infoLibre, supondrán en términos generales ventajas para la economía española en términos de consumo y creación de empleo. Las amenazas, sostienen los especialistas, vienen de un ciclo económico en plena desaceleración y de una contexto internacional marcado por la inestabilidad.

Juan Laborda, especializado en Economía Financiera, sostiene que las medidas del Gobierno van a tener un impacto económico “neutro o en algún caso positivo”, porque “generan renta y ayudan a mantener la demanda efectiva”, que en su opinión sigue siendo el motor de la economía, “y el ciclo económico”.

Laborda cita un estudio reciente del Banco Central Europeo (BCE), según el cual “el único factor” que explica el movimiento de los ciclos económicos es la demanda, para señalar el criterio erróneo del Banco de España. “Todos los modelos que maneja” esta institución “para hacer sus estimaciones no valen ni para papel de fumar. Se basan en falsedades que no están verificadas por la evidencia de los datos”.

Otra cosa es el futuro, reconoce, porque “estamos en un contexto de desaceleración, de aversión al riesgo y de un BCE que dicen que no va a comprar deuda. Si tienes que emitir deuda en una contexto en el que los mercados financieros están en un periodo de más aversión, puedes tener complicaciones”. Aunque no como resultado de las medidas del Gobierno, insiste, “sino del hecho de que el BCE no va comprar deuda”. En su opinión, “se debería haber aprovechado un escenario de recesión como el que teníamos anteriormente” para subir las pensiones, el salario mínimo y los sueldos de los funcionarios. Medidas todas ellas “que tiene un un doble impacto: por un lado repartir, en un mundo muy desigual, y por el otro generar renta y mantener el ciclo económico“.

“Se tenía que haber hecho antes y se hizo lo contrario: lo que se hizo fue devaluar salarios”. Las reformas laborales de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, en vez de mejorar la productividad y generar empleo, sólo han servido para aumentar los márgenes, para hacer “un reparto de la tarta a favor del empresario y no del trabajador. Lo demás son milongas”, concluye.

José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá, también está preocupado por las consecuencias de que el BCE vaya a dejar de comprar deuda. Sobre todo si no hay presupuestos, porque calcula que las medidas del Gobierno elevarán el déficit al 2,8%, aproximadamente, cerca de las cifras de este año y muy por encima de los compromisos adquiridos con Bruselas.

“Si lo mercados se lo toman bien y no hay aumento de la prima de riesgo, evidentemente un aumento de gasto aumenta el PIB y el empleo. Favorece a las familias y aumenta el consumo”. El problema, señala, es que el año que viene ya no estará el BCE para comprar deuda. Así que, “lo mas probable es que veamos un tipo de interés de la deuda pública mayor”. Y “si hay tensión y aumenta mucho la prima de riesgo”, las medidas del Gobierno “te hacen más vulnerable”. Hay inestabilidad política en Europa y en Estados Unidos y “un episodio de inestabilidad financiera” es un riesgo para un país como España, “con un alto endeudamiento y que el año que viene tiene que emitir 220.000 millones de deuda pública”.

Díez recuerda que cada punto de interés mayor al actual por el pago de la deuda representa “2.000 millones más de gasto público”, lo que equivale a “dos décimas de déficit”. Y eso supone àra las empresas “menos inversión y menos empleo”. “Ese es el juego”, resume: “Si no hay lío en la prima de riesgo, aumenta el consumo. Si aumenta, puede haber riesgo de recesión”.

Y la previsión de tormenta es tan creíble que no le permite ser optimista. “Tenemos que ser conscientes de que las medidas del Gobierno —que en lo que se refiere a las pensiones y al sueldo de los funcionarios tienen un amplísimo apoyo, porque en términos generales también las respaldan PP y Cs—, aún siendo “buenas para los españoles, no le gustan a os inversiones que nos van a financiar los bonos”.

¿Cómo evitar el riesgo? La receta es vieja, recuerda Díez. Cuando vas a tomar una medida estructural de este tipo, tienes que tener previsto nuevos “ingresos estructurales”. El problema surge cuando no tienes la seguridad de que los vas a poder sacar adelante en el Parlamento, como ocurre, en su opinión, con el impuesto al diésel. ”Las medidas son buenas, pero ¿quién las va a pagar? Las estamos tomando a crédito: Pedro Sánchez ha firmado un cheque; la duda es si es cheque tiene fondos”. Y no los sabremos hasta que el año que viene emitamos deuda y conozcamos la respuesta de los mercados.

Javier Santacruz, economista especializado en macroeconometría y finanzas, coincide con sus dos colegas en que “todo lo que es una subida de salarios, y más en el corto plazo, siempre se tiene que interpretar como un estímulo al consumo”, porque “es na mejora de la renta disponible”.

Y también como ellos ve problemas a “medio y largo plazo”. De hecho, él se atreve a poner fecha a la próxima recesión: el tercer o el cuarto trimestre de 2020. Santacruz admite que un aumento de ingresos en un colectivo tan amplio como son 2,5 millones de empleados públicos y 11 millones de pensionistas tendrá una repercusión en el consumo, pero “a la altura que estamos del ciclo económico, ya en la fase de descenso y acercándonos al crecimiento cero, los dos años ‘buenos’ que nos quedan, entre comillas, más que estimular el consumo se tratará de mantenerlo”.

Este economista cree, igual que Laborda, que estas medidas se debieron tomar antes. “Si lo hubiésemos hecho en 2012 o 2013 la variable que más nos tenia que importar era el consumo, para estimular la economía”. Pero “a día de hoy lo más importante es mantener los niveles de inversión” para que “con más ahorro” permitan “que el empleo siga creciendo y eso haga que el nivel de salarios aumente”.

Nubarrones a la vista

Santacruz observa además nubarrones derivados de cada una de las tres medidas del Gobierno, La subida de las pensiones se va a tener que pagar todos los años “sin que se haya producido un incremento equivalente de los ingresos” que hacen falta para poder pagarlas. Y en la Seguridad Social, recuerda, “estamos hablando de un sistema que ya arroja un déficit cercano a los 20.000 millones de euros”.

Es verdad, admite, que a corto plazo puede ayudar la subida de salarios de entre el 2 y el 3% que se aplicará el año que viene como consecuencia de los convenios colectivos que se están firmando. “Pero eso sólo hará que las cotizaciones suban y el problema” es que su efecto positivo no se mantiene en el tiempo. ”El incremento de ingresos es transitorio y el de gastos es permanente”, resume.

En el caso de los sueldos de los empleados públicos, razona, el problema no es tanto la subida como el reequilibrio al que están obligando decisiones como la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con las retribuciones de las policías autonómicas. Hay un efecto imitación que ya esta provocando demandas similares por parte de otros colectivos, como el de los funcionarios de prisiones, advierte. La subida era necesaria, “el problema es que se extienda”.

En cuanto al salario mínimo, Santacruz observa “un objetivo que es bueno: mejorar los salarios mas bajos”. Porque “tener una base salarial con bajo poder adquisitivo en un problema de primera magnitud”. No obstante, añade, el problema es que tiene efecto sobre los trabajos peor cualificados y eso puede incentivar que haya menos contratos impulsar la economía sumergida o trasladar trabajadores del régimen general al de autónomos.

En su opinión, en términos de crecimiento lo que más nos debe importar “es que la próxima crisis”, la que él mismo asegura llegará en la segunda mitad de 2020, “sea más corta y menos intensa que la anterior”. Y para eso “lo que tenemos que hacer es incrementar los niveles de ahorro y de inversión”. El consumo, explica, “al fin y al cabo es una variable muy estable a lo largo del tiempo; tiende acrecer poco a poco porque la gente quiere mantener su nivel de vida”. Y “mantenerlo necesita que a largo plazo los niveles de inversión y de ahorro sigan creciendo para evitar endeudarnos”.

La revalorización de las pensiones, que previsible aprobará el Gobierno el próximo viernes, combinada con otras medidas con una clara orientación social como la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros o el incremento del salario de los funcionarios persigue, según el Gobierno, “fomentar y reforzar el Estado de Bienestar y redistribuir los beneficios del crecimiento económico”.

La subida salarial de los empleados públicos supondrá, por sí sola, un incremento de gasto el año que viene de unos 3.600 millones de euros. La revalorización de las pensiones, aproximadamente otros 5.300 millones, según cálculos del Banco de España. Y el salario mínimo de los empleados públicos en torno a unos 300 millones más.

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La única forma de hacer frente a este gasto sin incumplir los compromisos con Bruselas es implementar los nuevos impuestos en los que trabajo el Gobierno (uno sobre Transacciones Financieras con el que aspira a conseguir 850 millones pagar el sistema público de pensiones y un gravamen sobre determinados servicios digitales gracias al cual el Ejecutivo espera recaudar otros 1.200 millones) y poner en marcha medidas dirigidas a obtener ingresos adicionales de la lucha contra el fraude (Hacienda cree que puede agregar a la caja por esta vía 828 millones más). 

A estas cifras habría que sumar un aumento de 2 y 4 puntos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros, respectivamente, de cuatro puntos a las rentas del capital que superen los 140.000 euros (328 millones adicionales de recaudación según las previsiones del Gobierno), un tipo mínimo para el impuesto de sociedades en empresas que facturen más de 10 millones (1.516 millones más), un incremento del Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaran bienes superiores a 10 millones de euros (otros 339 millones) y un aumento de la fiscalidad del gasóleo (lo que permitiría ingresar hasta 670 millones).

De llevarse a cabo, y siempre según los cálculos del Ejecutivo, el total del conjunto de medidas tributarias y de lucha contra el fraude elevarían la recaudación pública en 5.678 millones de euros. En teoría más que suficiente para cubrir el grueso de las medidas sociales que se pondrán en marcha a partir del 1 de enero.