El futuro de la Corte Penal Internacional está en el aire

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha entrado en una zona de fuertes turbulencias. Tras ser muy criticada, ahora es su futuro el que está en juego. Numerosos actores y Estados miembros consideran que, cuando menos, precisa una reforma profunda, a riesgo de que quede desacreditada definitivamente.

Dos décadas después de la aprobación del Estatuto de Roma, que permitió la creación de un órgano judicial internacional permanente e independiente, 17 años después de su nacimiento efectivo, el historial de la CPI puede resumirse en una sola palabra: catastrófico. Y con ella, la idea misma de la Justicia internacional se ve amenazada, para desesperación de víctimas y de las principales asociaciones de derechos humanos.

La absolución del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, tras tres años de juicios y ocho de detención, y del ministro de su confianza Charles Blé-Goudé es sin duda un fiasco demasiado grande para la institución de La Haya. Porque Laurent Gbagbo fue el primer ex jefe de Estado procesado. Porque este caso es un compendio de todas las acusaciones que se pueden dirigir a la Corte: instrumentalización política aceptada por el exfiscal general Luis Moreno Ocampo; manipulación llevada a cabo por otro país, en este caso Francia; falta de cooperación por parte de Costa de Marfil; debilidad o incluso incompetencia de la Fiscalía encargada de la investigación y de la acusación; retrasos inverosímiles.

El caso abierto por crímenes de lesa humanidad se vino abajo durante las audiencias. Última afrenta a la Fiscalía: los jueces consideraron que ni siquiera necesitaban escuchar a la defensa y a sus testigos para pronunciar estas dos absoluciones, el 15 de enero. El vacío de la acusación fue considerado suficiente, algo inédito en la historia de la Corte...

La fiscal general Fatou Bensouda, en funciones desde 2012, ha anunciado su intención de apelar. También conseguía, tras 24 horas de batalla procesal, que continúen detenidos los dos hombres hasta por lo menos el 1 de febrero, fecha en que se debatirá la apelación para su liberación. Pero este juicio es una derrota en la campaña abierta de la Fiscalía. Y algo más: el pasado mes de junio, otro acusado, el exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba, quedaba absuelto, tras apelar una condena en primera instancia de 18 años de prisión.

Víctimas abandonadas

Por lo tanto, no habrá Justicia ni reparación para los miles de víctimas civiles (y decenas de miles de familiares de éstas) de la guerra civil que asoló Costa de Marfil entre diciembre de 2010 y abril de 2011. “La absolución de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé será vista como una profunda decepción por las víctimas de la violencia postelectoral en Costa de Marfil”, ha manifestado Marie-Evelyne Petrus-Barry, responsable de Amnistía Internacional. “Estas absoluciones demuestran que los derechos de la defensa son respetados en la CPI, pero al mismo tiempo son una noticia desastrosa para las víctimas, que se ven abandonadas”, apuntó Pierre Adjoumani Kouamé, presidente de la Liga Marfileña de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Varios informes estiman que casi 3.500 personas fueron asesinadas. Los hombres fueron quemados vivos; las mujeres, violadas. Más de la mitad fueron víctimas de las fuerzas y milicias que apoyaban a Laurent Gbagbo. Los otros fueron asesinados a manos de varios grupos armados, pero también por las milicias de Alassane Ouattara, cuya elección como presidente del país fue impugnada por su oponente Gbagbo. Las fuerzas de Ouattara son responsables en concreto de la masacre de 800 personas en Duékoué, en marzo de 2011.

Hasta la fecha, nadie ha sido condenado. El único juicio en Costa de Marfil fue el que se siguió contra la esposa del expresidente Simone Gbagbo, absuelta en marzo de 2017 tras una audiencia irregular. En La Haya, tras su derrota del 15 de enero, la fiscal general insistió en “añadir que [sus] investigaciones prosiguen en Costa de Marfil”. La CPI, acusada de ser el instrumento de la “Justicia de los vencedores”, porque sólo perseguía al bando de Gbagbo, decidió hace unos años abrir una investigación sobre los crímenes cometidos por los grupos defensores de Ouattara. No tiene ninguna posibilidad de éxito, ya que Alassane Ouattara declaró en 2015 que no se enviaría a nadie a La Haya.

El pasado mes de agosto, el presidente de Costa de Marfil, con el pretexto de la “reconciliación nacional”, fue un paso más allá en aras de la impunidad general. Decidió conceder amnistía a 800 personas implicadas en los actos de violencia de 2010-2011, varias de las cuales fueron procesadas ante los tribunales de Costa de Marfil. Esta decisión fue muy criticada por 11 asociaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas. “Entre la amnistía firmada por Ouattara y las absoluciones de Gbagbo y Blé Goudé, existe el riesgo de impunidad total. Dejamos a 3.000 víctimas y sus familias sin acceso a la Justicia”, denunciaba Drissa Traoré, responsable de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

20 años, 1.500 millones de euros gastados, tres condenas

El fiasco del caso de Costa de Marfil pesará mucho (aunque se prevé un recurso de apelación) en la joven historia de la CPI. Este caso ya estaba en la mente de todos los que participaron en la reunión anual de los “Estados Partes” el pasado mes de diciembre. Este órgano de supervisión de la CPI reúne a representantes de los 123 Estados signatarios del Estatuto de Roma y a algunos delegados de la Coalition para la CPI, que reagrupa a 2.500 ONG.

Esta asamblea, en la que habitualmente hay consenso, manifestó en esta ocasión sus inquietudes, críticas y advertencias. En primer lugar, el balance judicial: en 17 años, sólo se han dictado tres sentencias contra milicianos congoleños y malienses. En segundo lugar, las reparaciones a las víctimas: hasta la fecha, no se ha pagado ninguna indemnización a las víctimas a pesar de la creación de un fondo sólidamente dotado. Escasa cooperación de los Estados miembro: la propia CPI no dispone de medios para investigar, por lo que debe basarse en la geometría variable del sistema judicial de los países concernidos.

La lista podría continuar: 15 órdenes de detención pendientes; burocracia intrusiva; retrasos anormalmente largos; procedimientos de nombramiento opacos; jueces muy bien pagados (15.000 euros netos) pero que se declaran en huelga para pedir mejoras; casos que hasta ahora sólo afectaban al continente africano; la incapacidad de hacer frente a dramas y crímenes de guerra a gran escala (Irak, Yemen, Siria...).

El representante británico fue el más duro. “Es importante expresar claramente nuestras preocupaciones”, dijo. “Algunas investigaciones tienen la misma edad que la Corte. Esta situación no es sostenible [...] No podemos ocultar nuestras caras y decir que todo está bien cuando no lo está. Tras veinte años y 1.500 millones de euros de gasto, sólo se han dictado tres sentencias condenatorias. Ha llegado el momento de que los Estados examinen a fondo el funcionamiento de la Corte”.

Y este representante no dudó en formular en voz alta y clara la pregunta “de buen gobierno y profesionalismo”. Esto se debe a la serie de investigaciones publicadas por Mediapart (socio editorial de infoLibre) en octubre de 2017. Desvelamos conflictos de intereses, las compañías offshore del fiscal Ocampooffshore, su diplomacia de espectáculos, disturbios de maniobras políticas, etc. Estas investigaciones obligaron a la CPI a abrir una investigación interna. “La preocupación me está ganando”, dijo entonces la fiscal Fatou Bensouda.

Eso fue hace 15 meses, pero nada ha avanzado desde entonces. “Instamos a la fiscal a que proceda rápidamente a una investigación completa y transparente y a que informe ampliamente a la Asamblea”, advirtió el representante británico.

En un tono más refinado, los principales países se hicieron más o menos eco de estas críticas. “Esperamos que la Corte dé ejemplo en todos los aspectos”, dijo el representante de Francia, al pedir “una mejora en la calidad del trabajo judicial, una justicia más rápida y eficaz” y una mayor atención a las víctimas.

De hecho, cada “Estado Parte” firmante del Estatuto de Roma está tomando medidas de cara al próximo año. En 2020 se nombrará un nuevo fiscal general. Fatou Bensouda, exasistenta del desastroso fiscal Ocampo y desde 2012 fiscal general, parece empezar mal de cara a un nuevo mandato de ocho años. Sin embargo, este es el puesto estratégico de la CPI.

La coalición de ONG, en recomendaciones dirigidas a la asamblea anual, insiste en la “necesaria integridad de los procedimientos de elección y nombramiento”. Sobre todo, aboga por el nombramiento del futuro fiscal general, “una función que afecta a todo el funcionamiento de la institución”, que debe ser preparada con suficiente antelación por un comité especializado. “Necesitamos nuevos procedimientos de investigación, evaluación y recomendación”, insiste.

Este futuro nombramiento parece ser una última oportunidad para la Corte Penal Internacional. ¿Será marginada, destinada a juzgar a los secundarios? ¿O llegará a recuperar su legitimidad? La respuesta está en el tejado de los Estados Partes y de su determinación o no a la hora de reanimar a esta Justicia internacional. Desde su creación, la CPI ha estado bajo el fuego cruzado de Estados Unidos, Rusia, China, Israel y Arabia Saudí, que le niegan toda legitimidad y luchan contra el Estatuto de Roma. El estado del mundo y el ataque de estos Estados a cualquier multilateralismo dejan pocas oportunidades para el Tribunal de La Haya. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Los crímenes de lesa humanidad y el increíble doble juego del fiscal de la Corte Penal Internacional

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