Las españolas víctimas de violencia machista en el extranjero se enfrentan a un escenario incierto entre dos legislaciones

En el año 2015, más de una década después del impulso de la Ley Contra la Violencia de Género, el Gobierno decidió dar un paso adelante en la defensa de un tipo de víctima de violencia muy concreta: las españolas que residen fuera de las fronteras estatales. El Ejecutivo firmó entonces el primer protocolo para la atención de las víctimas de violencia machista en el exterior. Este martes, cuatro años después de su rúbrica, el Senado ha dado luz verde a una moción registrada por Unidos Podemos para trabajar sobre su actualización y mejorar los mecanismos que lo rigen.

La moción de la formación morada, defendida por la senadora de En Comú Podem Sara Vilà, ha salido adelante por unanimidad y con cuatro enmiendas del PSOE y una del PDeCAT. Su objetivo, además de actualizar el protocolo de 2015, consiste en mejorar el apoyo y la atención a las mujeres, los menores y los familiares de las víctimas de violencia de género en el extranjero. El coste de la propuesta que plantea Unidos Podemos, según los cálculos realizados por el grupo, se elevaría a 12 millones de euros.

La moción impulsada este martes se abre con una cita del mismo protocolo, donde quedan expuestas las razones por las que este tipo de víctimas merecen un tratamiento específico. "Las mujeres españolas residentes en el extranjero que sufren violencia de género y en su caso, sus hijas e hijos, constituyen un colectivo con características particulares que las hace más vulnerables a la violencia que sufren", indica. Los motivos que hacen de la suya una situación especialmente delicada tienen que ver con el "desconocimiento de la realidad del país, los posibles obstáculos lingüísticos, o la falta de una red social y familiar propia", circunstancias que agravan la "ya difícil situación de estas mujeres".

Aunque el primer protocolo data de 2015, Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, recuerda que su equipo ya comenzó a elaborar un primer borrador a finales de 2010 y el texto definitivo a mediados de 2011, "prácticamente idéntico y sin ninguna modificación en lo sustancial", que finalmente no llegó a ser aprobado por la convocatoria de elecciones ese mismo año. En conversación con este diario, Lorente explica que la situación de las víctimas españolas residentes en el extranjero es especialmente grave y por eso lo ideal sería un protocolo unificado que tuviera efectos en todos los países. "Por eso se ha trabajado desde la Unión Europea sobre elementos comunes" y de hecho cuando una mujer sufre violencia en otro país recibe todos los recursos de los que en aquel lugar dispongan. No obstante, apunta, "el caos legislativo es total, porque cuando estás viviendo en otro país estás sometido a la legislación de ese país", que es lo que ha ocurrido, recuerda, con Juana Rivas, cuyo caso se articuló en base a los parámetros de Italia, "con una legislación que nada tiene que ver con la nuestra" y por tanto con toda una serie de "inconvenientes".

  Registro oficial y ayudas

El protocolo puesto en marcha en el año 2015 tiene como finalidad "promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", además de "prevenir y abordar situaciones de violencia de género ejercidas contra mujeres españolas que se hallen fuera del territorio nacional". El texto también plantea desarrollar medidas dirigidas a "facilitar la protección y el retorno de las españolas residentes en el exterior", así como sus hijos, "víctimas de situaciones de violencia de género cuando la situación lo requiera".

Sin embargo, más allá de los propósitos generales que esboza, las medidas concretas planteadas por el protocolo son prácticamente inexistentes. "Sí es verdad que hay un protocolo, pero es más un protocolo de coordinación entre ministerios. Cuando lo lees en profundidad, te das cuenta de que no hay ninguna medida concreta que hagan frente a la violencia de género en el extranjero", sostiene Sara Vilà en declaraciones a infoLibre.

El punto de partida de abordaje del problema, considera el grupo confederal, se sitúa en la información. A día de hoy no existe un recuento de las víctimas fuera de las fronteras estatales, y de hecho las mujeres españolas asesinadas en el extranjero no forman parte de las estadísticas oficiales. Por eso la senadora reclama, en primer lugar, la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para el registro y la contabilización de las españolas que denuncian ser víctimas de malos tratos y de aquellas que han sido asesinadas.

"Es difícil porque no todas denuncian", reconoce Vilà, pero lo cierto es que "ni siquiera aquellas que piden ayuda a los servicios consulares pasan a los registros". Es fundamental, en ese contexto, trabajar sobre "algún tipo de campaña" a través de los consulados para que las mujeres denuncien y "a partir de ahí se pueda empezar a actuar". El Ministerio de Asuntos Exteriores, según dicta la moción de Unidos Podemos, sí "ha dado una cifra de quince mujeres atendidas por violencia de género y repatriadas, algunas con sus hijos, desde el año 2015 sin contar 2018, pero no se sabe cuántas en global han sido víctimas de violencia y cuántas han sido asesinadas".

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y recopilados por Europa Press, en 2015 se destinaron 3.152 euros para la atención y repatriación de las víctimas, cifra que ascendió a 6.133 un año después y a 15.427 en el último año, 2017, con información al respecto.

Para comenzar a trabajar, resulta clave "hacer un estudio de las que hayan dado aviso en los consulados", al margen de la denuncia formal, que "se tiene que hacer ante las autoridades del país de acogida", explica Vilà, "pero el consulado tiene que estar informado". A partir de ahí urge trabajar sobre el acompañamiento, "siempre que la víctima quiera", y asesorarla sobre los recursos de los que dispone. Que la mujer conozca "cómo está el país, cómo funciona, con qué problemáticas se puede encontrar", reflexiona la senadora. El principal problema en ese sentido es que a día de hoy prácticamente no existen "psicólogos, asesoramiento legal formal o ayudas económicas", de manera que las víctimas dependen de lo avanzada que se encuentre la legislación del país en que residen.

Y ahí surge otro de los principales problemas: las asimetrías entre territorios pueden ser abismales. "Cuando hablamos de países donde el Estado de derecho es muy precario, si es que existe, o con jurisdicciones muy machistas, difícilmente van a encontrar asesoramiento", lamenta Vilà. En la moción, el grupo indica que "se ha comprobado que en la práctica este protocolo es confuso, cuando no de poca utilidad, tanto para la División de Emergencias Consulares como para los distintos Consulados y Embajadas, puesto que la casuística y jurisdicción de los países de acogida de las mujeres pueden ser muy dispares".

El acceso a ayudas es otra de las columnas que sostienen petición de Unidos Podemos. En su moción, el grupo exige establecer los mecanismos necesarios para que "las familias de mujeres e hijos asesinados por violencia de género obtengan las mismas ayudas que los familiares de las víctimas asesinadas en suelo español". Sara Vilà explica que, según el Ministerio de Igualdad, "para acceder a ayudas, las víctimas de violencia de género tienen que denunciar en España", de manera que las residentes en el exterior asumen el riesgo de caer en una situación de desprotección.

El caso de Farah Mohamed

Entre las cinco medidas que plantea la moción se encuentra la de establecer un registro de mujeres que "viven contra su voluntad en las casas de sus maridos porque no pueden salir del país de acogida con sus hijos". La medida viene motivada por un caso concreto, el de la española Farah Mohamed. El pasado mes de enero, esta joven dio a conocer a las autoridades españolas que su hijo de tres años se encontraba en El Cairo retenido por su padre, de nacionalidad egipcia.

A finales de mes, la Embajada de España en Egipto comenzó a trabajar para dar una "rápida respuesta" al caso de la española, que todavía se encontraba en el país. Según informó entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fiscalía egipcia emitió una orden de atribución de la custodia del niño a favor de su madre. El ministerio decía estar pendiente de que la orden se ejecutara por parte de las autoridades del país, "en el marco de su propio ordenamiento jurídico y procedimiento judicial".

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La mujer, procedente de Lleida, había viajado al país para formalizar un proceso de separación. "Farah no es residente en el exterior pero sufrió malos tratos en la casa del marido", además de "amenazas de muerte si trataba de llevarse al niño", relata el grupo de Unidos Podemos en la propia moción. Según explica Sara Vilà, en la actualidad Farah Mohamed está pendiente de celebrar la vista con el juez para levantar la prohibición del menor para viajar, que de momento se ha aplazado. Aunque ha intentado alcanzar un acuerdo con su expareja y llegar a una custodia compartida, el varón, sostiene la senadora, mantiene su negativa. "El problema es que no es un Estado de derecho, así que por mucho que haya sentencias favorables, no se cumplen", lamenta.

Sara Vilà se ha implicado personalmente en el caso –después de conocerló viajó durante una semana al país y se reunió con las autoridades– y precisamente es a raíz de esa implicación que ha experimentado en primera persona las carencias en esta materia. "Es verdad que la Embajada actuó de emergencia sacándola de esa casa, porque ella lo pidió, pero no tenía ningún tipo de protección", sostiene Vilà. La senadora reconoce que las autoridades "actuaron de buena fe", pero lo cierto es que su capacidad de actuación era limitada: "Unos días de alojamiento para hacer el papeleo y una repatriación inmediata", sin tener en cuenta que en este caso existía una segunda víctima, su hijo, y que la mujer "no iba a abandonar el país sin él".

Para la senadora, la experiencia de Farah Mohamed ha supuesto un "aprendizaje puro, porque la Embajada no tenía ni idea de cómo actuar en este tipo de casos", lo que unido al relevo habitual de cónsules y embajadores, supone que "no quede ese bagaje" entre el personal. Por ese motivo, concluye, un protocolo general resulta estrictamente necesario para proteger a las víctimas en el extranjero.