Bruselas afea a España el aumento de los trabajadores pobres y la ineficacia de sus ayudas sociales

Bruselas vuelve a poner el dedo en la herida de la tasa récord de empleo temporal en España, el 26,9% en diciembre de 2018 –la más alta de la UE–, al tiempo que le saca los colores por situarse también a la cabeza en número de trabajadores pobres y contar con uno de los sistemas de ayudas sociales más ineficaces del continente. En su último informe sobre España, que incluye un examen de sus principales desequilibrios macroeconómicos, la Comisión Europea detalla los fallos que esconde la recuperación del PIB.

Así, ha bajado el desempleo hasta el 14,5%, destaca, pero éste aún sigue muy por encima de la tasa anterior a la crisis –8,2%– y de la media de la UE –6,6%–. Y la rebaja ha venido acompañada de un nuevo fenómeno, lo que los expertos denominan holgura del mercado laboral: a los desempleados hay que sumar los subempleados con contratos a tiempo parcial involuntarios –el 61,1%, frente a sólo el 26,4% de media en el resto de Europa–, los desanimados que han dejado de buscar empleo y aquéllos que no consiguen trabajar los 12 meses del año. En España la tasa de este subempleo o empleo precario se eleva al 24,5%, 10 puntos por encima de la tasa de paro oficial.

A estas cifras debe añadirse la corta duración de los contratos temporales –el 32,6% son de menos de seis meses y el 17,3%, de menos de uno– y otra anomalía: sólo el 14,6% de quienes firman un contrato temporal consiguen luego uno indefinido, cuando en la UE la media es de un 24%. Además, subraya Bruselas, el abuso de este tipo de contratos se extiende a todos los sectores productivos, incluso a los que apenas tienen una actividad cíclica o de temporada. Y al sector público, donde la temporalidad se eleva al 25,9%.

Con este paisaje laboral y la congelación de los salarios nominalescongelación de los salarios nominales durante los últimos años, la consecuencia es que España también sufre uno de los índices de pobreza laboral más altos de Europa. Según el informe, los trabajadores con ingresos por debajo del 60% del ingreso mediano –7.379 euros al año– representan el 13,1%, que asciende hasta el 23,1% si se considera sólo a quienes tienen un contrato temporal, al 21,4% entre los trabajadores de baja cualificación, al 27,8% entre los padres solos, y al 34,2% para los emigrantes no comunitarios. Es más, la tasa ha crecido 2,3 puntos porcentuales desde 2012, destaca Bruselas.

De forma que “la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, aun cuando los ciudadanos con ingresos bajos consiguen un empleo”, advierte el informe. En España, los ingresos del 20% más rico de la población multiplican por 6,6 los del 20% más pobre, una de las ratios más altas de la UE. Y no ha mejorado desde 2016.

Un sistema de subsidios con poca cobertura y mal orientado

Es aquí donde el análisis de la Comisión Europea es más duro con España. La desigualdad de ingresos antes de impuestos y transferencias sociales, incluyendo las pensiones, continúa siendo una de las más elevadas de la UE y si se ha reducido, 2,7 puntos entre 2014 y 2017, se debe únicamente a la caída del desempleo. Después, la capacidad del sistema español de ayudas sociales para reducir la pobreza, subraya Bruselas, resulta ser de las más bajas de toda la Unión Europea, especialmente de la pobreza infantil.

Mientras las transferencias sociales, sin contar las pensiones, recortan el riesgo de pobreza en Europa de media un 32,4%, en España el efecto se sitúa en el 23,9%, 8,5 puntos porcentuales por debajo. Una cifra que no ha dejado de caer desde 2013, cuando el impacto ascendía al 32%. En el caso de la pobreza infantil, sólo la remedia en un 17,7%, nada menos que 20,4 puntos menos que la media europea. “Lo que refleja la baja cobertura e idoneidad de los sistemas de garantía de ingresos y subsidios familiares” españoles, concluye Bruselas. También en este punto España se queda como uno de los farolillos rojos de la UE: en 2016 era uno de los países donde menos trabajadores pobres percibían subsidios sociales, 15 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Por ejemplo, el riesgo de pobreza infantil alcanzaba el 31,3% en 2017, pero se elevaba por encima del 40% para hijos de inmigrantes o de padres solos. Una vez más, no basta con tener un empleo para estar al borde de la exclusión social: incluso cuando los padres trabajan, el riesgo de pobreza infantil es del 12,5% en España, mientras que la media europea se queda en el 8,3%. Y ese porcentaje tampoco ha dejado de crecer desde 2013, pese a la recuperación económica. Una de las causas, según Bruselas, estriba en la mala orientación del gasto social destinado a las familias con niños. En 2016 el gasto público español en este tipo de subsidios representaba el 1,3% del PIB, la mitad que la media europea. Mientras en la UE los poderes públicos se gastan de media 690 euros por habitante en ayudas familiares, en España sólo 336.

Otra prueba de la ineficacia del sistema público en este campo es que sólo perciben ayudas vinculadas a la renta el 16,4% de los menores de 17 años, lo que supone que únicamente reciben asistencia pública la mitad de los que están en riesgo de pobreza. Pero la UE aún aporta un dato adicional: el 25,7% de los hogares con niños en riesgo de privación tienen dificultades para pagar los costes asociados a su educación –tasas de matrícula, libros, viajes y comedores escolares–, cuando la media europea es mucho menor, el 17,2%.

Del riesgo de pobreza, en cambio, se salvan los mayores de 65 años, gracias a las pensiones públicas. Esa tasa es ahora de un 16,7%, tras caer 10 puntos porcentuales desde 2008, pero en 2017 experimentó la primera subida desde ese año, dos puntos porcentuales.

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Más inversiones

Para intentar enmendar estos fallos, además de para conseguir un “crecimiento inclusivo a largo plazo” y mejorar la productividad, la Comisión Europea reclama más inversiones en educación y cualificación profesional, así como en los servicios públicos de empleo y en políticas sociales. En concreto, recomienda mayores inversiones en vivienda social y otras infraestructuras. Pero siempre respondiendo a las “necesidades y disparidades” de las comunidades autónomas “en la disponibilidad y eficiencia de sus servicios públicos”.

En concreto, el informe menciona que uno de cada cinco potenciales beneficiarios de rentas mínimas percibe una de estas ayudas autonómicas, pero mientras en algunas comunidades su cobertura no llega al 10% –un 2,1% en Castilla-La Mancha, un 3,6% en Murcia–, en otras –como el País Vasco– es casi total. El informe asegura que, si todas las comunidades autónomas protegieran al 100% de quienes las necesitan, la brecha de riesgo de pobreza –la distancia entre el ingreso mediano de todos los ciudadanos en riesgo de pobreza y los 7.379 euros anuales que marcan el umbral– se recortaría en cuatro puntos porcentuales, hasta el 27%. Aunque España todavía quedaría lejos de cantar victoria: la brecha nacional seguiría superando en tres puntos la media europea.