90 medidas para lograr que haya 0 víctimas en carretera

La Fundación Mapfre, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico (AESLEME) y la Asociación Española de la Carretera (AEC) han elaborado un extenso documento en el que proponen a los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones del 28 de abril, hasta 90 medidas para lograr el objetivo de 0 víctimas en carretera en 2050 en España, y en el 2030 en la ciudad. Este objetivo, "único éticamente defendible" según las entidades, debe ser el centro de un gran Pacto de Estado por la Seguridad Vial, informa Europa Press. 

El documento, firmado por el director de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, Jesús Monclús; la directora de AESLEME, Mar Cogollos; y el director general de AEC, Jacobo Díaz Pineda, exige a las formaciones que introduzcan la Seguridad Vial en el debate político y que incluyan acciones concretas en sus programas electorales, con el fin de cambiar la tendencia al alza de la siniestralidad vial que se viene produciendo desde 2014. En concreto, recoge hasta 90 medidas concretas vinculadas a los ámbitos de la sanidad, infraestructuras, justicia, educación, formación o seguridad de vehículos.

En el ámbito político, además de solicitar a los partidos que recojan en sus programas un apartado dedicado a la seguridad vial en el que se contemplen propuestas para reducir la siniestralidad, las asociaciones piden la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Vial, que esté adscrita a Vicepresidencia del Gobierno y que tenga amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial.

El documento urge a aprobar la medida que generaliza la velocidad máxima en ciudades a 30 km/h y exige la puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización para todos los usuarios sobre los peligros del uso de las nuevas tecnologías, tanto al volante como caminando por la calle. En ciudad también sugieren la obligatoriedad del casco para todos los ciclistas, independientemente de la edad del usuario.

En el ámbito sanitario, proponen la incorporación en las Urgencias de los hospitales de psicólogos especializados para atender a víctimas de siniestros de tráfico, así como en temas de violencia de género o de catástrofes; la ampliación del número de las denominadas "unidades sanitarias públicas de lesionados graves"; y la revisión de los exámenes psicotécnicos para conductores mayores de 70 años.

Con respecto a infraestructuras, piden una mayor inversión en carreteras, en concreto de 300 millones de euros en un periodo de ocho años, para la conservación y refuerzo de firmes, y unos 600 millones más al año, también durante ocho ejercicios, para las vías que dependen de las comunidades autónomas y diputaciones forales.

También solicitan un Plan Específico de Seguridad Vial en Carreteras Convencionales, donde circula aproximadamente el 40% del tráfico total del país y donde se producen el 75% de los accidentes y víctimas mortales; así como un Plan de Carreteras 2+1, vías en las que cada sentido de circulación alterna la existencia de un carril adicional durante un número determinado de kilómetros, con el objetivo de evitar los choques frontales como consecuencia de adelantamientos. Igualmente, proponen el desarrollo de un programa específico para la seguridad de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes. En este sentido, abogan por la restricción de su uso a las calzadas donde no haya coexistencia con tráfico motorizado a gran velocidad.

Sobre la seguridad de los vehículos, las asociaciones quieren que los ayuntamientos adopten Ordenanzas Municipales para que autobuses, furgonetas y vehículos pesados estén obligados a incorporar sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) y que se incentiven con beneficios fiscales a las empresas que aceleren la incorporación de las nuevas tecnologías en los vehículos. Especialmente abogan por la instalación de cajas negras, limitadores de velocidad y alcolocks (sistemas que no dejan arrancar el vehículo si se da positivo en alcohol).

Educación y formación 

El documento también recoge una serie de medidas en el ámbito de la educación y de la formación de los futuros conductores. Así, las entidades apuestan por una Ley de Educación consensuada por los partidos que contemple la enseñanza de contenidos relacionados con la seguridad vial y la movilidad sostenible en todo el currículo escolar (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos).

Y que se establezca en los planes de estudios universitarios, grados o postgrados, asignaturas relacionadas con la seguridad vial, la accesibilidad universal y la discapacidad, así como que se incluya en los planes de estudios de FP2 una titulación de Profesor de Seguridad Vial para ser profesor de autoescuela.

En lo relativo a la formación, apuestan por el refuerzo de los cursos de recuperación de puntos del carné y que estos añadan la realización de entrevistas individuales para comprobar que se mantienen las condiciones y actitudes necesarias para la conducción segura. También quieren que se promueva el uso de simuladores de conducción como complemento a la formación teórica y práctica para sacarse el carné, y la formación en primeros auxilios para toda la población.

El documento también extiende una serie de propuestas sobre educación y formación en las empresas. Las entidades pretenden que se den incentivos fiscales a aquellas que incorporen en sus flotas vehículos con nuevos y eficaces sistemas de seguridad y medioambientales, y que se otorguen puntos adicionales en las licitaciones públicas a las empresas con mejores registros y programas de seguridad vial laboral.

Inmediatez de la justicia

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En el apartado de Justicia, piden "inmediatez" mediante el fomento de los juicios rápidos, que se aplique de manera "estricta" la ley para evitar la "variabilidad injustificada en condenas y sentencias".

También exigen que se mejore la atención a las víctimas en los tribunales; la intervención de la Fiscalía en todos los procesos penales por siniestros con alguna persona fallecida o con heridas graves; protocolos de unificación a la hora de elaborar atestados; y mayor formación sobre el baremo de indemnización a las víctimas que entró en vigor el 1 de enero de 2016 para fiscales y magistrados. Dentro de este punto también son partidarios de que se tipifique en el Código Penal el uso del móvil en el transporte escolar y de viajeros como conducción temeraria.

"El modelo de 'sociedad de las prisas' debe de contrarrestarse con un modelo de sociedad que reclama una eco-movilidad sostenible y segura. Crear la cultura de la seguridad vial significa un compromiso institucional que comience por un pacto de sociedad: porque de la vida todos somos responsables", concluye el documento de medidas.