La Defensa en la campaña electoral

Estamos muy próximos al día 28. Los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones generales han dado a conocer sus propuestas electorales en materia de Defensa. Una vez más, estas políticas están ausentes de los mítines y de los debates con carácter general. Sin embargo, hay un número importante de ciudadanos que querrían ver reflejadas en los programas propuestas para cuestiones de cuya solución depende su carrera profesional, su bienestar y el de sus familias. Me refiero a los miembros de las Fuerzas Armadas que no disponen aún de potentes medios de reivindicación para lograr situar en la agenda política sus preocupaciones, sus anhelos y sus demandas.

La Política de Defensa es una de las políticas más importantes en todo país moderno y tiene diversos aspectos que merecen reflexión y atención de la clase política y de la ciudadanía. Al respecto, en este proceso electoral, ¿qué dicen los partidos políticos en sus propuestas programáticas?. Nos vamos a referir principalmente a las cuestiones que afectan a las personas que integran las fuerzas armadas.

Las retribuciones son una de las principales asignaturas pendientes que han de ser abordadas y resueltas en la próxima legislatura. Las referencias retributivas no son suficientemente contundentes, y además no se dice nada sobre compensación económica de guardias y servicios de carácter extraordinario. Sigue señalándose la conciliación y la movilidad geográfica como áreas de mejora; pero no hay compromisos concretos. En cuanto a la conciliación, sería preciso que se definieran los aspectos del derecho que se pretenden mejorar, porque el Gobierno socialista ha aprobado, antes de que se pusiera fin a este periodo político, un conjunto de medidas que han contado con el aplauso de las asociaciones profesionales. Respecto a la movilidad geográfica, el compromiso con la promulgación de una nueva ley que dé respuesta a esta cuestión capital, con incidencia directa en la vida de los militares y de sus familias y en la operatividad de las unidades, no se contempla en tales términos. Solo una nueva ley de movilidad puede dar respuesta a este reto de nuestras Fuerzas Armadas, con un abordaje integral del problema, que tiene un claro componente de incidencia negativa en la moral de los militares, por el alejamiento que supone de sus entornos personales y familiares más próximos.

Sorprende que las propuestas dirigidas a afrontar los problemas derivados de la Ley de la carrera militar no sean un elemento capital de los programas. Cuando han transcurrido más de diez años de su entrada en vigor, persisten las desigualdades, las arbitrariedades y las barreras a una carrera profesional en condiciones de igualdad, como son los opacos procesos de evaluación y de calificación. Los procesos de acceso a la condición de militar, la promoción interna, los límites de edad, no han sido resueltos satisfactoriamente. De la Enseñanza militar nada se dice, siendo como es el pilar fundamental para la preparación de los hombres y mujeres de los Ejércitos y de la Armada.

En relación a la Tropa y Marinería, pocas novedades se observan en los programas electorales, más allá de tibias referencias al problema, obviando sin embargo la decisión capital para resolver el problema: una ley integral de la carrera, única para todas las Escalas, que prevea un auténtico reclutamiento inteligente y previsible, que es la garantía de unas Fuerzas Armadas plenamente operativas, en las que las familias españolas vean un horizonte profesional para los jóvenes, hombres y mujeres, verdadera capacidad crítica para nuestra seguridad y defensa.

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En el ámbito de los derechos, sí hay algunas referencias. Sin embargo, se deja de lado la reforma de la manera de obtener tutela judicial efectiva por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuestión ésta más compleja que proponer la dudosa supresión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La reformulación de la jurisdicción militar es tan urgente como necesaria y, aunque hay quien pretende dilatarlo sine die, un parlamento como el que puede derivarse de las próximas elecciones, a pesar de la complejidad para llegar a acuerdos, permite que se pongan todas las ideas sobre la mesa en una cuestión en la que el Poder Legislativo ha fallado a los militares una vez más. La validación o no de las decisiones disciplinarias y penales militares está en juego. Los militares no disponen, como el resto de los ciudadanos, de la posibilidad de interponer recursos de apelación contra decisiones judiciales que pueden tener una grave incidencia en su esfera de derecho.

No hay referencia alguna a la reforma de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que se aprobaron en 2009, antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de derechos y deberes (2011), y que necesariamente deben estar alineadas con la misma.

El asociacionismo profesional, una vez consolidado, precisa de un impulso evidente para su normalización. Hay que arrumbar miedos, desinformación y manipulaciones y apostar sin complejos infundados por su presencia cercana y cotidiana en las unidades, proporcionando los medios de apoyo necesarios, algunos contemplados ya en la ley y todavía no implementados. El trabajo de las asociaciones profesionales en la legislatura que comenzará pronto es absolutamente fundamental para que los españoles contemos con las mejores Fuerzas Armadas. Precisamente las carencias a las que nos hemos referido en los programas electorales pueden suplirse por la acción del movimiento asociativo, que con una colaboración exigente contribuye a que los problemas de los militares se conozcan y, sobre todo, se resuelvan.