PSOE y PP apuestan por reformas ante el "bloqueo" en medio de la incapacidad de los partidos para pactar

Si en las últimas semanas las palabras "pacto" y "acuerdo" estuvieron entre las más pronunciadas por los dirigentes socialistas en el contexto de la investidura de Pedro Sánchez, ahora, a medida que se acerca la fecha sin un escenario claro, ya se buscan recetas para que esta incertidumbre se reduzca. Para que, en el futuro, la opciones de "bloqueo" –otra de las palabras más socorridas de los últimos días– sean menores. PSOE y PP, que durante décadas se alternaron en el Gobierno, están coincidiendo estos días en poner sobre la mesa el debate de la necesidad de articular una serie de reformas para impedir bloqueos en la investidura. Unas iniciativas de las que Podemos y Ciudadanos discrepan por el temor a que estas medidas acaben siendo vías para que los dos grandes partidos ganen gracias a cambios legislativos lo que no consiguen en las urnas.

Este jueves era el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el que entraba de lleno en el debate en una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE. Según avanzó, "el primer acuerdo de país" que propondrá a los grupos parlamentarios será la reforma del artículo 99 de la Constitución. El líder de los socialistas no entró al detalle. Pero lo justificó de la siguiente forma: "Tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida cualquier alternativa que precisamente pueda abocar a la repetición sistemática electoral"repetición sistemática electoral".

El artículo que Sánchez dice ahora querer reformar –es una demanda clásica de los socialistas– es el que fija el procedimiento para la investidura del presidente del Gobierno. Abarca desde el momento en que los representantes de los diferentes grupos parlamentarios acuden a la ronda de consultas convocada por el rey hasta el momento en el que, transcurridos dos meses de la primera votación de investidura sin candidato que haya logrado el apoyo de la Cámara, se convocan nuevas elecciones.

El artículo 99

La Constitución no fija un límite temporal entre el momento en el que el rey designa un candidato y éste se somete a la sesión de investidura. Fue el 6 de junio cuando Felipe VI propuso a Pedro Sánchez como candidato. Y el Pleno no arrancará hasta el 22 de julio, siete semanas después.

Contempla que "si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros [176 diputados], otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple". Si no ocurre así, pueden intentarse diferentes sesiones de investidura con el límite de los dos meses desde la primera votación. Con la elección del día 22 como jornada para el arranque del pleno, si Sánchez sigue sin conseguir los apoyos, habría elecciones el 10 de noviembre.

Sánchez aseguró que la fórmula propuesta no tiene por qué ser calcada a la de los ayuntamientos, donde gobierna la lista más votada si el candidato propuesto no logra la mayoría absoluta del pleno municipal, pero consideró "evidente" la necesidad de contar con un mecanismo que permita la investidura y evite repetir los comicios por sistema.

En febrero de 2017, el diario El País informaba de que el PSOE iba a proponer a todos los partidos que se cambiase la Constitución para que no pudiese repetirse un bloqueo institucional en la elección del presidente del Gobierno que solo pueda solventarse con elecciones.

 

La solución que estudiaban los socialistas estribaba en una fórmula según la cual, si fracasaban las dos primeras votaciones –la primera exige mayoría absoluta y la segunda, simple–, ya no se podría votar "no", solamente "sí" o "abstención". Esto se haría, indicaban, reformando el 99 de la Constitución.

La propuesta ya había sido verbalizada por Antonio Hernando, portavoz parlamentario de los socialistas por aquellas fechas, en octubre de 2016, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Y es un reflejo de lo que ocurre en los debates de investidura para los presidentes de Euskadi y Asturias. En ambas comunidades, además de permitirse más de un candidato, sólo existe la posibilidad de votar a favor o abstenerse.

Para poner piedras al camino del bloqueo de la investidura, Pedro Sánchez tendría que salvar antes otro obstáculo no menor. Los proyectos de reforma constitucional requieren, para ser aprobados, una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras [artículo 167 de la Constitución]. Así, en el Congreso necesitará el apoyo de 210 parlamentarios. En el Senado, de 159. Si el presidente del Gobierno está teniendo problemas para reunir el apoyo de 176 diputados para la investidura, tampoco tendría fácil sumar 210 votos, máxime cuando el Partido Popular (66 escaños) no quiere ni oír hablar de una reforma constitucional y Unidas Podemos (42) la rechaza de forma frontal. 

"Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado", añade el citado artículo 167.

También desde las filas socialistas ha partido esta misma semana una nueva iniciativa en la línea de "evitar el bloqueo". El miércoles, en una entrevista concedida en el programa Julia en la Onda (Onda Cero), la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, defendió que había llegado el momento de implantar un sistema de doble vuelta.  "No nos podemos acostumbrar al bloqueo", dijo. Un planteamiento que, probablemente, exigiría una reforma agravada de la Constitución al afectar al Título I.

Un plus de 50 diputados

El PP también quiere introducir elementos correctores que limiten ese "bloqueo". Pero, hasta la fecha, no miran en la misma dirección que los socialistas.

El jefe de los conservadores, Pablo Casado, anunció este martes, tras reunirse con Sánchez en el Congreso, que le había sugerido la posibilidad de explorar en el futuro reformas para evitar "bloqueos". 

No partidario de tocar la Constitución, el líder del PP habló de "soluciones más pragmáticas" como la de implantar en España el modelo griego, que otorga una prima de escaños al ganador de las elecciones.

A juicio de Casado, la propia Constitución prevé la posibilidad de ampliar el Congreso de 350 a 400 diputados. Este sería el margen que podría aprovecharse para la prima sin necesidad de reformar el texto constitucional. No obstante, esta opinión choca con la de varios juristas, que creen que atentaría contra la proporcionalidad del sistema consagrada en el artículo 68.

Desde Ciudadanos consideran que existe una laguna en la Constitución al no acotar el tiempo entre la celebración de las elecciones y la fecha de la primera sesión de investidura, por lo que son partidarios de una reforma que establezca un plazo definido, informa Europa Press.

En el partido naranja no comparten la propuesta de Casado. Creen que afectaría a la proporcionalidad de la Cámara.

El 'no' de Iglesias

Mientras, desde Unidas Podemos, que se mantiene en el 'no' a Sánchez si antes no pacta un Gobierno de coalición, también se oponen a la reforma constitucional para reformar el artículo 99.

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El líder del partido morado, Pablo Iglesias, no vio con buenos ojos el anuncio del presidente en funciones. En una entrevista en Antena 3, Iglesias consideró que lo que plantea Sánchez "va contra el espíritu de la Constitución", dado que esta contempla que en España hay un "sistema parlamentario" frente al sistema presidencialista o a dos vueltas que hay en otros países, en el que "el que gana se lo lleva todo".

"Pensamos que hay que respetar el espíritu parlamentario de nuestra Constitución. Un político cuando gana las elecciones, su trabajo es llegar a acuerdos, no decir como no llego a acuerdos, voy a cambiar las reglas del juego, voy a cambiar la Constitución y voy a cambiar la ley, a ver si la ley me hace el trabajo por el que a mí me pagan, que es llegar a acuerdos con otros", subrayó.

Iglesias consideró que el sistema actual obliga a los partidos a "ponerse de acuerdo". "Si a mí me preguntan qué es mejor para España, un sistema que haga que un partido a lo mejor con el 26, el 27 o el 28% de los votos tenga todo el poder o un sistema en el que los partidos tengan que colaborar, entenderse o compartir el poder, creo que para un país como España es mucho mejor lo segundo", concluyó.