PP y Cs preparan una reforma que facilita el cierre de aulas públicas en Andalucía

La Junta de Andalucía prepara una fuerte sacudida al mayor sistema escolar de España. El Gobierno autonómico de PP y Cs impulsa una reforma que sujeta la planificación de las plazas a la "demanda social", lo cual beneficia a la educación privada concertada en detrimento de la pública y coincide con lo que reclaman organizaciones como la Conferencia Episcopal y Escuelas Católicas.

La Consejería de Educación y Deporte del Gobierno de Juanma Moreno (PP), departamento dirigido por Javier Imbroda (Cs), trabaja ya con dos borradores, uno de un decreto y otro de una orden, cuya aprobación cambiaría el modelo educativo andaluz. Los delegados de Educación en las distintas provincias podrán, una vez finalizado el plazo de solicitudes para el curso siguiente y antes de resolver las admisiones, modificar el número de unidades de los centros públicos para "adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias", según recoge la orden, actualmente en tramitación.

La reforma da cumplimiento a los programas electorales de PP, Cs y Vox, así como al acuerdo de gobierno entre PP y Cs, que también se han comprometido a extender los conciertos al Bachillerato. Es previsible que estos cambios susciten un vivo debate en la política de Andalucía, así como en su comunidad educativa. La nueva normativa se pone sobre la mesa justo cuando la Junta es objeto de críticas, por parte de la oposición y los sindicatos y organizaciones de izquierdas, por la "reducción" de unidades públicas. ¿Qué son las unidades? Cada una de las clases autorizadas para cada curso. Por ejemplo, en un colegio en el que haya –digamos–, tres clases de 4º de Primaria (4ºA, 4ºB y 4ºC), habría tres unidades de 4º. 

El modelo impulsado por PP y Cs Andalucía se sitúa así en estela del desarrollado en Madrid y el blindado por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que vincula la planificación educativa a la "demanda social". Tanto PP y Cs, que gobiernan juntos la Junta, como Vox, su socio parlamentario, comparten una cerrada defensa de la "libertad de elección" de centro educativo. Con esta expresión se hace referencia a su defensa de la obligación de la Administración a sufragar con fondos públicos las opciones educativas que decidan los padres para sus hijos, aunque estos quieran que estudien en la privada. Es lo que se llama en España educación concertada, una opción blindada legalmente desde 1985 que consume más de 6.000 millones de euros públicos al año y está en constante crecimiento.

Los tres partidos conservadores defienden programáticamente la "libertad de elección". La Consejería de Educación ya presentó en mayo un informe para modificar la normativa reguladora de la admisión del alumnado en los centros públicos y concertados de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. El Gobierno andaluz declaró entonces que el objetivo "principal" de la reforma era "facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar". Eso es lo que ahora se está empezando a concretar con los borradores de decreto y orden.

"Demanda social", de la Lomce a Andalucía

En realidad la "libertad de elección" ya existe. No sólo por su cobertura constitucional, sino también porque está recogida en el decreto andaluz de 2011 actualmente en vigor para regular la admisión del alumnado. A ningún padre o madre se le impide en España que matricule a sus hijos donde deseen. Lo que se discute es hasta qué punto la Administración debe hacerse cargo del coste. La batalla la están ganando los defensores de la extensión de la obligatoriedad de la financiación pública de la educación privada. La están ganando en varios frentes. La concertada está en cifras récord de financiación pública mientras la red estatal sigue por debajo de los umbrales precrisis (ver aquí una información detallada). Además, la Lomce consagra a nivel estatal la "demanda social" como criterio para la programación de centros. Y este es el sintagma decisivo: "demanda social". Porque supone vincular la planificación de plazas a las preferencias de las familias, y obligar a la Administración a financiar esta voluntad. Es el planteamiento que defienden PP, Cs, Vox y las terminales católicas en el campo educativo.

La Junta pretende incorporar ahora la "demanda social" a la normativa andaluza. El proyecto de decreto con el que trabaja Educación establece que la consejería considerará, a la hora de programar las plazas, "la oferta existente" y la "demanda social". La introducción de este criterio sintoniza con las reclamaciones de la Conferencia Episcopal y los grupos católicos de defensa de la educación concertada, que han sido especialmente incisivos en la defensa del mantenimiento de la "demanda social". En octubre del año pasado Escuelas Católicas pidió expresamente a la ministra de Educación, Isabel Celaá (PSOE), que no cambiase este punto de la Lomce. En enero fue la confederación de asociaciones de padres católicos (Concapa) la que le pidió a Celaá que lo mantuviera. El propio secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido el criterio de "demanda social" para la planificación de centros educativos.

La Iglesia comprueba ahora cómo este criterio no sólo sigue impreso en el BOE con la Lomce, un año largo después de que el PSOE llegase a La Moncloa, sino que va ya camino del BOJA (el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) menos de un año después de que el PP y Cs llegasen a San Telmo.

La falta de límites de la financiación con fondos públicos de la escuela concertada, únicamente sujeta a la "demanda social", es una apuesta educativa controvertida. En primer lugar, porque supone financiar un modelo controlado en más de un 60% por la Iglesia católica, en ocasiones a través de organizaciones como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, que segregan al alumnado por sexos. De hecho, la escuela se ha convertido en el mayor bastión de poder e influencia de la Iglesia en España. En segundo lugar, porque la educación concertada, a través de mecanismos como los cobros a las familias y la ubicación de los centros, selecciona socialmente a su alumnado.

El artículo 4.5 de la orden

La "demanda social" no está en el decreto ni en la orden que regulan la admisión de alumnos actualmente en vigor en Andalucía, ambos de 2011. Su inclusión en el borrador decreto es de notable relevancia. No obstante, es en el borrador de orden donde se desarrolla. Ambos textos han llegado ya a la mesa de los representantes de los sindicatos y otros agentes de la comunidad educativa, como asociaciones de padres y patronales, a los que se les ha dado audiencia para que manifiesten su punto de vista.

Las organizaciones están actualmente estudiando los textos. Algunas ya tienen un primer diagnóstico. "La inclusión en el decreto del criterio de demanda social para la planificación de las plazas es lo que le da a la Consejería de Educación el paraguas para introducir la libre elección de centro. El desarrollo está en la orden, donde se reserva una posibilidad de cambio del número de unidades en función de esta demanda. Lo que ocurre es que, si se acumulan peticiones de matrículas, se puede hacer valer este criterio para incrementar el número de plazas concertadas", señala un portavoz del sindicato Ustea.

Este portavoz se refiere al artículo 4.5 de la orden, que establece que la Junta podrá "modificar el número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos, con objeto de adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias". Ese punto es clave en la reforma.

Objeciones técnicas

A lo largo del proceso de elaboración de la orden, la propia Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, con funciones técnicas y jurídicas, ha mostrado sus reservas con respecto a la "posibilidad de modificación del número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos, una vez terminado el plazo de presentación". En un informe de junio de 2019, este órgano del departamento de Imbroda señala que este mecanismo para "adecuar la oferta a la demanda de las familias" puede dar lugar a la "supresión" de unidades, "lo que sin duda frustraría las expectativas de quienes pudieran obtener plaza en el centro menos demandado".

El informe alerta de un "excesivo" margen de discrecionalidad y pide, para "reducir" dicho margen, determinar los supuestos en los que procedería la reducción del número de unidades.

"Reducción de unidades"

La Consejería de Educación, a través de un portavoz, señala que las aportaciones de la Secretaría General Técnica ya han sido incorporadas a la orden para que las modificaciones se hagan con total “objetividad”. Se ha introducido, explican desde este departamento, una “fórmula matemática” que excluye cualquier arbitrariedad. Concretamente, la fórmula es esta: “En el caso de reducción de unidades, esta solo se llevará a cabo cuando el número de solicitudes sea inferior al resultado de sumar la mitad de la ratio establecida para la etapa educativa que corresponda al producto de dicha ratio por el número que resulte de restar uno al número de unidades planificadas”. Se trata de matizar la demanda social con la ratio y el número de unidades.

La Consejería de Educación, que recalca que la orden y el decreto son fruto del diálogo con los propios centros y otros agentes de la comunidad educativa, señala que la nueva normativa introduce otras modificaciones en defensa de la libertad de elección de los padres como una mayor importancia del criterio de tener un hijo en un centro a la hora de matricular a su hermano.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación formuló objeciones a lo largo del proceso de elaboración no sólo de la orden, sino también del decreto. Su informe sobre el decreto, de junio de este año, llevó a suprimir del borrador una referencia expresa a las “preferencias expresadas por los padres y madres del alumnado”. Actualmente, señalan desde Educación, todas las observaciones de este informe técnico están incorporadas al borrador.

El mayor sistema educativo de España

El sistema educativo andaluz es el mayor de España, como corresponde a la comunidad más poblada. El segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial suma 800.941 alumnos. Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, Artísticas Elementales y Profesionales e Idiomas totalizan 906.254 estudiantes. En total, más de 1,7 millones de alumnos.

Si los alumnos andaluces vivieran todos en una comunidad autónoma, sería la décima más poblada de España, con más habitantes que Murcia y menos que Castilla La Mancha. Cualquier reforma de este coloso –siempre más fácil de diseñar que de aplicar– es de alto impacto. Está previsto que la nueva normativa entre en vigor el curso que viene.

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La Consejería de Educación aseguró a través de un portavoz que la orden no persigue el cierre de unidades públicas, sino "dar una mejor respuesta a la demanda social" y "facilitar la libre elección de centro", y rechazó la idea de que de esto se derive un cierre de unidades. El departamento que dirige Javier Imbroda (Cs) señaló que, precisamente atendiendo a esa demanda, las unidades que eventualmente se puedan cerrar en un colegio se abrirían en otro, de forma que la demanda no quede desatendida.

"Hay un compromiso con la libertad de elección y con la educación pública", señalaron. A través de un portavoz, la consejería recordó que, en caso de que el deseo fuera cerrar aulas públicas, no sería necesaria ninguna reforma normativa. "La Junta de Andalucía, con la anterior Administración [del PSOE], ya cerró unidades públicas", señaló este portavoz, que recalcó que su departamento ha incrementado el presupuesto para 2019 en 244,6 millones de euros, un 3,84%. Añaden que para este curso (2019-2020), en el balance global de las enseñanzas de régimen general hay un incremento de 33 unidades públicas respecto al anterior. "Es la primera vez que aumentan en los últimos cuatro cursos", señalan.