El Supremo decide sobre los restos de Franco cuatro décadas después del fin de la dictadura

El Supremo toma la palabra en la exhumación de Francisco Franco. Cuarenta y cuatro años después de su muerte, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se reúne este martes para deliberar y tomar una decisión sobre la salida del dictador del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación. Por el momento, parece que existe unanimidad entre los magistrados a la hora de avalar la exhumación. Sin embargo, más complicado se antoja el debate sobre el destino final de los restos, una segunda cuestión que hace aflorar discrepancias dentro del tribunal. La familia Franco, que fue la encargada de llevar el asunto ante el Supremo, pretende que sean trasladados a la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno corazón de la capital, donde la hija del dictador adquirió en 1987 una sepultura a perpetuidad. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, alude motivos de seguridad para defender que los restos sean reinhumados en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, en el que está enterrada Carmen Polo, la esposa del dictador.

La salida de Franco del Valle de los Caídos ha sido una de las prioridades en materia memorialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, fue una de las primeras medidas que anunció al llegar a Moncloa. “España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles. No es abrir heridas, es cerrar heridas, y apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios, incluido el del PP, para respaldar una decisión que el Gobierno de España por supuesto tomará, ya veremos el cómo y la fecha”, señaló el líder socialista en su primera entrevista tras la moción de censura que terminó con la salida de Mariano Rajoy del Gobierno. Sin embargo, el proceso se acabó convirtiendo en un auténtico camino de obstáculos. Y cada fecha que puso sobre la mesa el Ejecutivo socialista fue incumplida. Porque Franco no salió de Cuelgamuros durante el mes de julio de 2018, como deslizó el presidente en un primer momento. Ni el año 2019 arrancó sin un dictador “que pueda ser enaltecido en un lugar público”, como prometió la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

El pistoletazo de salida para la exhumación comenzó el 24 de agosto de 2018, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto-ley 10/2018, que modificaba la Ley de Memoria Histórica para incluir un apartado en el que se establecía que en Cuelgamuros “sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil” y una disposición adicional detallando el procedimiento para la exhumación y posterior traslado del dictador. Sólo una semana después de impulsar el Real Decreto, que fue convalidado posteriormente en el Congreso de los Diputados con solo dos votos en contra, el Consejo de Ministros dio luz verde a la incoación del expediente administrativo para sacar a Franco de Cuelgamuros. Fue entonces cuando se abrió el primer plazo de alegaciones, aprovechado por los nietos del dictador para anunciar al Gobierno su intención de reinhumar a su abuelo en la cripta de la catedral de La Almudena si se era exhumado “en contra de los deseos de su familia”.

Los nietos de Franco también decidieron llevar su ofensiva a los tribunales, retrasando todavía más los tiempos que el Ejecutivo de Sánchez había barajado en un primer momento. El pasado mes de marzo, la familia interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero, que ponía fin al procedimiento administrativo para la exhumación del dictador y concedía medio mes más a los nietos para señalar un lugar de reinhumación compatible “con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana” –es decir, rechazando La Almudena–.  El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso. A pesar de ello, en lugar de echar el freno el Ejecutivo socialista pisó el acelerador y una semana después el Consejo de Ministros acordó que los restos serían trasladados el 10 de junio al cementerio de Mingorrubio-El Pardo ante el inmovilismo de la familia. “No plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana, ya que se ubica en un lugar aislado”, aseveró el Ejecutivo socialista.

De nuevo, el Gobierno no pudo cumplir con su última promesa. Atendiendo a la petición de los nietos del dictador, el Supremo decidió a comienzos de junio suspender cautelarmente la exhumación hasta que resolviese el fondo del asunto. Y lo hizo teniendo en cuenta que “la mera posibilidad de que prosperaran las pretensiones cuando ya se hubiere producido la exhumación y fuere preciso llevar de nuevo los restos mortales exhumados a su actual sepultura, comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales”. “No hay ninguna duda de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto la exhumación (…) está también presente el interés general –el que establece la Ley de Memoria Histórica–. Pues bien, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable”, completaba el auto.

La 'lucha' por el destino de los restos

Casi tres meses después de aquella suspensión cautelar, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reúne este martes para deliberar y fallar sobre el fondo del asunto. En plena precampaña, serán seis magistrados del Alto Tribunal –Segundo Menéndez, Pablo Murillo (ponente), Antonio Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico y José Luis Requero– los que tengan en sus manos el futuro de la medida estrella en materia memorialista del Gobierno de Pedro Sánchez. Y serán dos las cuestiones sobre las que se centrará la resolución. La primera de ellas tiene que ver sobre el procedimiento de exhumación del dictador. Para la familia Franco, el Real Decreto-ley  que abrió la puerta a la salida de los restos de Cuelgamuros no concreta la “urgencia” con la que se justifica el uso de dicho “instrumento excepcional”. Algo que rechaza la Abogacía del Estado. “Concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia”, señaló en su escrito de conclusiones la representación del Estado en el pleito.

Esta primera cuestión genera pocas dudas entre los magistrados debido a la amplia jurisprudencia existente sobre este asunto, por lo que previsiblemente la Sección Cuarta avalará el procedimiento de exhumación. Sin embargo, se esperan discrepancias en relación con el segundo asunto que a analizar: el de la reinhumación de los restos. En este sentido, el Supremo tendrá que decidir si prevalece el derecho de los nietos a decidir dónde enterrar a su abuelo o si por encima de eso se encuentran las razones de interés general, entre ellas la de seguridad, que alega el Gobierno para intentar que los restos del dictador no vayan a parar a la cripta de la catedral de La Almudena. Y, según ha publicado El Confidencial, en esta segunda cuestión el tribunal se encuentra dividido. Así, hace sólo unos días, tres de los seis magistrados se inclinaban del lado de la familia frente a dos que se posicionaban junto al Ejecutivo. Por tanto, un solo voto podría determinar si es a los nietos a quienes corresponde decidir el lugar de reposo o si el debate se enquista en un empate.

En este sentido, la familia Franco defiende que la inhumación en la cripta de la catedral no aumentaría “significativamente los riesgos” en la zona de La Almudena, algo que sí pasaría en Mingorrubio, donde “no existen medidas de seguridad” y donde el riesgo de profanación del cadáver es “extraordinariamente alto”. Frente a ello, la Abogacía del Estado intenta desacreditar el informe pericial presentado por los nietos del dictador calificándolo de “trabajo escolar” por no considerar “la actuación de grupos radicales o antisistema” y omitir “uno de los atentados terroristas que se produjo en La Almudena” en febrero de 2013. De partirse el tribunal por la mitad, el artículo 262 de la Ley del Poder Judicial contempla que se volverá a discutir el asunto y a votarse “los puntos en que hayan disentido los votantes”. En caso de no lograr acuerdo, establece que la discordia se resolverá “mediante celebración de nueva vista, concurriendo los magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose dos más, si hubiese sido impar el número de los discordantes, y tres en el caso de haber sido par”.

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“Prueba de fuego de la calidad de la democracia española”

La sesión de este martes será seguida con atención por parte de las asociaciones de memoria histórica. De hecho, más de un centenar de colectivos aglutinados alrededor de la campaña #NiValleNiAlmudena han convocado a las 11.00 horas una concentración frente al Alto Tribunal para “exigir que se rechacen de plano las pretensiones de la familia Franco” y para reclamar que el traslado de los restos del dictador se produzca “inmediatamente”, sin que ni siquiera se contemple como posibilidad la inhumación de los mismos “en la catedral de La Almudena”. “Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española”, sostienen los convocantes en un comunicado. Para Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, es “inadmisible completamente” que Franco sea inhumado en la cripta de la catedral, “al lado de la plaza en las que se producían las concentraciones de apoyo al Régimen”, convirtiendo el centro de Madrid en un lugar de “peregrinación franquista”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), por su parte, ha anunciado este lunes en un comunicado su intención de proceder contra el Estado en caso de que el Supremo falle en contra de la exhumación o en caso de que los restos del dictador sean reinhumados en cualquier lugar de titularidad pública, como el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, que pertenece a Patrimonio Nacional. En concreto, el colectivo memorialista denuncia que obligar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura a financiar con sus impuestos la nueva tumba de Franco es “una forma de maltrato y una patología democrática”. Y carga contra el Alto Tribunal por no haber tomado ninguna medida para apartar al magistrado Requero, uno de los seis que decidirá mañana, a pesar de tener “una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco”.