La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información cree que el decreto de competencias digitales no está justificado

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha pedido a los grupos parlamentarios que no convaliden el decreto de medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, argumentando que este texto no está justificado. "No se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad", apunta, según informa Europa Press.

De esta forma, la plataforma se posiciona sobre esta medida que el Ejecutivo aprobó el pasado octubre y que entró en vigor este martes. En concreto, rechazan que el Gobierno se atribuya "con carácter excepcional y transitorio", la potestad para "gestionar de forma directa" o "intervenir" las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales.

La norma también establece que, "previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora".

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En el escrito que la PDLI ha enviado a los grupos, su presidenta, Virginia Pérez Alonso, señala que este texto no cumple, en la actualidad, las circunstancias extraordinarias o de urgencia que se requieren en el artículo 86 de la Constitución, por lo que, a su juicio, no está justificada su puesta en marcha a través de la fórmula decreto ley.

"Por ello, le solicito que vote en contra de la convalidación de este decreto ley, de modo que esta materia pueda ser regulada con todas las garantías necesarias, como un proyecto de ley, durante la próxima legislatura", concluye la misiva, recogida por Europa Press.

La plataforma se une, así, al rechazo también expresado por la Federación de Sindicatos de Periodistas. Para esta organización el decreto es un "grave ataque a las libertades democráticas y a los derechos civiles en la red". Además, denuncia que esta norma "ahonda todavía más en el recorte de libertades" que, en su opinión, ya se produjeron con Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas del Código Penal llevadas a cabo por el PP en este sentido.