Torra, en el juicio: "Sí, desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado en su juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al preguntársele si incumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos de los edificios de la Generalitat: "Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal".

En su declaración como acusado, en que solo ha respondido a su abogado Gonzalo Boye, que ha pedido que se le mantuviera durante el juicio su tratamiento de 'Molt Honorable', Torra ha defendido que cumplió su deber como presidente de la Generalitat de defender "los derechos y libertades de los ciudadanos".

"Sí, la desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal, todos los miembros de esta Sala lo saben que esta era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo", ha resumido en la última respuesta de su declaración.

Según el presidente, la Junta Electoral Central (JEC) "no es un órgano superior jerárquico al presidente de la Generalitat" y no tenía competencia para ordenarle retirar de los edificios públicos y de Generalitat los lazos y otros símbolos en periodo electoral.

Torra ha dicho que, además, la Generalitat no tenía ninguna participación en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que, como presidente de la Generalitat, en todo caso estaba sometido a las decisiones de las juntas electorales provinciales.

El presidente catalán ha afeado sobre la JEC, que dictó dos órdenes el 11 y 18 de marzo exigiendo retirar lazos y esteladas de los edificios públicos para garantizar la neutralidad: "La JEC me ordenó, me amenazó, actuó de manera omnipotente y omnipresente".

"Censura clara"

Para Torra, que ha declarado ante el tribunal durante poco más de media hora, la causa contra él es un caso "de vulneración del derecho de libertad de expresión y de censura clara".

Ha indicado que analizó la petición de la JEC junto a abogados y el equipo jurídico de la Generalitat y que todos convinieron que era "un acto nulo e ilegal", y ha opinado que en realidad querían que prevaricara con la retirada de las pancartas y los símbolos, porque él no tenía la facultad para ordenarlo.

De hecho, ha dicho que las resoluciones de la JEC incurrieron en "la ambigüedad más absoluta" sobre qué símbolos retirar, y ha recordado que él como presidente de la Generalitat no tiene competencia para ordenar la retirada de símbolos de edificios públicos como hospitales o escuelas.

"La JEC quería situar al presidente de la Generalitat ante una disyuntiva muy clara: por un lado hacerle obedecer un acto nulo e ilegal y por otro hacerle prevaricar. Es más, es probable que también haya incurrido en un presunto delito de coacciones", ha señalado.

No son símbolos partidistas

Torra ha explicado que colocó la pancarta con el lazo amarillo en la Generalitat porque entendía que como sede del gobierno catalán "era importante que se expresara el deseo mayoritario de la sociedad catalana de la libertad de los presos políticos".

El presidente ha defendido que el lazo amarillo, símbolo que ha dicho que ya fue usado en la Guerra de Sucesión, no es un símbolo partidista, y que la estelada representa un "anhelo de libertad" y es plenamente legal y vigente.

De hecho, ha defendido que se llame a los líderes independentistas presos por impulsar el 1-O por decisión del Tribunal Supremo "presos políticos" porque su encarcelamiento procede de una decisión política.

Para Torra, desde el momento en que se judicializó un hecho político como es impulsar el 1-O, se puede hablar de 'presos políticos' "por más que incomode a alguien, y por más que alguien se levante de una sala cuando se habla de presos políticos", en alusión a un acto en el que un discurso del presidente del Parlament, Roger Torrent, motivó que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el fiscal superior, Francisco Bañeres, se ausentaran de la sala.

Asimismo, ha citado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, y ha asegurado que contenía un punto que instaba al Gobierno "a dar la publicidad necesaria de las irregularidades cometidas".

Por eso, ha dicho: "La pregunta no es qué hacía la pancarta de libertad presos políticos y exiliados en el Palau de la Generalitat, sino por qué no estaba en otros edificios públicos, por qué no estaba en la Delegación del Gobierno".

Tacha a Vox de "franquista"

Al inicio de su declaración, Torra ha manifestado que no iba a responder a la Fiscalía ni a Vox, tachando a este último de "partido franquista".

Esta declaración ha motivado la intervención del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que le ha advertido de que no permitiría ninguna "valoración ofensiva o descalificadora", y ha rechazado que explicara sus motivos para no responder al Ministerio Público.

Torra se enfrenta a una petición de Fiscalía de condena de 20 meses de inhabilitación por haber desobedecido la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos, la pancarta a favor de la libertad de los presos y otros símbolos de los edificios públicos de la Generalitat.

El presidente ha entrado a las 8.50 horas en el TSJC acompañado de su mujer y arropado por una comitiva de partidos y entidades, y más de 500 personas, y su juicio se ha iniciado minutos después de las 9.00.

 

El fiscal dice que Torra desobedeció y que "se vino arriba" cuando cambió la pancarta

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha concluido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cometió un delito de desobediencia del mandato de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos y esteladas de los edificios de la Generalitat, y ha valorado que, a medida que pasaban los días tras la primera orden, del 11 de marzo, fue intensificando su falta de respeto institucional y finalmente "se vino arriba" al cambiar la pancarta del Palau por una idéntica.

"El acusado fue intensificando esa falta de respeto institucional, hasta el punto de que se vino arriba" y sustituyó la mañana del 21 de marzo la pancarta del lazo amarillo por una idéntica con el lazo blanco, y en esa espiral acabó presentando una querella contra toda la JEC, ha explicado Bañeres en su informe final.

En su intervención la tarde de este lunes, Bañeres ha afeado a Torra "su nula disposición de acatar la orden" de la JEC, que, según el Ministerio Público, era un organismo competente y superior para darle órdenes. El Ministerio Público, que pide condenar a Torra a 20 meses de inhabilitación, le ha afeado "su nula disposición de acatar la orden" de la JEC, que según el Ministerio Público era un organismo competente y superior.

Para el fiscal, Torra "no dudó en aprovechar todas sus comparecencias públicas para invocarse como paladín de la libertad de expresión, y mostrar su disconformidad con toda clase de aspavientos" a la JEC, mostrándose renuente en todo momento a acatar.

Ha recordado que en dos ocasiones el Síndic de Greuges dictaminó que se debía acatar la orden, pero que pese a ello, Torra "se autoerigía como el único defensor de la libertad de expresión, ni siquiera el Síndic de Greuges podía enmendarle la plana".

En su exposición, el fiscal ha rebatido los argumentos de Torra, y ha defendido la ejecutividad y competencia de las decisiones de la JEC respecto a los poderes públicos, después de que el presidente catalán afirmara que no era un órgano jerárquico superior y competente.

La Junta es superior

Ha defendido que la administración electoral es una autoridad superior al presidente de la Generalitat, al del Gobierno y a todos los poderes públicos "concernidos" en un proceso electoral, y que todo sistema democrático necesita de una autoridad electoral, que está contemplada en la Constitución.

Ha asegurado que los lazos amarillos y las esteladas no son neutrales ya que representan las ideas de solo una parte de la ciudadanía, por lo que "no hay ningún atisbo de decisión injusta o prevaricadora" por parte de la Junta. "No es un mensaje caprichoso o teledirigido o enfocado exclusivamente a situar en el banquillo de los acusados al presidente", ha valorado Bañeres en una intervención que ha durado una media hora.

Sobre la falta de claridad de la orden sobre qué símbolos retirar y sobre la complejidad de cumplir la orden porque no tenía competencia, el fiscal se ha referido a la declaración en el juicio del excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra Miquel Esquius, que –tras la última orden de la JEC– habló con el director de gabinete de Torra "y tardaron menos de 24 horas" en retirar todos los símbolos.

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Hechos

El fiscal ha recordado que el 11 de marzo de 2019 la JEC dictó la orden de retirada de símbolos de los edificios de la Generalitat en 48 horas al ser periodo electoral, una decisión que no fue recurrida y ganó firmeza, si bien posteriormente se presentó un recurso de reposición y la JEC confirmó la orden el 18 de marzo. A la vista de la "persistencia del incumplimiento" de Torra, el 21 de marzo la JEC acordó ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, la retirada, lo que finalmente se hizo efectivo.

Para el fiscal, la JEC "no hacía sino reiterar una doctrina consolidada y confirmada por el Tribunal Supremo", y ha citado varias resoluciones en esta línea como la que sirvió para condenar a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, en las que se recordaba que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos pero no para las instituciones.