Los retos de la Defensa

Aunque no se conoce con certidumbre si habrá o no Gobierno en los próximos días y quién ocupará la cartera de Defensa, sí es posible poner de manifiesto algunas cuestiones que deberían estar, en todo caso, en la agenda del Ministerio de Defensa.

Sin duda, las políticas de personal, las que atienden a la carrera profesional de los y las militares, a sus retribuciones y a sus derechos fundamentales y profesionales, constituyen el núcleo esencial de toda actuación en esa importante área de la gestión política de la Defensa. Muchos de esos asuntos son conocidos y están plenamente identificados. Me refiero, por ejemplo, a culminar el proceso de atención y apoyos personalizados a quienes componen la Escala de Tropa y Marinería, tanto a los que han debido abandonar los Ejércitos y la Armada como a los que puedan estar en esa situación en breve. La consolidación del derecho a la conciliación debe ser otra acción decidida. Los avances que ha llevado a cabo Margarita Robles en esta materia deben consolidarse y protegerse de intentos de retroceso, que aún existen, impulsados en muchas ocasiones desde las estructuras de mando.

La conciliación como derecho ha de integrarse con plenitud, generosidad y responsabilidad en la planificación operativa y en el diseño de capacidades. Es un elemento esencial de lo que he calificado como reclutamiento inteligente en las Fuerzas Armadas, que ha de combinar plantillas suficientes, humanización de las políticas de personal y rendimiento y eficacia en el cumplimiento de la misión. A esto ha de añadirse un nuevo marco legal regulador de la movilidad geográfica, que ha de atender a componentes económicos y sociales, y que no ha de olvidar en su planificación a las familias de los y de las militares. Una red de atención a las familias, de atención a situaciones que comprometen la estabilidad del militar, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es imprescindible.

La Ley de la Carrera Militar y la de Tropa y Marinería han de ser revisadas. Ha de volverse a planteamientos de regulación única, integrada, de todo lo que tenga que ver con el ingreso, promoción, ascensos, destinos, situaciones administrativas, formación, enseñanza de formación y perfeccionamiento, entre otras cuestiones. No puede haber militares de primera y de segunda. El sistema profesional ha de permitir que el derecho profesional a la carrera sea real y efectivo para todos y todas. La revisión del sistema y del modelo de calificación y de evaluación ha de afrontarse sin temor. En los Ejércitos modernos todo lo que genere sensación-evidencia de discriminación y de arbitrariedad debe desaparecer de forma inmediata.

Otro elemento esencial de la acción de gobierno en Defensa ha de ser el pleno desarrollo y despliegue del derecho de asociación profesional. Se ha demostrado que las asociaciones profesionales aportan y contribuyen a unas mejores Fuerzas Armadas. Pero aún pueden hacer más con instrumentos más potentes. Debe modificarse la Ley de Derechos y Deberes para facilitar el acceso a las unidades; debe regularse la figura del representante asociativo que contemple horas para el desempeño de su función; debe cumplirse con la obligación de dotar a las asociaciones de subvenciones públicas que contribuyan a su crecimiento y al desempeño y cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico les encomienda.

La reforma del régimen disciplinario es necesaria para profundizar en el derecho fundamental de defensa y en la desaparición de la sanción de arresto. La modernización del modelo de otorgamiento de tutela judicial a los militares es imprescindible y además es una demanda que se deriva de mandatos legislativos incumplidos y de la condena a España por parte de organismos internacionales. La Justicia militar ha de reformarse de manera inmediata.

Las retribuciones de los y de las militares no pueden permanecer como las más bajas de la función pública, a pesar de los muy importantes requerimientos de formación, de las responsabilidades que han de afrontar para proveer de defensa y seguridad a nuestro país y de las renuncias personales y familiares que comporta la vida militar.

La revisión del Protocolo para la Prevención de Situaciones de Acoso Sexual ha de acometerse con la experiencia de estos años de aplicación y ampliarse al acoso laboral, estableciendo una mejor protección a la víctima y su participación en los procedimientos disciplinarios. Las políticas trasversales relativas a la discapacidad han de potenciarse, tanto para los militares con discapacidad como en relación a las familias en las que se conviva con personas con discapacidad. La atención social a los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias debe dotarse de medios humanos, órganos especializados que trabajen en red, y con recursos económicos suficientes y sostenibles.

También hay otro espacio de trabajo ineludible. En esta ocasión no es responsabilidad estricta del Gobierno. Me refiero a que debe procederse por el Congreso de los Diputados y por el Senado al nombramiento de los miembros del Observatorio de la Vida Militar, que ha prestado importantes servicios a las Fuerzas Armadas, a sus componentes y a las políticas de seguridad y defensa de España.

En definitiva, mucho por hacer. Todo ha de partir de un buen diagnóstico compartido, que busque y llegue a soluciones eficaces que no excluyan a nadie.