Lo mejor de Mediapart
Francia obliga a los laboratorios a informar sobre las ayudas públicas que reciben para desarrollar un medicamento
En materia de sanidad, hay otras líneas de ahorro además del hospital, el personal y las condiciones laborales de éste. El pasado 3 de diciembre se aprobaba en Francia el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2020 (PLFSS), mientras el Observatorio de Transparencia sobre políticas de medicamentos (OTMeds) denuncia el elevado precio de algunos medicamentos y considera que “miles de millones de gasto” podrían ahorrarse “informando de su precio”.
Sus defensores comparan el “esfuerzo” de 200 millones de euros adicionales otorgados en 2020 a los hospitales, tras meses de huelga y movilización, con los 150 millones de euros anuales concedidos exclusivamente al laboratorio Sanofi, como crédito fiscal para la investigación.
El observatorio está dirigido por dos defensores del acceso a los medicamentos, Pauline Londeix y Jérôme Martin, ambos han trabajado para Act Up. Fundado el pasado mes de mayo, vela por el seguimiento de una resolución para la transparencia de los productos sanitarios adoptada por la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de mayo. La OMS, “preocupada por los elevados precios de ciertos productos sanitarios y su desigual acceso” en todo el mundo, pidió a sus miembros que recabaran información más detallada sobre los precios de los medicamentos de los laboratorios. Después de algunas ambigüedades, París apoyó este texto, “pero no Alemania o el Reino Unido, dos países con una fuerte industria farmacéutica”, dice Pauline Londeix.
De este modo, Francia se convertía en el primer país en aplicar la resolución de la OMS, aunque de forma tímida. El lunes 25 de noviembre, la Asamblea Nacional sacaba adelante tres enmiendas al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social presentadas por los diputados de La France Insoumise (LFI) y La République En Marche (LREM), entre los que se encuentra Olivier Véran, ponente general del proyecto de ley de financiación de la seguridad social, que obligan a los laboratorios a comunicar “las inversiones públicas en investigación y desarrollo recibidas durante el proceso de desarrollo de un medicamento”.
“Esto es una primicia mundial”, se felicita Pauline Londeix. “Esta información se hará pública y podremos utilizarla. Ello dará visibilidad a la investigación pública, que asume riesgos, sufre muchos reveses y, cuando tiene éxito, ve cómo los beneficios son privatizados en gran medida”.
Conocer el costo de la investigación pública podría aclarar significativamente las futuras negociaciones, por ejemplo, sobre el precio del Zolgensma, del laboratorio suizo Novartis, el medicamento más caro del mundo. Zolgensma es una terapia genética administrada en una sola inyección a niños menores de dos años de edad con atrofia muscular espinal, una enfermedad neuromuscular rara y grave. Este tratamiento retrasa la progresión de la enfermedad. Novartis reclama 2,1 millones de dólares (1,9 millones de euros) por cada inyección. Y Francia está dispuesta a pagar ese precio: el pasado mes de junio concedió al medicamento una autorización temporal de utilización (ATU), que permite un acceso más rápido a los medicamentos cuando aparecen como rupturas terapéuticas.
Las negociaciones del precio del Zolgensma con el Comité Económico de Productos Sanitarios (Ceps) se llevarán a cabo en una segunda etapa. Si el decreto de aplicación sobre la transparencia del coste de la investigación pública llega bastante rápidamente (tras las enmiendas adoptadas a finales de noviembre), el Ceps podrá entonces plantear, en sus negociaciones a puerta cerrada con el laboratorio, los trabajos de Genethon, laboratorio francés de bioterapia con estatuto asociativo, creado y financiado por el Telethon, es decir, por las donaciones de los franceses.
Ya en 2007, Genethon fue el primero en solicitar una patente para esta terapia, después de un ensayo concluyente en ratones. Luego, en marzo de 2018, Genethon concedió una licencia de uso, cuyo precio permanece confidencial, a la empresa americana AveXis, encargada de desarrollar el ensayo clínico en humanos. Un mes más tarde, en abril de 2018, Novartis adquirió AveXis por 8.700 millones de euros. Un camino de investigación y valorización financiera de una innovación que se ha convertido en un clásico de la industria farmacéutica.
“Lo que está sucediendo en Francia es importante, pero es sólo un paso”, dice Sandrine Caristan Lelong, miembro del grupo Anti-Sanofric. “Porque la parte de la investigación pública en el medicamento es menor”. Los Anti-Sanofric son un pequeño grupo de investigadores de Sanofi que están contestan los sucesivos planes sociales. “En 2009, Sanofi empleó a 1.500 investigadores en Francia”, recuerdan. “En 2016, sólo quedamos 900 de nosotros. Áreas enteras de investigación han sido abandonadas y subcontratadas. Todos los laboratorios están haciendo lo mismo. Nos encontramos en un proceso de financiación cada vez más complejo, con un gran número de actores: laboratorios públicos, empresas privadas, públicas o de capital mixto, grandes laboratorios que compran la investigación prometedora a un precio elevado”.
L'OTMeds defiende ante los parlamentarios enmiendas mucho más ambiciosas que las ya aprobadas, que exigen que los laboratorios sean transparentes durante toda la cadena de fabricación de los medicamentos: el coste de la investigación, los principios activos, la producción, la distribución, el marketing, los volúmenes de venta y los márgenes conseguidos, etc.
El ejemplo de la insulina
Hay un medicamento especialmente en el punto de mira, la insulina, que permite medir a la perfección la brecha entre el precio cobrado por los laboratorios y lo que podría considerarse justo. La insulina, descubierta en 1921 por investigadores canadienses, es una hormona vital para los diabéticos de tipo 1, que sufren una enfermedad autoinmune que suele aparecer en la infancia: el páncreas deja de fabricar la insulina que permite sintetizar el azúcar. Sin inyecciones regulares, los diabéticos mueren rápidamente de hiperglucemia. La insulina también es necesaria para algunos diabéticos de tipo 2, aquellos cuya enfermedad está más avanzada y que son cada vez más numerosos con la globalización de una dieta demasiado grasa y demasiado dulce.
Mientras que cien millones de diabéticos en el mundo necesitan este tratamiento, la mitad de ellos tienen un acceso difícil o incluso imposible a él, y todavía no hay a la venta genéricos, de manera que el 96% de la producción todavía la controlan tres laboratorios: Sanofi (Francia), Novo Nordisk (Dinamarca) y Eli Lilly (Estados Unidos). Y los precios siguen siendo muy altos. Según la organización T1 International, que aboga por el acceso a la insulina en todo el mundo, los diabéticos tienen que pagar grandes sumas de dinero de sus propios bolsillos en países con sistemas de seguro médico deficientes, particularmente en los Estados Unidos.
Sin embargo, un estudio de dos investigadores británicos y uno estadounidense, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, estimó el coste de producción de la insulina y el precio final que debería aplicarse, teniendo en cuenta los costes de transporte y un margen del 20%. ¿El resultado? Los investigadores estiman que el coste de producir la insulina glargina (una insulina de acción prolongada, una de las insulinas más vendidas del mundo) es de entre 3,69 dólares y 5,13 dólares por un frasco de 10 ml. De ahí que el precio final debiese ser de entre 5,32 dólares y 7,38 dólares por vial. En la práctica, es entre 5 y 10 veces superior.
La insulina glargina más vendida del mundo es Lantus, de Sanofi, un éxito de ventas que ha impulsado durante mucho tiempo el crecimiento de la cifra de negocios del laboratorio. En 2018, las ventas de Lantus fueron de 3.800 millones de dólares. En otras palabras, los costes de la investigación sobre esta insulina se amortizan con toda certeza, ya que la patente se presentó en el año 2000.
En el caso de la insulina, ¿conocer el coste de la investigación pública podría contribuir a reducir el precio? David Beran, investigador de la Universidad de Ginebra especializado en el acceso a la insulina, lo duda. “Pero tal vez ayude a los políticos a darse cuenta de que los contribuyentes están pagando dos veces, una por la investigación pública y otra por el medicamento”, añade.
“En Estados Unidos, que es el país más opaco en cuanto a los precios de los medicamentos, el precio de la insulina se ha triplicado en 10 años, añade Stéphane Besançon, director general de la ONG Santé Diabète, que apuesta por el acceso a la atención y a los medicamentos para los diabéticos en África. Los laboratorios argumentan el costo de la investigación y el desarrollo, aunque sabemos que está ampliamente amortizado. Conocer su coste real nos ayudará a entender a dónde va el dinero”. Y a presionar más eficazmente a los laboratorios para que bajen sus precios.
Brigitte Macron monta una polémica subasta de mobiliario del Elíseo para ayudar a la sanidad pública
Ver más
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
