Financiación, infraestructuras y reparto del agua dominan el debate territorial al margen de la mesa de diálogo catalana

La mesa de diálogo constituida la semana pasada en la Moncloa y la importancia de un movimiento independentista que representa a casi el 50% de la población aseguran a Cataluña gran parte del protagonismo en la legislatura que acaba de comenzar. Pero la Generalitat no es la única administración territorial que tiene cuentas pendientes con el Gobierno de Pedro Sánchez ni el president Quim Tora el único jefe de Gobierno autonómico que aspira a mantener una relación bilateral con el Ejecutivo español.

El nuevo modelo de financiación autonómica, el diseño de un nuevo plan de infraestructuras y la negociación de un nuevo pacto sobre el agua son los tres grandes desafíos que plantean las comunidades autónomas, no sólo Cataluña, a los que Sánchez tendrá que dar respuesta a lo largo de una legislatura que él mismo se empeña en presentar como la del “diálogo”.

Financiación autonómica

Si hay algo que una a todas las comunidades autónomas del régimen común —País Vasco y Navarra están en esto a salvo, porque negocian directamente con el Gobierno central a partir de lo que ellas mismas recaudan— es que se quejan del modelo de financiación actual, pendiente de renovación desde hace seis años, y exigen su reforma inmediata. El Gobierno de Pedro Sánchez eludió la cuestión durante los meses que gobernó tras la moción de censura, con el argumento de que el escenario preelectoral hubiese impedido alcanzar un acuerdo, pero ahora que la situación política se ha desbloqueado no tiene más remedio que ponerse manos a la obra.

En el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos está la previsión de desarrollar “las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual”. El objetivo, añade el texto del acuerdo, “es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia”.

Por si este compromiso no bastase, la formación valenciana Compromís, en el marco de la negociación para la investidura de Sánchez, obtuvo del PSOE la promesa por escrito de presentar una propuesta de reforma antes el mes de septiembre. Y ya sólo le quedan seis meses.

Reformar la financiación es un asunto capital para todas las comunidades, pero central en el caso de la Comunitat Valenciana. Su Gobierno, capitaneado por el socialista Ximo Puig, en coalición con Compromís y Podemos, sostienen que el retraso en la reforma les está haciendo perder 1.500 millones de euros al año, sin contar otras reivindicaciones financieras que también forman parte de su lista de agravios. La Comunitat afirma que está a más de 100 euros por habitante de la media y a nada menos que 640 de Cantabria, que según sus cálculos es la autonomía de régimen común mejor financiada.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), también reclama dinero y como Puig habla de “infrafinanciación”. En su caso, 4.000 millones adicionales al año, también con el respaldo de todas las fuerzas políticas de la comunidad. Y envía insistentemente cartas a Sánchez urgiéndole a convocar lo antes posible la Conferencia de Presidentes y un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque, según él, es “el organismo apropiado para resolver los problemas derivados de las distorsiones generadas por el actual sistema de financiación”.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere una negociación a 17 sino un amplio acuerdo entre partidos en el Congreso, que necesariamente debería incluir al menos a los grupos que gobiernan autonomías, que en la actualidad son PSOE, PP, Junts, Esquerra, Compromís y PRC.

La Comunidad de Madrid se perfila como una de las más beligerantes. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), se dispone a defender las reducciones y anulaciones de impuestos cedidos —como sucesiones y donaciones— frente a cualquier tentación de armonización fiscal por parte del Gobierno. El PP baja impuestos en Madrid, pero se queja de que recibe poco del Estado: “Madrid sólo recibe un 22% de lo que recauda y es la región que más aporta al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales”, según su presidenta.

Todos se apresuran a hacer cálculos. Y manejan variables muy diversas, en función de los intereses de cada territorio. Desde el principio de ordinalidad —que nadie acabe perdiendo posiciones por su contribución al sistema—, al de solidaridad y nivelación, sin olvidar nuevas variables como la superficie, despoblación, dispersión o envejecimiento, imprescindibles para igualar la prestación de servicios.

Para complicar más las cosas, no sólo Cataluña tiene estatutariamente cláusulas suelo de disposición de fondos. También la Comunitat Valenciana, Andalucía o incluso La Rioja. Y son numerosas las comunidades con comisiones bilaterales con el Estado, semejantes a la catalana, como es el caso de Galicia o el de Aragón, por citar dos con gobiernos de color político opuesto.

Infraestructuras

El segundo capítulo en importancia de las reivindicaciones autonómicas es, sin duda, el de las infraestructuras. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lleva mucho tiempo reivindicando la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de infraestructuras y movilidad que reoriente el esfuerzo hacia la movilidad en vez de hacia la construcción de nuevas dotaciones. Y eso pone en guardia a todas las Comunidades Autónomas, cuya lista de reivindicaciones en esta materia es interminable.

La Comunitat Valenciana reclama la conclusión del corredor Mediterráneo; Extremadura la modernización de ferrocarril y la construcción de la autovía Badajoz-Cáceres y Canarias la financiación de los convenios de infraestructuras firmados o pendientes de rubricar, como el de obras hidráulicas o infraestructuras turísticas.

Aragón pone el foco en el corredor feroviario Mediterráneo-Cantábrico, y en la mejora de la actual línea Sagunto-Teruel-Zaragoza. Murcia da prioridad al Corredor Mediterráneo y a la llegada y soterramiento del AVE, amén de otras inversiones en carreteras. Galicia y Asturias exigen también la conclusión y puesta en funcionamiento de la alta velocidad, cuya fecha de conclusión se atrasa de año en año, y Cantabria el corredor de Altas Prestaciones Palencia-Santander.

Madrid no pide AVE, porque ya lo tiene. Pero es no impide al Gobierno de Díaz Ayuso reclamar 5.100 millones de euros para mejorar el ferrocarril de cercanías.

Ábalos lo tendrá también difícil para contentar a todos. Sobre todo porque quiere acabar con la apuesta permanente por nuevas dotaciones. “Se trata no sólo de  invertir en construir nuevas infraestructuras, sino en dar soluciones eficientes de movilidad, basadas en datos y tecnología y no en hormigón, tanto a las empresas para su logística como a los ciudadanos”, aseguró hace unos meses. 

La gestión del agua

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Es también un clásico en los enfrentamientos entre comunidades exportadoras y receptoras de agua dulce que, en plena crisis climática y con episodios de sequía e inundaciones cada vez más frecuentes, amenaza con recrudecerse enfrentando, de una parte, a territorios contrarios a los trasvases como Castilla-La Mancha con aquellos cuya economía depende cada vez más de ellos, como la Comunitat Valenciana y sobre todo la Región de Murcia.

A ninguna comunidad afectada le ha pasado inadvertido el compromiso del Gobierno de coalición de apostar por la racionalización del uso del agua en línea con la Directiva Europea sobre Calidad del Agua, en un contexto de disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los efectos del cambio climático. Y que se proponen impulsar el Plan Director de Regadíos para desarrollar inversiones en instalaciones y obras en baja que mejoren la disponibilidad y uso sostenible del agua, así como garantizar el agua potable y de riego “al tiempo que se protege el medio ambiente y se consagra el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil”. “Aprobaremos una Ley de base reguladora del ciclo integral del agua”, reza el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos.

Cada vez hay menos agua y cada vez hay más demanda. Cuadrar esas cuentas tampoco será sencillo para la Vicepresidencia de Transición Ecológica.