El virus de la extrema pobreza: el Gobierno admite la desprotección de casi 50.000 personas ante el Covid-19

"Todos los días lo pienso...", responde con gesto de preocupación Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, que entra como entrevistado en la televisión 7TV desde su casa, donde intenta mantener el pulso de una institución más exigida que nunca, pero al mismo tiempo lastrada por el confinamiento. La pregunta a Maeztu es sobre la situación en el Polígono Sur, el barrio más pobre de España con 4.897 euros por habitante al año, según el informe europeo Urban Audit, coordinado por Eurostat y que aquí cuenta con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero podría haber sido una pregunta sobre otros barrios, en situaciones no muy diferentes a la del Polígono Sur. Por desgracia, hay barrios para elegir.

No hay expresión más nítida del atraso social andaluz que el Urban Audit. Siete de los diez barrios más pobres son de la gran comunidad del sur. Cuatro, de Sevilla. La capital andaluza, de unos 700.000 habitantes, concentra seis de los 15 barrios más pobres de España, entre ellos el Polígono Sur, los Pajaritos-Amate y Torreblanca. En la zona cero de la pobreza, la falta de recursos y la informalidad laboral, allí donde más abunda la economía del día a día y el salir del paso, el confinamiento causa estragos. Cada día es más complicado que el anterior. La situación se extiende por todo el país. Cáritas, a preguntas de infoLibre, señala: "La situación que se está dando en Sevilla se está dando a escala nacional". También da dimensión nacional al problema el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha puesto la situación crítica encima de la mesa.

Lo ha hecho, además, con números. En un documento técnico para orientar la acción de los poderes públicos en los puntos calientes, Derechos Sociales ofrece claves de interés. El ministerio cifra en 953 los barrios "en situación de vulnerabilidad alta o muy alta", repartidos por 440 municipios. "En ellos convive población especialmente empobrecida, entre la que destaca una alto porcentaje de población gitana y, en menor medida, población inmigrante y otra población en situación de exclusión. En el caso de la población gitana, un 8,59% de sus viviendas en España se consideran infraviviendas. Hablamos de que esta situación afecta a más de 47.000 personas. La población que habita estos entornos parte de una situación previa con gran incidencia de la pobreza: el 86% están por debajo de ese umbral, con un 46% en situación de pobreza extrema, y una tasa de pobreza infantil del 89%", señala dicho documento. Y añade: "Buena parte de estas familias tiene en la venta ambulante, la agricultura o la venta de chatarra su fuente básica de ingresos, ya de por sí precaria. La imposibilidad de desarrollar su actividad económica en las calles, debido a la situación de confinamiento en que nos encontramos, están comenzando a generar una situación de desamparo y desprotección que ya están manifestando muchas familias en todo el territorio. Esa desprotección económica y el aislamiento al que se ven sometidas hace muy complicado que puedan adoptar y seguir las medidas higiénicas y de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias ante la crisis provocada por el Covid-19 y son obstáculos a la adopción de medidas preventivas".

El ministerio que dirige Pablo Iglesias (Unidas Podemos) indica además en el documento, que circula entre responsables de asociaciones vecinales de barrios vulneralbes, que "ese mismo aislamiento impide que las autoridades puedan tener un conocimiento suficiente de lo que está ocurriendo en estos entornos, tanto desde el punto de vista sanitario, como de la cobertura de las necesidades sociales básicas, que comienzan a ser perentorias para muchas familias". Es decir, hay lagunas informativas. El documento aún puede sufrir modificaciones.

Contra el enfoque policial

Uno de los problemas es que esta vez la crisis social es casi invisible, porque se vive puertas adentro. Cáritas señala que no tiene datos que ilustren la evolución. No obstante, emergen síntomas elocuentes. En Sevilla se multiplican las alertas de tensión y conflicto. Maeztu, excura obrero nacido en la posguerra y curtido en los barrios hundidos, invita a ponerse en el lugar de "familias de cinco, seis chiquillos, en zonas donde los niños viven mucho en la calle". "Diles ahora que estén dentro, en casas de 40 o 45 metros... Además, son gente acostumbrada a los mercadillos, al comercio. Pero eso tampoco lo pueden hacer", señala Maeztu. El Defensor del Pueblo, centrándose en el Polígono Sur, alude a la cultura del "mundo gitano", mucho más dado a estar en la calle, "todos juntos, en familias extensas". Con respecto al culto religioso, "no tienen conciencia de que esas medidas les pueden afectar [el confinamiento] y espontáneamente salen a la calle".

Sin mencionarla, las palabras de Maeztu señalan a una polémica suscitada por un vídeo publicado por ABC de unos cánticos religiosos "sanadores" con decenas de personas en las Tres Mil Viviendas, en el Polígono Sur, en pleno estado de alarma. Ha habido denuncias de conductas incívicas, escaso seguimiento de las reglas impuestas o enfrentamientos con agentes policiales. En Los Pajaritos hubo una pelea, que acabó con dos detenidos, después de que la Policía Nacional intentara imponer en confinamiento a quienes se empeñaban en seguir en la calle. La adaptación no está resultando fácil allí donde más se vive a pie de calle.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha emitido un comunicado en el que alerta de que alguna conducta "incívica" no puede "estigmatizar a las personas empobrecidas, que tienen, por lo general, comportamientos ejemplares teniendo en cuenta las condiciones en las que malviven". Maeztu, diplomáticamente, pide que se ceda el protagonismo a "la gente del tercer sector, que tiene confianza" con los vecinos, en detrimento de las opciones "duras", como "poner carpas y que la UME se encargue de las labores". Eso, señala, genera "menos empatía". La idea de Maeztu, que conoce el terreno, es clara: es mejor ir por las buenas, se consigue más y se estropea menos. La cuestión está abierta en Madrid. Allí el Gobierno de la comunidad ha pedido al Ejecutivo central que la Unidad Militar de Emergencias (UME) intervenga en la Cañada Real y el poblado de Las Sabinas para garantizar el respeto al confinamiento.

Economía informal

La Apdha hace lo posible por sacar el tema del debate policial. El problema es que puede haber un "conflicto social", señala en su comunicado. No es sólo que, como en la anterior crisis, los pobres sean los primeros en sufrir. Es que, además, su actividad está vinculada fundamentalmente a la "economía informal", que se queda "al margen de las ayudas del Gobierno", según esta ONG: "¿Qué va a ocurrir con las empleadas de hogar, las cuidadoras de dependientes, las empleadas en la venta ambulante, la recogida de chatarra [...]? Sin disponer de otro soporte familiar, sin poder acogerse a ERTE o paro retribuido, dependerán de los burocratizados e insuficientes recursos de unos servicios sociales recortados y colapsados”, añade.

El estado de alarma implica que la recogida de material de desecho, con carritos o con bicis, está prohibida. Cada una de estas actividades era un paliativo para los barrios más empobrecidos. También lo era el almuerzo de los niños en los comedores de los colegios, ahora cerrados. "Los vendedores ambulantes, los manteros, los que viven de mercadillos, de chapuzas... no tienen acceso a ayudas oficiales, ni a paro, ni a ERTE. No tienen ahorros. Y además, su entorno suele estar en situación similar", señala Óscar Milito, coordinador del área de Marginación de la Apdha, que señala que el "menudeo" en los entornos más deprimidos ha sido en ocasiones "un recurso para poder comer". En zonas así, reseña Milito, "hace falta mano izquierda, empatía y diálogo, y no mano dura, que no sirve de nada".

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla tenía registradas en el Polígono Sur, antes de esta crisis, 2.748 familias con ingresos mínimos o nulos. "¿Ahora? Es imposible de saber. Muchas más. A las limpiadoras, les han dicho 'no vengas'. Y no cobran nada", explica Rocío García, portavoz de esta plataforma. "La gente está tirando de asociaciones como Entre Amigos, Vencedores, Cáritas... Y hay vecinos que, si les sobra algo, están haciendo de comer para sus vecinos", añade.

Torreblanca (5.710 euros de renta media anual por habitante) también ha dado la voz de alarma. La asociación vecinal Torreblanca Unida señala que "son muchos los vecinos y vecinas cuyo único sustento venía de trabajos en lo que se conoce como economía sumergida, sin contratos y sin seguridad alguna o en el sector del trabajo doméstico". "Familias enteras en las que si no se trabaja no se cobra y, por tanto, tampoco se puede acceder a cubrir las más básicas necesidades". Y añade esta plataforma: "Estamos hablando de muchas familias, encerradas además en pisos de 45 metros cuadrados y sin recursos básicos, que o reciben apoyo de las administraciones en estos momentos, porque no pueden acceder a ninguna prestación social, o pueden terminar buscando salidas desesperadas ante la emergencia social. Mañana puede ser demasiado tarde".

La Plataforma Tres Barrios, que aglutina a numerosos colectivos de áreas pobres de la ciudad, señala que "la amplia existencia de trabajos de economía sumergida o carente de protección social han provocado ya en estos días situaciones muy difíciles en centenares de hogares que carecen de necesidades básicas". "Son numerosas las personas que han perdido todas sus fuentes de ingresos, en general fruto de trabajos informales suspendidos por el confinamiento: empleadas de hogar, vendedores ambulantes o personas que se dedican a trabajos esporádicos de albañilería o pintura, recogida de chatarra... Ninguna de ellas cobrará seguro de desempleo ni tendrá acceso a otras prestaciones sociales", añade. Esta plataforma añade un problema más: "El confinamiento ha limitado, cuando no interrumpido, las redes de apoyo mutuo de carácter familiar o asistencial. Muchas de estas familias tienen una composición extensa. Las condiciones de las viviendas, la mayoría con menos de 50 metros construidos, con ventanucos estrechos, sin ascensor, con problemas de habitabilidad por falta de mantenimiento, muchas en estado casi ruinoso, hacen aún más insoportables las incomodidades en una situación de hacinamiento familiar con ancianos y menores".

Instituciones "superadas"

Hay una asociación que reúne organizaciones de las zonas más deprimidas de Andalucía. Se llama Barrios Ignorados. Su presidenta, Lola Contreras, habla con tono indignado y pide atención: "Las medidas a nivel estatal están pensadas para la economía formal. Pero, ¿y las familias que viven al día? Llevamos ya casi tres semanas de confinamiento y ahora la Junta de Andalucía saca una renta mínima para 5.000 familias. ¿5.000 familias? Es una ridiculez. Esto es como si a un enfermo de coronavirus que llega a la UCI lo mandas a casa con una tirita". La presidenta de Barrios Ignorados alerta de que, sin paliativos efectivos, será difícil mantener el confinamiento, lo cual a su vez provocará contagios. Puede ser una pescadilla que se muerde la cola. Es una incógnita cómo está de extendido el virus en estos barrios. La Junta de Andalucía no ofrece esos datos. En Cataluña, donde los datos sí han sido pormenorizados, la conclusión es que el coronavirus se ceba con las zonas más pobres y con mayor hacinamiento.

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Contreras ve a los ayuntamientos completamente "superados" por la situación. Maeztu repara además en una dificultad añadida que suele pasar inadvertida: en muchas familias, las de menor nivel sociocultural, "entrar en una web de una consejería, o pedir información por teléfono", es una posibilidad que se escapa, en palabras del Defensor del Pueblo. Las administraciones han de tomar la iniciativa. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Sevilla, la ciudad de los seis barrios en problemas? Preguntado por infoLibre, un portavoz señala que acaba de iniciar un plan extraordinario de emergencia dotado con 400.000 euros para distribución de alimentos y suministros básicos. En la última semana se han contabilizado hasta 2.000 hogares que han demandado apoyo para la adquisición de estos suministros básicos, señala el consistorio. Además, recalca que ha acordado con la Junta un programa de garantía alimentaria para 1.500 familias, aunque ampliable. Está garantizado por el ayuntamiento que no habrá cortes de luz, gas, ni agua, ni tampoco desahucios de viviendas sociales. Todo esto se suma a programas ya en marcha de entregas de lotes de comida. El Gobierno local no está de brazos cruzados. Pero la ayuda tampoco alcanza para disipar la situación crítica.

Asentamientos

Más puntos delicados. Médicos del Mundo y Cáritas han iluminado lo que ocurre en los asentamientos de inmigrantes que trabajan en Andalucía, fundamentalmente en Almería. "Miles de migrantes siguen al pie del cañón recogiendo los alimentos de la huerta de Europa, Almería. Lo hacen sin las medidas de protección adecuadas", señala Médicos del Mundo. "Las infraviviendas que habitan se convierten en un potencial foco de contagio por las condiciones en las que viven; desde la insalubridad por la falta de canalizaciones para la evacuación de agua y de acceso a agua potable, a las deficiencias en la ventilación o la calefacción. Los sitios donde habitan suelen ser cortijos entre invernaderos, pisos compartidos en donde viven de manera hacinada, naves abandonadas, y sobre todo chabolas construidas con maderas y plásticos, etc, muchas veces, sin luz ni agua potable", añade esta ONG.