Condecoraciones intactas y víctimas indignadas: la impunidad que sobrevivió a Billy el Niño

La pandemia deja escrito un nuevo capítulo, otro más, sobre la impunidad de los crímenes del franquismo. El coronavirus puso fin este jueves a la vida del expolicía de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Se fue con un currículum oficial impoluto, plagado de condecoraciones y reconocimientos de todo tipo obtenidos durante los últimos años de la dictadura y los primeros compases de la democracia. Sin que su historia y sus fechorías en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol hayan sido nunca puestas ante los ojos de un tribunal. Sus víctimas, las que vivieron en sus carnes los golpes, los insultos y las humillaciones, no lo celebran. Sin condena, dicen, no hay reconocimiento y todo queda reducido a supuestas torturas. La muerte del exagente de la Político Social vuelve a evidenciar la incapacidad de una democracia como la española de saldar en tiempo y forma la deuda de verdad, justicia y reparación que tiene con las víctimas del franquismo desde hace más de cuatro décadas.

Juan Antonio González Pacheco no vivió la Guerra Civil. Sin embargo, supo encontrar rápido su sitio en la Administración franquista. Nacido en la pequeña localidad de Aldea del Cano, el cacereño consiguió ingresar en la Academia del Cuerpo General de Policía en septiembre de 1969 tras un par de intentos de previos de encarrilar su vida –primero estudiando Medicina y luego intentándolo como militar–. “También en la escuela ocupó uno de los últimos puestos de la promoción. Por esa mala puntuación, teóricamente, no se puede quedar en Madrid. Pero, los ‘amigos’ hacen el milagro y una fulgurante carrera espera al policía González Pacheco, y no por los estudios sino, en opinión de algunos de sus colegas, por las convicciones políticas. Su adhesión al régimen de Franco es inquebrantable y sus vinculaciones con elementos de extrema derecha, al parecer, notorias”, recogía la revista Cambio 16 en julio de 1979. Con esas credenciales, en diciembre fue nombrado oficialmente subinspector de segunda clase. Su destino, la Brigada Político-Social. Su misión, reprimir a la oposición antifranquista.

La carrera del entonces joven policía arrancó entre las cuatro paredes de la DGS. Sin embargo, se sentía más cómodo merodeando por los bares y pasillos de la Universidad Complutense de Madrid, donde se cocinaba a fuego lento cualquier acción de los colectivos antifranquistas. Allí se ganó entre los estudiantes y activistas el mote de Billy el Niño. Por su “facilidad para desenfundar” el arma, por su “chulería”, por sus brutales técnicas de interrogatorio. Pronto se convirtió en uno de los hombres fuertes del comisario Roberto Conesa, otra de las bestias negras para la oposición al régimen. Y de su mano continuó con su andadura tras la muerte del dictador. Con la Brigada Político Social disuelta en 1976, pasó a formar parte de la Brigada Central de Información haciéndose cargo del denominado grupo anti-Grapo. Fue en esa etapa cuando comenzó su ascenso meteórico. Una luz que se empezó a apagar en 1980, cuando se le apartó de Antiterrorismo y se le envió a la Comisaría General de Policía Judicial. En 1982, abandonó su vida como policía y emprendió su camino en la empresa privada.

Casi cuatro décadas después de su salida del Cuerpo, González Pacheco ha fallecido sin que ningún tribunal haya sido capaz en democracia de juzgar las acusaciones que siempre han pendido sobre él. De hecho, la única vez que se vio en apuros en suelo español fue unos meses antes de su salida de Antiterrorismo. En 1979, fue llamado hasta en tres ocasiones por el juez que instruía el caso del asesinato de los abogados laboralistas en la calle Atocha para explicar su presunta relación de amistad con uno de los procesados, José Fernández Cerrá. A pesar de los intentos para esquivar a la justicia, finalmente tuvo que prestar una primera declaración que vino seguida de un careo con dos de los imputados para aclarar las contradicciones puestas de manifiesto. El expolicía salió airoso y con el respaldo de sus compañeros, que incluso llegaron a organizarle una cena-homenaje para denunciar una supuesta campaña de ataques orquestada por parte de algunos medios de comunicación.

La ausencia de Billy el Niño en el banquillo de los acusados no es fruto, precisamente, de la inacción de sus víctimas. De hecho, son ellas las que han batallado para que su nombre no terminase cayendo en el olvido. El paso más importante en esta línea lo dieron en abril de 2010 con la famosa querella argentina. La primera victoria llegó en 2013, cuando la jueza federal María Servini ordenó la detención internacional y extradición del expolicía. Sin embargo, se encontraron con el infranqueable muro español. La Audiencia Nacional rechazó enviarle hacia Buenos Aires al considerar que los delitos que se le atribuían habían prescrito, rechazando tajantemente que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad –no caducan– al no formar parte de un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”. El Ministerio Público, por su parte, también se colocó al lado del acusado. Incluso la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal llegó a enviar una instrucción a las fiscalías provinciales en la que daba instrucciones de no colaborar con la justicia argentina.

“Se ha ido sin haber pasado por un juzgado”e ha ido sin haber pasado por un juzgado

Sin sentencia de ningún tipo ni relato de hechos probados, las únicas referencias sobre las torturas de González Pacheco son las que aportan las propias víctimas. Le recuerda bien Lidia Falcón, a quien mientras le machacaba el estómago a puñetazos le gritaba “ya no parirás más, puta”. O Luis Miguel Urbán: “Me metió una pistola en la boca y apretó el gatillo. Fue una simulación de ejecución. Lo hacía mucho”. También lo sufrió Chato Galante, fallecido hace sólo unos días y que en su declaración ante la justicia argentina relató con todo lujo de detalles las torturas a las que había sido sometido tras su detención en febrero de 1971. Fue colgado de las muñecas para servir a los policías de “saco de golpes en sus prácticas de karate”. Se le aplicó la bañera, consistente en meterle la cabeza en “aguas nauseabundas” hasta “casi ahogarle” y repetir la operación “sucesivamente hasta que perdía el conocimiento”. Pero de lo que más le costó recuperarse fue de los golpes recibidos en los genitales “con porras o vergajos”. “Durante meses orinó sangre y coágulos”, recoge un auto de la jueza Servini.

Luis Suárez, que en 1973 estuvo durante tres días en sus manos, tampoco se olvida de un tipo que “cuando torturaba, le gustaba resaltar”. Por eso cuando descuelga el teléfono pocos minutos después de conocerse el fallecimiento se muestra “cabreado”. “Yo no quería ni que muriera ni que sufriera, algo que me diferencia de él. El problema de estos crímenes no se soluciona con el fallecimiento del criminal, sino con la condena. Y se ha ido sin haber pasado por un juzgado”, asevera Suárez en conversación telefónica con infoLibre. No entiende cómo es posible que en un Estado de derecho en pleno siglo XXI no se siente a un “torturador” en el banquillo de los acusados. Y lamenta que esta impunidad pueda terminar empañando la historia alrededor de González Pacheco. “Era necesaria una sanción para que nadie pudiera decir que no se habían producido torturas al no haber sentencias al respecto”, desliza. Esto último es, justamente, a lo que se agarró el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido hace justo dos años.

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Tampoco celebra la muerte Felisa Echegoyen, quien no se enteró de la noticia hasta que volvió del paseo diario que le permite la nueva fase de la pandemia. “Tengo que mover el cuerpo y no me llevo el teléfono”, explica entre risas. Y dicho esto, pasa a la acción. “En este país los criminales quedan impunes”, apunta la exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria detenida y torturada durante tres días en octubre de 1974. Sin justicia en España, Kutxi, como la conocen los amigos, llevó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado mes de octubre. Esa vía era una de sus últimas esperanzas. “Con la muerte, esto también se nos descuelga”, dice. Sin embargo, a pesar de no haber obtenido el reconocimiento que buscaban en los tribunales, Echegoyen trata de animarse buscando “otros apoyos”. “La historia de alguna manera ya lo ha juzgado. Creo que eso sí que lo hemos conseguido, que su nombre aparezca vinculado a lo que realmente fue: un torturador del franquismo”, asevera a este diario.

González Pacheco se fue sin reproche penal alguno, con sólo un par de multas ridículas que se le impusieron en los últimos años del franquismo por malos tratos o coacciones, y con un expediente cargado de reconocimientos y condecoraciones que nunca le han sido retirados. A día de hoy, en la pechera de su uniforme siguen colgando una Cruz al Mérito Militar con distintito blanco y cuatro medallas al Mérito Policial –dos de Plata y dos con distintivo rojo– que le han reportado un plus del 50% sobre su pensión vitalicia. El Gobierno se comprometió a quitárselas, algo que hasta la fecha no se ha cumplido. Primero había que estudiar el caso detenidamente. Luego, la imposibilidad de sacar adelante su reforma de la Ley de Memoria Histórica bloqueó todo el proceso. “Se ha ido con toda la libertad, impunidad y honores”, critica Suárez. Es el final de una de las leyendas más negras de la policía franquista. Es otro ejemplo más del fracaso del Estado en la reparación de las víctimas. Pero la muerte de González Pacheco no supone el final del camino. Todavía, a día de hoy, sigue habiendo víctimas. Y verdugos.