El caso Matesa, el gran escándalo de corrupción de la dictadura

El caso Matesa fue el primer gran escándalo de corrupción del franquismo. La empresa textil de Juan Vilá Reyes, conocida como la primera multinacional española, se benefició de 10.000 millones de pesetas en créditos para exportaciones que después resultaron falsas. El caso, destapado en 1969, fue utilizado por los falangistas como la excusa perfecta para desacreditar al sector aperturista del Opus Dei en un momento en el que la continuidad de la dictadura era cada vez más vulnerable.

¿Qué pasó?

1969 acogió entre sus curvas al verano del amor. La euforia hippie y la llegada de Neil Armstrong a la Luna marcaron el final de una década de optimismo que terminó con los asesinatos de Charles Manson en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, un empresario catalán vivía un verano completamente distinto. Se trataba de Juan Vilá Reyes, propietario y fundador de la empresa textil española Matesa, que fue detenido el 28 de julio de 1969 por el mayor escándalo de corrupción del franquismo.

Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España, S. A.) llevaba en funcionamiento desde 1956, y había sido acogida por el sector más aperturista del régimen como adalid de los cambios que habían introducido los tecnócratas y el Plan de Estabilización de 1959. La presentaron como la primera multinacional española, que había alcanzado el éxito fuera de nuestras fronteras gracias a su telar sin lanzadera. Matesa fundó numerosas filiales en varios países y se vanagloriaba de sus supuestas exportaciones masivas.

La empresa de Vilá Reyes se había beneficiado de créditos oficiales por valor de 10.000 millones de pesetas, pero al menos "dos tercios de las exportaciones eran falsas", según apunta el historiador Fernando Jiménez. Como consecuencia, Vilá Reyes permaneció seis años en prisión provisional acusado de estafa y falsedad en documentos mercantiles, hasta conseguir la amnistía de manos de Juan Carlos I en 1975. Matesa fue embargada y siguió funcionando, bajo administración judicial, hasta 1983. Pero la verdadera importancia de este caso radica en su rama política.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El caso Matesa salió a la luz tras la denuncia que Víctor Castro Sanmartín, director general de Aduanas, presentó contra la multinacional en el Tribunal de Delitos Monetarios el 17 de julio de 1969. Acusaba a Vilá Reyes de deber al Estado una cantidad por valor de 10.000 millones de pesetas —al cambio, unos 1.400 millones de euros actuales—, que había solicitado como préstamos oficiales para la exportación de sus telares sin lanzadera. Además, Matesa también se había beneficiado de un 11% de desgravación fiscal. Sin embargo, esas exportaciones masivas no eran reales. Ante el fracaso de su producto en el exterior, eran las filiales de Matesa las que terminaban adquiriendo los telares, en un proceso de falsa venta que les permitía seguir a flote a costa de los créditos del Estado.

Vilá Reyes fue detenido junto a su hermano y su cuñado, también directivos de la empresa, el 28 de julio de 1969. Pero la verdadera importancia de la crisis recae en la contienda política. Al nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, se le sumó la corrupción empresarial de Matesa. La multinacional era el paradigma del aperturismo de los tecnócratas, el bando de ministros economistas pertenecientes al Opus Dei que se habían incorporado al gobierno del régimen en 1957. Desacreditarla era favorable a sus contrarios políticos, los falangistas, el brazo militar y más conservador del franquismo.

De hecho, Jiménez apunta que las causas del régimen para apostar por Matesa fueron políticas desde el principio. El producto de Vilá Reyes era nuevo y su exportación estaba repleta de riesgos, pero el empresario era también un hombre popular tanto fuera como dentro del país. Además del negocio textil, Vilá Reyes era amigo de Giscard d'Estaing, el entonces presidente de Francia, había participado económicamente en la campaña presidencial de Nixon, era presidente del club de fútbol Español y cercano al Opus Dei —aunque siempre desmintió su pertenencia directa—.

Por todo ello, el plan inicial de Franco al descubrirse la falsificación de exportaciones era "apartar" a Vilá Reyes de la empresa e "incautarla", según queda registrado en el "Informe sobre situación de Maquinaria Textil del Norte de España, S. A. y acuerdo sobre medidas a adoptar", redactado por el Ministerio de Hacienda en julio de 1969. Sin embargo, los intereses políticos y la relevancia que se le dio al caso en los medios impidió esta estrategia de discreción.

El 14 de agosto, apenas dos semanas después de las detenciones, fueron destituidos los responsables de la entidad que había concedido el dinero a Matesa, el Banco de Crédito Industrial (BCI). Además, se ordena una comisión de investigación en las Cortes, que se saldó con una reforma de las mismas y la llegada del conocido como "gobierno monocolor" —formado en su mayoría por tecnócratas— en el mes de octubre.

Franco sacó del Gobierno a Fraga y José Solís, por parte de los falangistas, y a Faustino García Moncó, Juan José Espinosa San Martín y Mariano Navarro Rubio, por parte de los tecnócratas. Estos tres últimos fueron después juzgados por el Tribunal Supremo por negligencia, pero, antes de que pudiera haber sentencia y sin que lo hubieran solicitado, Franco les concedió el indulto.

Esta acción sorprendente —e ilegal— acogía también a Vilá Reyes, pero no le libró de la carga penal. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 223 años de prisión por delitos de estafa y falsedad en documentos mercantiles, además de una multa de 9.500 millones de pesetas. No obstante, solo cumplió seis años de privación de libertad, ya que el rey Juan Carlos I lo indultó en 1975, apenas unos meses antes de que el Tribunal Supremo ratificara su culpabilidad, ya sin efectos prácticos.

Hasta 1983, Matesa continuó su actividad productiva bajo administración judicial. En marzo de ese año fue subastada por 66.000 pesetas y repartida entre los miembros de una sociedad laboral formada por antiguos trabajadores.

¿Cómo se informó de ello?

Manuel Fraga, ministro de Información y artífice de la ley de prensa de 1966, y José Solís, ministro-secretario general del Movimiento, fueron dos de los políticos más comprometidos con la caída de Matesa. Bajo su permiso implícito, fue posible una libertad informativa hasta entonces impensable en el franquismo. Los medios del Movimiento se volcaron en la desacreditación de la empresa de Vilá Reyes, mientras que los demás analizaban sin pudores sus trapos sucios.

Entre la prensa falangista, destaca el caso de Diario SP, que habló de Matesa como "uno de los affaires mayores de nuestra historia económica" y se afanó en culpabilizar de todo a los tecnócratas del Opus. Una semana antes de cerrar "por problemas financieros", este diario pidió directamente la dimisión de los ministros económicos.

El 13 de agosto de 1969, ABC publicó un editorial en el que habla de las "evidentes repercusiones económicas e, incluso, políticas" que entrañaba el escándalo. Se atrevieron a exigir responsabilidades por parte del gobierno, afirmando que "el país —y con él nosotros— pide conocer la versión auténtica de lo sucedido". Esta inusitada libertad de prensa quedó registrada en el análisis de Nuevo Diario, en el que se escribió: "El hombre de la calle, espectador mudo y asombrado (...) adivina que, en el fondo, se está ventilando una durísima y nada académica lucha por el poder".

Si el caso Matesa se convirtió en toda una crisis para la dictadura franquista fue precisamente por el factor mediático. Al dejar que la prensa elucubrara sobre la materia libremente, se puso en marcha la maquinaria de construcción de la opinión pública que vio, por primera vez con claridad, la fractura del franquismo. Uno y otro bando se disputaron la posesión de la verdad sobre el caso y debatieron públicamente sobre la consiguiente depuración de responsabilidades. Todo ello inaudito en un régimen autoritario.

Este descanso de la censura franquista terminó antes de que Franco concediera su indulto, ya que ninguno de estos diarios se pronunció al respecto, a pesar de la vehemente defensa de la justicia que habían hecho apenas dos años atrás. Solo la revista Cuadernos para el diálogo publicó un análisis del caso, pero se amparó en "una perspectiva exclusivamente científico-jurídica" y aclaró que no pretendían faltar al "respeto a la persona del legislador", protegiéndose así ante posibles represalias.

¿Qué consecuencias tuvo?

El destape del caso Matesa por parte de los falangistas tenía como objetivo reforzar su grupo en el gobierno franquista y menoscabar la reputación de los economistas tecnócratas. Sin embargo, consiguieron lo contrario. Dos de las caras más visibles del movimiento contra Matesa, Fraga y Solís, fueron apartados del Ejecutivo y, en octubre de ese mismo año, las Cortes se transformaron en territorio casi enteramente tecnócrata —el llamado "Gobierno monocolor"—. En parte, gracias a que los cercanos al Opus Dei contaron con el apoyo de Carrero Blanco, que no dejaba de ascender y ascender en el poder.

Los tres exministros que pasaron por la vía judicial se vieron exonerados por el indulto de Franco, que llegó antes incluso que la condena y sin que hubiera sido solicitado por las partes. Eso sí, poco antes Vilá Reyes había amenazado por carta a Carrero Blanco con desvelar una lista de miembros del Gobierno que habían evadido divisas en el extranjero. El propio Vilá Reyes continuó en prisión hasta que le fue concedida la amnistía del rey Juan Carlos I en 1975. Tanto él como su hijo han defendido hasta la actualidad la supuesta legalidad de las acciones de la empresa.

Por otro lado, en 1984 se cometió el asesinato de Jean de Broglie, diputado y aristócrata francés fundador de la filial luxemburguesa de Matesa, Sodetex. Tanto Le Monde como un documental de la televisión gala vincularon su muerte con el impago de Sodetex al negocio de Vilá Reyes. Sin embargo, el hijo de este lo ha desmentido en varias ocasiones y ha achacado el asesinato a "rencillas entre mafias francesas".

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El caso Matesa fue solo la punta visible de un iceberg de problemas que la dictadura llevaba años acumulando: el deterioro físico y mental de Franco, las tensiones crecientes entre falangistas y tecnócratas, la elección de Juan Carlos de Borbón como heredero de la dictadura. Con el cambio de gobierno de octubre de 1969, se intentó cerrar todas las fracturas del régimen. Para Carrero Blanco fue todo un éxito porque, gracias a ello, el caso Matesa "no podrá nunca pasar a la Historia como la ‘crisis Matesa’, que representaría un estigma para el Régimen, por afectar a más personas de las afectadas por este lamentable asunto". Se refería, cómo no, a esa reorganización del gabinete, que había expulsado del Ejecutivo tanto a personalidades vinculadas con la polémica como completamente ajenas.

No obstante, el militar franquista andaba bastante desencaminado. El caso sí ha trascendido como una de las mayores crisis políticas del franquismo, una que desmonta punto por punto aquel mito de que con Franco no había corrupción. En palabras del historiador Paul Preston, "hay pocas naciones a las que la corrupción no haya manchado" y, en el caso de la dictadura, esa corrupción fue "institucionalizada".

Según Jiménez, es común en casos similares que la opinión pública —ciudadanos, medios de comunicación e, incluso, fuerzas políticas— exijan responsabilidades políticas y no solo legales, como ocurrió con Matesa. La diferencia en este caso es que lo que sucedió en 1969 lo hizo en el marco de una dictadura, por lo que cualquier sentido de justicia real queda descartado. Así lo demostraron tanto la comisión de investigación, que no tenía poder real de fiscalización del gobierno porque no era independiente, como la actuación final de Franco al conceder el indulto a los exministros. Esto último "dejó claro", a ojos del investigador, "el lugar central y el papel imprescindible que jugaba en el régimen" el dictador y, por contraparte, la debilidad propiciada por las luchas internas que dejaría a su muerte.