El Poder Judicial deniega su amparo al juez de 'Gürtel' que denunció un ataque mediático como "represalia"

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, ha denegado su amparo al magistrado José Ricardo de Prada, que esta semana denunció ser objeto de una campaña mediática tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel.

Miembro del tribunal que ya en 2018 condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la trama y certificó la existencia de la caja B, el magistrado considera que tres medios  –Abc, La Razón y El Mundo– han actuado de forma "coordinada" y como "represalia" por su actuación en ese caso. Y que lo hicieron para "socavar" una resolución judicial, la de la Audiencia, "desfavorable a los intereses que representan". La sentencia del Supremo confirma tanto la condición de beneficiario económico del PP –que nunca implicó una condena penal– como que hubo caja B.

El Consejo, que permanece bajo dominio conservador a punto de cumplirse dos años de que expirase su mandato, considera que para la concesión de amparo "no basta, a los efectos de esta institución, con expresiones o conductas irrespetuosas o reprobables". Es preciso –añade el informe jurídico que proponía inadmitir la petición de De Prada–, que tales conductas reprobables "revistan entidad objetiva para lesionar el valor de la independencia juicial".

Y eso, sostiene el equipo capitaneado por Carlos Lesmes, no se ha producido. "Las expresiones vertidas en los medios de comunicación aludidos por el solicitante en amparo y el hecho de que las mismas respondan a la personal y discutible opinión de quien ejerce el derecho a la libertad de expresión no revisten rasgos objetivos suficientes para influir en el modo de aplicar el Derecho por parte de un integrante del Poder Judicial".

Tres vocales (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda) han formulado voto particular, ya que eran favorables a la admisión a trámite de la petición de amparo de De Prada para su tramitación posterior, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

Un magistrado con al menos un juicio de 'Gürtel' pendiente

Varias piezas del caso Gürtel, entre ellas la centrada de forma exclusiva en la caja B, siguen pendientes de juicio. De Prada estará, al menos, en el tribunal que juzgará la pieza sobre los delitos vinculados al municipio madrileño de Boadilla. Pero cabe la opción de que regrese al de la primera parte de la caja B, cuya vista oral se celebrará en febrero de 2021 y en la que se resolverá sobre los pagos en negro para la reforma de la sede central del PP y la compra de acciones de Libertad Digital.

¿Por qué puede reintegrarse en ese tribunal? Porque fue recusado bajo el argumento de que la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018 había incurrido en excesos sobre dicha caja B. Pero el Supremo ha confirmado que la Audiencia "contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable". Eso significa que se abre ahora la posibilidad de que alguna de las acusaciones pida la nulidad del auto que apartó del tribunal a De Prada.

En el escrito donde el pasado día 19 pidió amparo, De Prada reclamaba al órgano de gobierno de los jueces que requiera a los diarios Abc, La Razón y El Mundo para que "de inmediato" cesen en lo que el magistrado califica como una actuación "perturbadora" de su independencia judicial. ¿Se refiere De Prada a que lo sucedido ahora puede perturbar su independencia en las piezas de Gürtel pendientes y en cuyo enjuiciamiento participe? Su escrito no hace ninguna mención a ello. Pero la incógnita permanece irresuelta.

Su segunda petición consistía en que el Consejo instase a los citados medios a incluir "una rectificación" de las informaciones que De la Prada describe así: "Vejatorias de mi persona, prestigio profesional, que afectan al derecho a mi indemnidad profesional y que, excediéndose de la sana y razonable crítica de las resoluciones judiciales y del derecho a la libre información veraz son atentatorias de mi independencia judicial".

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En la misma reunión de este jueves, la comisión permanente ha tomado conocimiento del escrito remitido por otro magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que hablaba de una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación en redes sociales a raíz de solicitar al Tribunal Supremo que abra causa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por la conocida como pieza Dina del caso Villarejo.

El órgano de gobierno de los jueces ha acordado quedar a la espera del resultado de las investigaciones policiales abiertas tras la denuncia que presentó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

En este caso, otros tres vocales (Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya) han presentado voto particular, pues eran partidarios de que el CGPJ se pronunciara sobre la "importancia del respeto a la autoridad judicial, tal y como recoge el Derecho europeo.