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Crisis del coronavirus

Sanitarios, mayores y personas de riesgo: unanimidad de los expertos para priorizar quién debe 'estrenar' la vacuna

Un hombre pasea frente a la sede de la farmacéutica Pfizer, este lunes en Nueva York (Estados Unidos).

La vacuna contra el covid-19, el único antídoto capaz de frenar la pandemia que la ciencia lleva buscando desde marzo como si fuera el santo grial, ya se ve más cerca. Pfizer y Biontech anunciaron este lunes que su vacuna es eficaz "en más del 90%". "Con las noticias de hoy, estamos un paso significativo más cerca de brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial", dijo el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. La noticia provocó un optimismo desbordado —que, además, también se contagió a las bolsas (el Ibex 35 subió un 8,57%)— y los primeros anuncios de los países interesados en comprar la inmunidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este martes que espera que "esta semana o la próxima" se pueda firmar un contrato con ambas empresas para adquirir la futura vacuna. "Si todo fuera muy bien", dijo, a finales de 2020 podría empezar a llegar. En el peor de los escenarios sería a principios de 2021. Podrían ser, según los cálculos del Gobierno, 20 millones de dosis que servirían para inmunizar a 10 millones de personas. Pero, ¿a quiénes?

El horizonte no está todavía del todo despejado. Aún no se conocen los detalles exactos de la vacuna —tan sólo se han anunciado los resultados a través de una nota de prensa—, por lo que no se pueden sacar conclusiones sobre a qué sectores de la población protege más o menos ni sobre si es o no necesario repetir la vacunación para que sea completamente efectiva. A esas dudas se suma un problema logístico. Raquel Carnero, farmacéutica, delegada de Farmamundi en Castilla y León y coautora —junto con Luis Marcos— del libro Vacunando, ¡dos siglos y sumando!, apunta a que la vacuna debe conservarse a -70 grados, algo que complica necesariamente su transporte. "Eso es un reto enorme", asegura. Aun así, el anuncio ha traído más blancos que negros.

Illa ya ha afirmado que la vacuna, en principio, no será obligatoria. Y que será gratuita. Ahora bien, preguntado sobre quiénes la estrenarán, se muestra más cauto. Tal y como afirmó este martes en una entrevista en TVE, eso se decidirá "con criterios técnicos". "Nos vamos a guiar por lo que digan los expertos (...). Pero lo lógico y lo normal es que se empiece por los grupos más vulnerables, así como los grupos que están en contacto con los vulnerables, como el personal sanitario", apuntó. Los expertos consultados por infoLibre están de acuerdo con la decisión. "Son los que están en primera línea", señala Carnero. "Vamos escasos de manos, los sanitarios nos hacen falta. Tendremos que priorizarlos seguro", coincide Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología. Y junto a ellos, ¿quiénes?

El Johns Hopkins Center for Health Security ha elaborado un documento marco para establecer criterios que orienten sobre cómo distribuir la vacuna y a quién asignarla mientras su suministro esté limitado. El texto se basa en tres principios: el bien común —porque el objetivo es limitar las muertes y promover el bienestar—, la justicia y equidad —que conlleva asegurar el acceso a la inmunidad a todas las personas que forman parte de un grupo prioritario— y la legitimidad —porque la elección de esos grupos debe ser "transparente, confiable y aceptable socialmente", tal y como recoge el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

El organismo establece dos niveles de prioridad. En el primero coincide con Illa y con los expertos consultados por este diario: son los sanitarios. Pero les acompañarían los trabajadores esenciales —los destinatarios de los aplausos de las 20 horas que se producían cada día en el confinamiento, a excepción de las fuerzas de seguridad, que generalmente son individuos jóvenes y sanos— y aquellas personas que si contrajeran el covid tendrían más posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o, incluso, de fallecer. En resumen: los mayores y las personas con enfermedades crónicas previas como, dice Domínguez, problemas respiratorios, cardíacos o de diabetes. "Lo primero que queremos es reducir las hospitalizaciones y las muertes, así que sería razonable que la intervención inicial sea sobre población vulnerable y sobre los sanitarios", dice Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. "Por qué vas a vacunar a los que pueden transmitir el problema cuando puedes vacunar a quienes pueden desarrollarlo", se pregunta.

En la segunda escala, según el Johns Hopkins Center for Health Security, estarían los profesionales sanitarios que no necesariamente atienden a pacientes covid y los farmacéuticos, los residentes en lugares con peor acceso a centros sanitarios, los profesionales de los sectores de producción y distribución de industrias, medios de comunicación, policía y bomberos, además de personas que viven en lugares pequeños o con mucha densidad de población, refugios, centros de acogida y prisiones.

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Pero lógicamente esto es solo una proyección. La prioridad inmediata está clara, pero la secundaria —e incluso terciaria— es la que habrá que ir definiendo, algo que se hará a medida que se vaya viendo la velocidad a la que llegan las dosis y los efectos reales que tenga sobre la población, señala García Rojas. Y es que, según Carnero, no todas las dosis llegarían a la vez. Ni de manera continua, seguramente. "No nos van a llegar directamente 10 millones a nosotros los primeros. Llegarán poco a poco, en un primer momento serán muchas menos", dice.

En cualquier caso, existe experiencia con otras vacunas que podría emplearse para la que combata el covid-19. "Podemos hacer lo mismo que con la vacuna de la gripe, que se recomienda a personas que tienen riesgo de ser hospitalizadas, de requerir cuidados intensivos o de morir en caso de contraer la enfermedad", dice Domínguez, que también señala que es conveniente inmunizar a aquellas personas que tratan con este tipo de personas, como empleados de geriátricos, convivientes de personas de la tercera edad o incluso a los más jóvenes, los posibles transmisores a los mayores

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), explica cómo es el proceso para decidir la priorización de los que reciben la vacuna de la gripe. Según cuenta desde el otro lado del teléfono, lo primero que se hace es debatir, en el seno de la Unión Europea, quiénes son los grupos prioritarios. Esos criterios, una vez unificados, se trasladan a la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) formado por los representantes de las comunidades autónomas que, con el visto bueno de la comisión de salud pública, lo aprueba. "Yo creo que ahora se seguirá ese procedimiento habitual", dice Hernández, que comparte la necesidad de que los sanitarios estrenen la vacuna. España, según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), es el quinto país de la UE con más mayores de 65 años vacunados de la gripe. En 2017 lo hizo un 55,7%, frente al 44,3% europeo.

Falta todavía tiempo para elaborar el plan que determine cómo se vacunará contra el covid-19, lo que ha servido al PP para criticar al Gobierno. Este martes, después de la entrevista de Illa, la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, instó al Gobierno a "dar un paso al frente y decidir con qué criterios se va a distribuir" la vacuna "para administrarla cuanto antes". "Si hay criterios sobre la vacuna de la gripe tienen que estar elaborados ya esos protocolos. El Consejo Interterritorial que es quien tiene las competencias tendría que estar preparándose y el Gobierno reunido con las comunidades para administrarla cuanto antes, porque hablamos de salvar vidas", dijo. Lo importancia es que las comunidades autónomas no se sientan desbordadas, añadió.

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Todavía existen dudas sobre la fórmula que determinará cómo se repartirá la vacuna entre ellas, pero este mismo martes la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se mostró confiada en que se determinará en función de la "población diana" —la que primero debe inmunizarse— que hay en cada territorio. El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo aclaró además que se coordinará con las autonomías para efectuar el reparto, además de para crear un registro de vacunación que recoja quién ha recibido la vacuna. 

Algunos países como Francia ya tienen el plan listo. El país galo ha decidido exactamente lo que recomiendan los expertos: sanitarios y vulnerables serán los primeros en inmunizarse. Serían unos 30 millones de personas. Alemania también tiene algunos planes. Crearán centros de vacunación y el ejército ayudará en su distribución. Los sectores prioritarios, en su caso, serán las personas más vulnerables y, ya después, quienes les cuidan. En su caso, según ha dicho el Gobierno de Angela Merkel, hasta que el 60% no alcance la inmunidad no se volverá a la normalidad. Reino Unido seguiría la misma estrategia: los vulnerables serían los primeros en recibir la inmunidad, que podría llegar a ser administrada de forma masiva con, además de sanitarios, farmacéuticos o veterinarios.  Esos dos aspectos todavía no se conocen en España, que no ha aclarado ni quién ni dónde administrará esas vacunas.

El de Pfizer y Biontech el proyecto más esperanzador, pero tampoco es el último. La farmacéutica AstraZeneca, que tiene su proyecto también en Fase 3, ha demostrado haber desarrollado una vacuna que no sólo inmuniza a los más jóvenes, sino a también los más mayores. Junto a ella se encuentran otras iniciativas muy conocidas: la de Johnson & Johnson, que ha parado temporalmente su proyecto por la enfermedad de un participante; y la de Moderna

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