Cataluña tiene una incidencia de covid 60 veces superior a la que había cuando votaron vascos y gallegos en julio

Cuando aún queda un mes para la celebración de las elecciones autonómicas catalanas y en pleno debate abierto allí por los partidos políticos y en el seno del Govern acerca de la conveniencia o no de mantener o aplazar la cita con las urnas debido a la situación de la pandemia por la covid-19, las cifras de contagios no hacen más que aumentar y ya reflejan una incidencia acumulada de casi 524 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad el pasado lunes. En las últimas 24 horas ha habido más de 7.000 contagios y han muerto 86 personas.

Estos datos distan mucho de los que había en la otra cita electoral que tuvo lugar en plena pandemia de coronavirus, los comicios vascos y gallegos que se celebraron el 12 de julio de 2020, con tres meses de retraso debido a la primera ola de la epidemia. En el momento en que País Vasco y Galicia abrieron los colegios electorales el verano pasado, la incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes era de 7,79 y 8,85 casos, respectivamente, cifras 60 veces inferiores a la situación actual en Cataluña.

Cuando estos comicios autonómicos, que estaban previstos inicialmente para el 5 de abril de 2020, se suspendieron a mediados de marzo, la incidencia era de 10,82 casos en Galicia y 34,06 casos en País Vasco por cada 100.000 habitantes, pero hay que tener en cuenta que en aquella ocasión la situación en España era bien distinta: el estado de alarma acababa de entrar en vigor y el confinamiento era generalizado en todo el país. Ahora también hay estado de alarma vigente, pero las medidas restrictivas son algo diferentes, con apertura de comercios a ciertas horas y libre circulación de personas a excepción del tiempo de toque de queda.

Eso sí, en las últimas horas la Generalitat ha pedido al Gobierno que implante el teletrabajo obligatorio para reducir la movilidad. En la actualidad, existe en Cataluña un confinamiento perimetral y municipal y el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas. En lo que respecta a las medidas al comercio, se permite la apertura de aquellos con una superficie de hasta 400 metros cuadrados a un 30% de su aforo, y los fines de semana sólo podrán abrir aquellos establecimientos de productos esenciales, mientras que los centros comerciales permanecerán cerrados todos los días. Por otra parte, los catalanes solo podrán consumir en establecimientos de hostelería de las 7.30 a las 9.30 horas y de las 13.00 hasta las 15.30 horas, informa Europa Press.

Es inevitable que el precedente de las elecciones vascas y gallegas salga a relucir ahora que se plantea si la evolución del coronavirus es compatible con unas elecciones, sobre todo cuando España acaba de entrar en la tercera ola de la pandemia y cuando se están empezando a ver los efectos de las reuniones familiares durante las fiestas navideñas. Si bien es cierto que en julio, y sobre todo en marzo, la fotografía de la situación no era del todo completa porque se hacían muchas menos pruebas de detección, la realidad actual es que los contagios se están disparando. Según los datos del lunes, Cataluña tenía 2.445 pacientes de coronavirus ingresados y un 39% de sus camas de UCI ocupadas.

El viernes, decisión definitiva

Estas cifras y las nuevas restricciones han hecho que el debate sobre si es conveniente celebrar elecciones el próximo 14 de febrero esté sobre la mesa desde hace días. La Generalitat se había dado hasta el próximo 15 de enero para tomar una decisión, que sería bajo el paraguas de la mesa de partidos. Este martes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha vuelto a insistir en ello asegurando que el viernes se adoptará una decisión que será "definitiva", es decir, que ya no cabrá ninguna modificación, sea lo que sea lo que se adopte a pesar de que aún quedan más de cuatro semanas para la cita con las urnas.

Eso sí, Budó ha admitido que la situación sanitaria en Cataluña es "grave" y que esto debe hacer reflexionar sobre cómo afecta a los comicios. También ha advertido de que el escenario sobre la pandemia es incierto, porque ya hay tantos positivos que no se puede detectar el origen del contagio, y no prevé que para el inicio de la campaña electoral la situación haya mejorado: "Los datos en estos momentos nos hacen pensar que el 29 de enero no estaremos mejor que ahora".

La duda que planea ahora y que no existía cuando se planteaba suspender los comicios de Galicia y País Vasco es si la decisión que se tome, sea la que sea, contará con el consenso de los partidos. Ningún partido defiende taxativamente un aplazamiento y el PSC es el partido que más claro ha sido exigir al Govern que movilice los recursos necesarios para preparar el dispositivo electoral porque, en su opinión, no hay otra posibilidad que celebrar los comicios y no existe "ningún escenario epidemiológico" que prevea un confinamiento el 14 de febrero. Sin embargo, este martes el candidato socialista, el ministro Salvador Illa, ha evitado pronunciarse al respecto.

Para tomar una decisión con todos los datos en la mano, la portavoz de la Generalitat ha dicho que el viernes se pondrán a disposición de los partidos las cifras epidemiológicas y que escucharán lo que las fuerzas políticas tengan que decir, pero también ha sido muy clara: si no hay consenso, el Govern acabará tomando la decisión final, la cual, ha subrayado, se basará en criterios sanitarios y no políticos. Es más, Budó ha adelantado ya cómo cree que debería ser el decreto de aplazamiento, el cual debería incluir, a su juicio, una nueva fecha de convocatoria.

Objetivo, garantizar el derecho al voto: las diez medidas que la Generalitat ha tomado ya o podría impulsar para el 14F

Ver más

Vacío legal en la ley electoral

En los decretos de suspensión de los comicios vascos y gallegos no se plasmó ninguna fecha concreta para la futura votación. La parte del Dispongo era exactamente igual en las dos resoluciones que firmaron los presidentes Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo: "La convocatoria de elecciones al Parlamento se activará una vez levantada la declaración del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria. Dicha convocatoria se realizará en el plazo más breve posible, oídos los partidos políticos, y por decreto del presidente".

Aunque ambos dejaban claro que la legislación electoral no preveía cómo actuar en una situación así, en los dos documentos se hacía mención a la imposibilidad de hacer campaña electoral y a que el decreto del estado de alarma impedía la libre circulación de personas, ambas circunstancias impedimentos claros para celebrar unas elecciones en las mínimas condiciones. Tanto en el caso de Galicia como de País Vasco se contó con el informe favorable de las juntas electorales regionales, pero hasta el último momento planearon las dudas jurídicas acerca de si permitir o no ir a votar a personas enfermas de covid-19. La Junta Electoral Central avaló el criterio del Ejecutivo vasco y determinó que prima el "derecho a la vida" y evitar una propagación mayor del virus.