Marea de Residencias aportará a todas las causas judiciales abiertas las cartas de Reyero

"Una prueba fundamental que demuestra la discriminación sufrida por los mayores". Esa es en esencia la valoración que realizan las dos principales organizaciones de familiares de personas que viven en residencias de la Comunidad de Madrid, Marea de Residencias y Pladigmare, sobre las cartas de Alberto Reyero (Cs) desveladas este domingo por infoLibre. El entonces consejero de Políticas Sociales escribió dos misivas al principio de la pandemia al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), reclamando que se adoptaran medidas para impedir que miles de ancianos muriesen en la residencias sin recibir asistencia médica.

Las cartas de Reyero demuestran que el Gobierno de Ayuso no sólo prohibió mediante un Protocolo trasladar a los hospitales a residentes enfermos con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, sino que además descartó utilizar las vías alternativas que tenía para salvar vidas de los mayores. Esas vías eran medicalizar los geriátricos o trasladar mayores al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados, dos peticiones expresas que se realizaron desde Políticas Sociales y que Escudero descartó. En sus misivas, Reyero muestra su rechazo al Protocolo que impedía la derivación de mayores al hospital y advierte al consejero de Sanidad que ello incluso puede ocasionarles “problemas legales en el futuro”. [Ambos documentos se reproducen íntegros en estas dos informaciones: la primera carta del 31 de marzo y la segunda carta del 11 de abril]. 

"Las cartas nos parecen una prueba fundamental, que demuestran que la actitud del consejero de Sanidad fue delictiva. Es necesario investigar hasta el final y depurar las responsabilidades", indica Raúl Camargo, impulsor de la Marea de Residencias. Por ello, anuncia que su organización "aportará esas cartas a todas las causas judiciales abiertas. Creemos que es muy importante que se incorporen a esos procedimientos".

Marea de Residencias ha presentado cuatro querellas colectivas, que agrupan a familiares de mayores fallecidos durante la pandemia en geriátricos de Madrid capital, Leganés, Alcorcón y Getafe. Las iniciativas judiciales se dirigen contra los directores de los centros, pero también contra tres dirigentes políticos: la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia, Enrique López. Los querellantes acusan a todos ellos de delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante. El procedimiento fue enviado inicialmente al Tribunal Supremo, que lo derivó a los juzgados ordinarios para que investiguen y en caso de que detecten indicios de delito contra algún político aforado, entonces sí remitan la causa al órgano competente.

Raúl Camargo destaca que las cartas de Reyero son "la constatación de la denegación de auxilio a los mayores que se produjo en la Comunidad de Madrid, que ni fueron derivados a los hospitales, ni fueron trasladados a Ifema, ni fueron atendidos en las propias residencias. Tras la publicación de estos documentos, ya nadie puede alegar que el Gobierno de Ayuso desconocía la realidad de lo que estaba ocurriendo". En definitiva, concluye el miembro de Marea de Residencias, "las cartas confirman, como ya expusimos en nuestras querellas, la responsabilidad última de Ayuso. Es la máxima responsable como presidenta de la Comunidad de Madrid y permitió actuaciones con el resultado de miles de muertes". 

Por último, Camargo menciona otra cuestión que le parece incompresible: la actitud de la Fiscalía. "Tiene que actuar ya. No entendemos su actitud, lleva meses intentando que se archiven las querellas presentadas. O hay algún pacto político, o no se explica su postura". 

Solo en marzo y abril fallecieron 9.470 residentes en Madrid. En las tres semanas críticas de la pandemia, entre el 22 de marzo y el 10 de abril, murieron  5.343 ancianos en el propio geriátrico (el 84% del total en ese periodo) sin ser trasladados a un hospital y en la inmensa mayoría de los casos sin recibir tampoco atención médica en el centro donde vivían. Ninguna de las medidas que pedía Alberto Reyero en sus cartas fue puesta en marcha –ni se cambió el Protocolo de exclusión, ni se medicalizó las residencias, ni se trasladó enfermos a Ifema–. A principios de octubre, dimitió. Escudero, el máximo responsable de Sanidad, sigue en el puesto.

Una de las personas que perdió a un familiar es Carmen López, quien también es miembro de la Marea de Residencias. Su madre falleció en una residencia gestionada por Aralia en Leganés y ella es una de las querellantes en dicha localidad. Confía en que la publicación de las cartas de Reyero sirva para "que jueces y Fiscalía no puedan mirar para otro lado y entren en el fondo del asunto". Carmen López incide en el hecho de que Sanidad se negase a trasladar residentes enfermos al hospital de campaña de Ifema, cuya puesta en marcha considera "una operación de propaganda y de desvío de dinero a empresas amigas, en un sector donde uno de los principales problemas es la privatización. Es todo tan descarado".

"La Fiscalía no ha cuestionado hasta ahora los Protocolos"

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La otra gran organización de familiares de residentes, Pladigmare, optó desde el primer momento por denunciar los hechos en Fiscalía. Miguel Vázquez, su presidente, explica que confiaban en que el Ministerio Público liderase la investigación de unos hechos presuntamente delictivos. Pero confiesa que "de momento, no ha sido así. La Fiscalía no ha cuestionado por ejemplo el contenido de los Protocolos que prohibían las derivaciones hospitalarias, lo que constituyó una evidente discriminación por razón de la edad y del lugar donde vivían".

Pladigmare presentó denuncias ante la Fiscalía contra 59 residencias donde se produjeron un gran número de fallecimientos. De momento, el Ministerio Fiscal sólo se ha pronunciado sobre tres –Las Camelias en Móstoles, Amavir en Coslada y La Solana en Tielmes– y en todos los casos ha decidido archivar las actuaciones, al entender que no se habían cometido delitos. "La Fiscalía llama a la residencia, pide informes a los geriatras de enlace que decidían en los hospitales sobre las derivaciones y, si se cumplieron los Protocolos, archiva. Pero lo que tendría que revisar es precisamente esos Protocolos, para comprobar si han posibilitado delitos de denegación de auxilio y omisión del deber de socorro, con la posibilidad de que se hayan cometido homicidios imprudentes", explica Vázquez.

Pese a ello, en Pladigmare mantienen la decisión de seguir aportando a la Fiscalía cualquier documento relevante para investigar lo ocurrido en los geriátricos: "Por eso vamos a ampliar la denuncia con las cartas de Reyero, que son la certificación de que no se quiso atender a los mayores. Sanidad, desde el primer momento, intentó rehuir su responsabilidad como máxima autoridad sanitaria en los centros".