El alto cargo que firmó el Protocolo de exclusión de residentes admite su veracidad y desmonta la 'teoría del borrador' inventada y difundida por Ayuso

Un par de minutos después de que se iniciase este miércoles la comparecencia de Carlos Mur en la Asamblea de Madrid, ya había reconocido el hecho esencial. “¿Firmó usted digitalmente los días 18, 20, 24 y 25 marzo los cuatro Protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid?, le preguntó Paloma Villa, diputada de Unidas Podemos. “Sí. Dichos Protocolos, tanto las primeras versiones como la definitiva del día 25, están firmados”, respondió Mur. Todo lo que siguió, durante una hora y media, fue un intento por su parte de librarse de cualquier posible responsabilidad penal futura, rebajar los efectos brutales que tuvo el Protocolo en las residencias de mayores e intentar implicar a toda costa en su elaboración a los responsables de Políticas Sociales. Pero la confesión fundamental ya estaba hecha.

Carlos Mur fue el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia, hasta que fue destituido el 13 de mayo de 2020, y firmó el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impedía la derivación a hospitales de los mayores que vivían en residencias cuando tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. El 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la segunda versión del Protocolo, la presidenta madrileña tuvo que responder en la Asamblea a una pregunta sobre dicho documento. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", aseguró Ayuso sin inmutarse. Tanto la presidenta madrileña como su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, repitieron desde entonces en innumerables ocasiones esa teoría del borrador. La declaración en la Asamblea de la persona que firmó los cuatro documentos entierra de forma definitiva esa falsa teoría y deja en evidencia que Ayuso y Escudero mintieron a la opinión pública sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Durante los meses de marzo y abril fallecieron 9.470 ancianos que vivían en geriátricos de la Comunidad, la mayoría en los propios centros y sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria.

"No es una orden de obligado cumplimiento"

El primer objetivo de Carlos Mur era restar valor al Protocolo. “No era una orden de aplicación directa ni de obligado cumplimiento. No pretendió ser una orden administrativa, sino un conjunto de recomendaciones. Eran una orientación para la toma de decisiones por parte de los profesionales”, repitió una y otra vez Mur ante las preguntas de los diputados.

– “¿Se dice en algún momento que los Protocolos no sean de obligado cumplimiento?”, le preguntó Emilio Delgado, de Más Madrid.

– “No se especifica que sea de obligado cumplimiento”, acertó a responder Mur.

El ex alto cargo de Ayuso destacó que en la elaboración habían participado una veintena de geriatras, junto a técnicos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales, y que se aprobó con el objetivo de “medicalizar las residencias” para que los mayores fueran atendidos en ellas. Algo que no ocurrió en absoluto, como denunció el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en dos cartas que envió a su homólogo de Sanidad [puedes consultar aquí dichas misivas].

“Se buscaba no desplazar a personas con dificultades desde las residencias a medios hospitalarios que en ese momento eran muy hostiles”, llegó a asegurar Mur, obviando que la alternativa a la “hostilidad” hospitalaria fue en miles de casos la muerte de los mayores en el propio centro residencial, sin ayuda médica, ahogados en su propia tos al no contar con respiradores.

El entonces director de Coordinación Sociosanitaria señaló que “los hospitales estaban colapsados”, otra afirmación que choca con lo declarado por Ayuso, quien presumió de que en la Comunidad de Madrid siempre hubo camas disponibles.

“Ninguna versión de los Protocolos supuso una discriminación generalizada, las decisiones fueron tomadas siempre de manera individualizada”, resumió Mur, quien indicó que si en algún caso los geriatras de enlace rechazaron el traslado al hospital de un residente enfermo, lo harían siguiendo “la mejor praxis posible”.

"Determinadas versiones no se llegaron a aplicar nunca"

Los diputados de la comisión de investigación que analiza lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid también se interesaron por saber el motivo de que se aprobaran cuatro versiones del Protocolo [Esas cuatro versiones fueron desveladas por infoLibre el pasado mes de junio, que reprodujo los documentos íntegros]. La sorprendente explicación de Mur es que se fueron enviando versiones a los hospitales y las residencias mientras no se alcanzaba un consenso entre geriatras y expertos. Una versión que chocaría con la práctica común en cualquier Administración, que primero alcanza un acuerdo interno y luego difunde el texto consensuado.

Carlos Mur declaró que estaba “disconforme” con el Protocolo del día 18, que hacía referencia al índice de Barthel, pero que pese a ello decidió “avalar” el documento con su firma digital: “Se me trasladó como como aprobado desde la Mesa de Apoyo al Sermas [Servicio Madrileño de Salud] y entendí que estaba lógicamente avalado y era una propuesta aprobada”. El índice de Barthel mide de 0 a 100 la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o alimentarse. Y en el primer Protocolo del Gobierno Ayuso se excluía de la derivación hospitalaria a quienes tuvieran un índice de Barthel por encima de 60.

En las dos siguientes versiones, las de los días 20 y 24, se mantuvo la referencia a Barthel. Y en la última se sustituyó por una escala de fragilidad, que seguía excluyendo a las personas con mayor dependencia. Y en todas ellas se estableció la no derivación de mayores con alto nivel de deterioro cognitivo. “Las primeras versiones no tenían consenso absoluto”, explicó Mur, por eso se fueron elaborando otras. Respecto a los términos exactos utilizados en los Protocolos admitió que alguien podía considerar que existió “una redacción inadecuada al usar el término exclusión”, pero restó importancia a esa circunstancia.

Carlos Mur puso especial empeño en asegurar que las tres primeras versiones del Protocolo no se llegaron a aplicar. En ocasiones lo hizo de forma rotunda: “el segundo Protocolo nunca se llegó a aplicar”, “determinadas versiones no se llegan a aplicar nunca”. Y en otras utilizó una expresión más matizada: “No me consta que se aplicaran de forma generalizada”.

Lo de menos es que esa explicación de Mur sea completamente ilógica. ¿Acaso hubo una insurrección general por parte de los hospitales madrileños que se negaron a aplicar el Protocolo enviado por la Consejería de Sanidad? Si así fue, de momento esa insurrección ha permanecido en secreto y Mur tampoco ofreció detalle alguno sobre la misma, más allá de su aseveración de que el Protocolo no se aplicó. Pero, en todo caso, lo relevante son los hechos. infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo y, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas). Esa es la evidencia incontestable de que el Protocolo se aplicó y que tuvo unas consecuencias brutales para la vida de miles de ancianos.

Purificación Causapié, portavoz del PSOE, le recordó que en las semanas posteriores al 18 de marzo los traslados de residentes a hospitales "se redujeron un 40%". Dato que también destacaron los demás portavoces de la oposición.

"En la elaboración participó Políticas Sociales"

Uno de los momentos en que Mur se vio más acarrolado fue cuando preguntó Ana Isabel García, la diputada de Ciudadanos. Los socios de coalición del Gobierno de Madrid tienen en este asunto intereses contrapuestos. Mientras Cs defiende la gestión de su entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el PP intenta a toda costa salvar al titular de Sanidad y a la presidenta madrileña. Es cierto que es más fácil la tarea de Cs, por la sencilla razón de que Reyero mostró desde el principio su disconformidad al titular de Sanidad con lo que estaba ocurriendo en las residencias, y meses después presentó su dimisión. Mientras que Ayuso y Escudero se dedicaron a difundir la teoría del borrador.

Cuando le llegó el turno a la portavoz de Cs, Mur ya había respondido a tres grupos, y era evidente su intento de implicar a Políticas Sociales en el asunto del Protocolo. Así que se encontró con una Ana Isabel García completamente enojada, que lo primero que hizo fue recordarle que no decir la verdad en una comisión de investigación es un delito. Y después quiso saber si mantenía que había consultado los Protocolos con Reyero y que éste los había validado. “No he dicho que Reyero los validase. Una vez elaborados se remitieron a los compañeros de Políticas Sociales y en la elaboración participaron dos personas de esa consejería”, matizó Mur, en referencia al gerente y el coordinador médico de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

El compareciente negó en dos ocasiones tener conocimiento de un correo electrónico que Reyero envió el día 22 de marzo a Escudero mostrando su rechazo a los Protocolos. Y después de explicar que Sanidad había enviado los documentos a los hospitales y Políticas Sociales a las residencias, reculó sobre este último aspecto ante las preguntas de la diputada de Cs.

– “¿Está seguro que remitieron los Protocolos a las residencias?”, inquirió Ana Isabel García.

– “Yo se los envié a los compañeros de Políticas Sociales para que los distribuyeran, lo que ocurrió después no lo puedo confirmar al cien por cien”, respondió Mur.

En posteriores respuestas, Mur mantuvo que Reyero nunca le había trasladado “personalmente” su desacuerdo, aunque sabía que sí lo había hecho a Escudero. Y también insistió en que “desde el primer momento” trabajaron dos personas de Políticas Sociales en la elaboración de los Protocolos.

Mur señaló además que siempre había consultado e informado "a sus superiores" de la Consejería de Sanidad, y en concreto a Escudero y a la entonces viceconsejera Ana Dávila-Ponce de León, ahora diputada del PP que forma parte de la comisión de investigación.

Carlos Mur también indicó que el 20 de marzo, a las 14.00 horas, remitió un correo a los dos consejeros proponiendo “medidas urgentes ante el fin de semana que se presentaba infausto”, aunque no llegó a detallar qué tipo de respuesta había obtenido.

Orden de no trasladar a Ifema a las personas dependientes

Aunque la mayoría de las preguntas se centraron en el Protocolo, la comparecencia de Carlos Mur también sirvió para apuntalar otro hecho clave en la discriminación que sufrieron los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola. Además de impedir el traslado de miles de ellos a los hospitales, el Gobierno de Ayuso tampoco permitió que fuesen atendidos ni en el hospital de campaña montado en Ifema ni en los hoteles medicalizados. Como desveló infoLibre, a Ifema se realizaron 23 trasladados en total durante las seis semanas que permaneció abierto. Y a los hoteles medicalizados no se hizo ningún traslado de mayores que vivían en residencias.

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“En aquel momento, el día 19 de marzo, se dijo que se trasladasen a Ifema personas sin problemas para actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y lo mismo para los hoteles medicalizados. No había camas articuladas, ni geriatras para atenderles”, admitió Mur. En otras palabras: el Gobierno de Ayuso montó lo que calificó como “hospital milagro” y al mismo tiempo dio la orden de que no se trasladasen allí las personas que más lo necesitaban, puesto que el principal foco de fallecimientos con diferencia abismal eran las residencias.

Por último, Mur también rechazó cualquier responsabilidad en la conocida como operación Bicho, un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros. El dueño de esta compañía, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.

Mur indicó que él no tenía “capacidad” para realizar “un contrato”, así que definió el documento firmado que entregó a Burgueño como “una nota de identificación” o “una nota para realizar un encargo con el compromiso de reembolso de unos gastos”. En cuanto al trabajo que desarrolló Transamed, admitió que “no era un plan para medicalizar residencias”, sino que se trataba de realizar “inspecciones técnicas para determinar en cada caso lo que se podía hacer”.