El futuro de la monarquía
La Mesa del Congreso veta la comparecencia de Felipe VI y la comisión sobre el emérito
La Mesa del Congreso ha rechazado este martes, con los votos de PSOE, PP y Vox, tramitar la iniciativa que buscaba que rey Felipe VI comparezciera en la Cámara para dar cuenta de las polémicas protagonizadas por su padre, Juan Carlos I, con sus regularizaciones fiscales, y también ha frenado la comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del anterior jefe del Estado tras su abdicación solicitada por Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Plural.
Estos tres partidos, fieles a su negativa a dar trámite a los asuntos relativos a la Corona, han seguido el criterio de los servicios jurídicos de la institución que, según las notas a la que ha tenido acceso Europa Press, se oponían a la calificación de estas iniciativas por considerar que no se ajustaban a lo previsto en la Constitución. Solo Unidas Podemos ha apoyado las iniciativas volviendo a votar así distinto de sus socios de gobierno.
El artículo 56.3 de la Constitución relativo a la inviolabilidad del rey, es el argumento que de los letrados, asumido por la Mesa, para rechazar la comparecencia del jefe del Estado y la comisión de investigación sobre su padre.
Concretamente, la comparecencia de Felipe VI había sido solicitada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para explicar las polémicas protagonizadas por Juan Carlos I con sus regularizaciones y por las infantas Elena y Cristina por las vacunas que recibieron en Emiratos.
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Los mismos partidos pedían asimismo explicaciones en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuya citación también se ha opuesto el órgano de gobierno de la Cámara alegando que el Ejecutivo no tiene competencias en esos asuntos privados de familiares del rey. En este caso, la decisión se ha adoptado por unanimidad, puesto que Unidas Podemos ha votado en contra de citar al presidente.
Para el rechazo a la calificación de la comisión de investigación, los servicios jurídicos vuelven a mencionar los artículos 56.3 (inviolabilidad) y 65 de la Constitución. Éste último deja claro que "el rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa" que él "distribuye libremente".
"Se ha de tener en cuenta que en el punto cuatro del apartado relativo al objeto de investigación de la presente iniciativa se prevé investigar en relación con: si el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual jefe del Estado Felipe VI", reza la nota de los servicios jurídicos, cuyo criterio han apoyado la mayoría del órgano de gobierno.
Y es que, estos partidos planteaban que el Congreso investigase, con posterioridad la abdicación del Juan Carlos I, la Fundación Zagatka le financió vuelos privados de placer, si, a partir de entonces, el padre de Felipe VI "omitió deliberadamente la obligación de declarar ante la Hacienda pública las cantidades percibidas o utilizadas para pagos de vuelos" y si las cantidades utilizadas por el exrey para regularizar sus cuentas "provienen de préstamos o de donaciones sujetas a obligaciones tributarias" con posterioridad a la citada fecha.
En este contexto, los socios del Gobierno, las formaciones independentistas Más País, Compromís y el BNG defendían que la Cámara abriera pesquisas sobre si "el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual Jefe del Estado".
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Precedentes
Para avalar su rechazo a esta comisión de investigación, los letrados se remiten a la "interpretación y los precedentes" existentes en la Cámara Baja sobre estos dos artículos de la Constitución.
La única vez que los servicios jurídicos dieron el visto bueno a la tramitación de una iniciativa de este tipo relativa a la Corona fue el pasado mes de enero, cuando no pusieron pegas a una solicitud de Unidas Podemos y otros seis partidos para abrir pesquisas sobre el uso de 'tarjetas black' por parte de Juan Carlos I tras su abdicación. Aún así, dado que los informes de los letrados no son vinculantes, PSOE, PP y Vox rechazaron su tramitación en la Mesa de la Cámara.
