El juez traslada a acusaciones e imputados su intención de cerrar 'Púnica' tras siete años de investigación

Siete años después de comenzar la instrucción del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está empeñado en ir cerrando la investigación. Todo muy a pesar de las fiscales anticorrupción encargadas de la macrocausa, que insisten en que todavía quedan pesquisas necesarias para el esclarecimiento de algunos hechos. En los últimos meses se ha visto una disparidad de criterio entre el instructor y las representantes del Ministerio Público, patente en las decisiones que ha tomado el magistrado por su cuenta sin contar con el criterio de ellas. Y así se pone una vez más de manifiesto: una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 urge a las partes, acusaciones y defensas de investigados, a que propongan las últimas diligencias para poder "culminar" la investigación.

El escrito, del 17 de mayo y al que ha tenido acceso infoLibre, empieza recordando que el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos han de practicarse sin demora” y que en agosto de 2020 el juez dictó un auto en el que "instaba, a fin de evitar dilaciones indebidas, proceder a un estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento adoptando, precisamente, en cada caso, la resolución que corresponda respecto de cada una de ellas". La macrocausa de corrupción Púnica se ha dividido, desde que se abrió en 2014, en trece piezas separadasPúnica.

"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado, visto el estado de las actuaciones y atendiendo al mandato de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes referido, se acuerda dar traslado a las partes personadas para que informen sin demora y en el plazo de cinco días aquellas diligencias que valoren pertinentes para culminar la fase preparatoria en cada una de las piezas", explica. Con fase preparatoria, García Castellón se refiere a la instrucción que sirve para la posible celebración del acto del juicio.

Las intenciones del magistrado de la Audiencia Nacional se han venido confirmando en los últimos meses, y sobre todo después de que la Sala de lo Penal urgierael pasado marzo a ir concluyendo la instrucción de una macrocausa que ha llegado a tener más de 200 imputados. El juez estuvo de acuerdo y así lo hizo constar poco después en una resolución, remarcando que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirmó.

Precisamente, la semana pasada desgajó la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, que se sigue en la pieza 9, abriendo una nueva, la número 13, con el objetivo de no retrasar el avance de otras pesquisas y así acelerar el cierre de la primera, en la que están imputados la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre y otros ex altos cargos de la Comunidad de Madrid como los ex secretarios generales de la formación Ignacio González y Francisco Granados así com el exgerente Beltrán Gutiérrez.

El instructor tomó esta decisión, sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, después de recibir un escrito del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena de 40 años de cárcel por la primera época de actividades de la trama Gürtel y el año pasado ya relató en el juzgado posibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Ortega asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre"un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que García Castellón ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las examine y las compare con la documentación que a su vez ha remitido a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía sobre la contabilidad de Mercado Puerta de Toledo.

Sin embargo, por lo que se infiere al leer el auto de conformación de la pieza 13, el magistrado tiene dudas acerca de lo que afirma el exalcalde y critica que éste haya esperado meses –después de denunciar los hechos en sede judicial– para entregar esta documentación, de ahí que considere necesario cotejar los documentos con las cuentas de la empresa pública. Según fuentes jurídicas, el juez no quiere retrasar el curso de la investigación de la supuesta caja b del PP de Madrid y así se confirma una semana después con el envío a las partes personadas en la macrocausa para que hagan sus propuestas para encargar las últimas diligencias.

Recurso de la acusación popular

La decisión de García Castellón de desgajar la investigación de la presunta financiación ilegal del PP madrileño en los años en que estuvo controlado por Esperanza Aguirre ha sido ya recurrida por la acusación popular Adade. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que los hechos denunciados por Ortega coinciden "plenamente" con los que se tratan de dirimir en la pieza 9 y de hecho corresponden a cuando la expresidenta tomó el "control" de la entidad pública Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) "mediante el nombramiento de nuevos gerente y gerente adjunto, el primero no sólo de su entera confianza, sino además familiar de su marido, lo que con errores también se pone de manifiesto en la denuncia". IMADE, recuerda la acusación, era el accionista único de Mercado Puerta de Toledo S.A.

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Y así, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción remarcó que esta sociedad, adscrita a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y "destinataria de importantes ayudas comunitarias, sería usada, por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al PP de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010".

Adade reprocha al magistrado que otorgue "mayor credibilidad a los investigados que niegan los hechos de los que se les acusa, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, que a los testigos que pretenden colaborar en la averiguación de los hechos objeto de investigación", en referencia al exalcalde de Majadahonda.

Abierto en 2014, el caso Púnica se ha convertido en una de las causas más longevas de la Audiencia Nacional. La instrucción tenía hasta el verano de 2020 como fecha de caducidad, pero una reforma legislativa de última hora amplió los plazos y García Castellón se vio obligado a prorrogar las pesquisas, que vuelven a tener como horizonte finales de julio de este año. Según la ley, todas las diligencias que se ordenen antes del cierre de una investigación se tienen que acometer aunque el instructor la dé después por finalizada. De ahí que la última providencia parezca más bien un aviso de las intenciones del magistrado.