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Daniel Ortega, el presidente nicaragüense dispuesto a todo por mantenerse en el poder
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En Nicaragua, en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre, la represión contra la oposición va en aumento, hasta el punto de que los observadores denuncian una “espiral represiva”.
Encarcelamiento, exilio forzoso, ONG a las que se impide trabajar, amordazamiento de la prensa... “Estamos alcanzando la última etapa de una transformación en un régimen dictatorial”, dice Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En este pequeño país latinoamericano situado entre Honduras y Costa Rica, Daniel Ortega, el presidente saliente, de 75 años, aspira a su cuarto mandato consecutivo. A su lado, su esposa y vicepresidenta desde 2016, Rosario Murillo, de 70 años. La candidatura del exguerrillero sandinista, que luchó contra la dictadura de Somoza, fue aprobada por unanimidad por el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Es la octava vez que se presenta a las elecciones presidenciales por el FSLN”, explica Bernard Duterme, sociólogo especializado en América Latina y director del Cetri, Centro tricontinental de estudio, publicación y formación sobre las relaciones Norte-Sur, con sede en Bélgica. “Ortega siente apego por el poder. Y al igual que en las últimas elecciones, ha decidido no detenerse ante nada, legal o ilegal, para mantenerse en él. Incluso va más allá de lo necesario para asegurar su victoria en noviembre”.
32 opositores encarcelados
Para mantener el control, la pareja Ortega-Murillo parece dispuesta a todo. Desde el pasado mes de mayo, las detenciones se suceden y ya son 32 el número de opositores entre rejas, de ellos siete potenciales candidatos a la presidencia.
Cristiana Chamorro fue el primer objetivo. Apenas unas horas después de anunciar su candidatura, en la noche del martes 1 de junio, cuando los sondeos nicaragüenses le otorgaban un 20% de intención de voto, era declarada no apta para presentarse a las elecciones y puesta bajo arresto domiciliario. La decisión llegó a través de un mero comunicado de la Fiscalía.
La hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que se impuso a Daniel Ortega en 1990, y de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, héroe de la lucha contra la dictadura somocista, está acusada de blanqueo de dinero. El Ministerio Fiscal considera que “ya no goza de sus plenos derechos civiles y políticos por estar inmersa en un proceso penal”.
Su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios también fue detenido en junio, mientras que su otro hermano, Carlos Fernando Chamorro Barrios, director del sitio web de noticias El Confidencial y del programa de televisión Esta Semana, se vio obligado a exiliarse.
El arma legal como herramienta represiva
Para justificar las detenciones, el Gobierno de Daniel Ortega aduce supuestas violaciones de una ley aprobada en diciembre de 2020. La “Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz” impide presentarse a las elecciones a quienes el régimen considera “traidores de la patria”. Esto incluye a quienes “exigen, apoyan y celebran la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
El texto también excluye a quienes “lideren o financien un golpe de Estado, [...] inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos, exijan intervenciones militares” o “propongan y organicen bloqueos económicos”.
“Es una ley muy amplia, muy vaga, cuya libre interpretación permite al régimen acusar a cualquiera de traición y, por tanto, apartar a la oposición”, dice Jimena Reyes, de la FIDH, que también denuncia las condiciones “muy duras e inhumanas” de encarcelamiento. “Los detenidos son sometidos a torturas físicas y psicológicas. Por ejemplo, se les deja con la luz encendida de día y de noche para que pierdan la noción del tiempo”.
Parece que se repite el patrón. El Gobierno detiene a los opositores y luego solicita una prórroga de su detención para “investigar”. Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de enero de este año amplió el periodo durante el cual los ciudadanos pueden ser encarcelados sin cargos de 48 horas a 90 días.
Revocación de la personalidad jurídica del principal partido de la oposición
Un informe titulado “Nicaragua, una crisis de derechos humanos no resuelta”, publicado en julio de 2021 por el instituto Race and Equality, repasa las detenciones que se han producido desde 2018. Destaca su carácter arbitrario y la falta de independencia judicial en el país.
“Los presos políticos [...] sufrieron violaciones del debido proceso, de las garantías judiciales y de los derechos humanos básicos a lo largo de sus juicios. Estas violaciones incluyeron la celebración de juicios no públicos, el acoso a sus abogados defensores, el recurso a falsos testigos y víctimas por parte de los fiscales, y el uso excesivo y generalizado de la detención preventiva”, puede leerse en el informe.
El régimen de Daniel Ortega no se detiene en el encarcelamiento. “Está silenciando todas las formas de oposición. Por ejemplo, al único partido político creíble que podría haberse presentado contra él se le ha revocado su estatus legal”, lamenta Bernard Duterme.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) anuló a principios de agosto la personalidad jurídica del único partido de la oposición, Ciudadanos por la Libertad (CxL), a la derecha del espectro político. La decisión del CSE se basa en una denuncia presentada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) contra el partido CxL: “Es un supuesto partido de la oposición utilizado por el régimen para eliminar a otro partido de la oposición”, dice el director del Cetri.
El PLC señaló el hecho de que la presidenta del partido CxL, Carmella Rogers Amburn, tiene doble nacionalidad, estadounidense y nicaragüense. Una “notoria violación de la ley” que llevó a la nulidad del partido...
Una población aterrorizada
La ilegalización de este partido y el encarcelamiento de siete posibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre significan que Daniel Ortega no tendrá ningún oponente real. Esto plantea dudas sobre la credibilidad de estas elecciones. “Los nicaragüenses saben que estas elecciones son una farsa, pero no pueden protestar, el coste de un levantamiento sería enorme”, observa Gilles Bataillon, director de estudios de la EHESS.
Durante las revueltas de 2018, más de trescientos ciudadanos fueron asesinados. “Y hoy, el régimen sigue aterrorizando a la población, incluso en las zonas rurales. Ortega teme una sublevación porque todavía hay armas que nunca han sido devueltas. Así, en estos lugares, se graban masacres y se publican en las redes sociales para asustar a la gente”, continúa Bataillon.
“Las milicias armadas desplegadas en 2018 siguen vigilando a los nicaragüenses, pintan las casas de quienes identifican como opositores para humillarlos e intimidarlos”, añade Jimena Reyes.
A pesar de las escasas reacciones de la comunidad internacional contra la política dirigida por Daniel Ortega, el candidato a su sucesión se niega a dar marcha atrás. “Su proyecto es refundar un régimen totalitario, no basado en el poder de un hombre, sino de toda una familia. Con su mujer como vicepresidenta y probablemente uno de sus hijos como sucesor”, analiza Gilles Bataillon.
Tras las críticas de varios países y de la ONU, el exguerrillero retiró a sus embajadores en México, Colombia, Costa Rica y Argentina. Calificó de “terroristas” a los opositores detenidos por supuesta traición al país, y de “demonios con sotana” y “satanistas” a los obispos y sacerdotes nicaragüenses críticos con el Gobierno. Según el presidente, cuando se trata de sus oponentes, “se hace justicia, eso es todo, se hace justicia contra los terroristas”.
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Traducción: Mariola Moreno
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