La Comunidad de Madrid cambió su modelo de auditoría de los hospitales en mitad de la pandemia

La Comunidad de Madrid cambió el pasado mes de junio el modelo de control financiero permanente con el que verifica que el funcionamiento de los hospitales se ajusta a la ley y a los principios de buena gestión financiera,los principios de buena gestión financiera y lo hizo, por utilizar un símil deportivo, a mitad de partido. Cada año, el Gobierno regional aprueba su plan de auditoría y control financiero permanente. El de 2021, que debía revisar el ejercicio de 2020, el año de la pandemia, se aprobó el pasado octubre y debía haber empezado a aplicarse el mes de marzo siguiente. Pero justo entonces se comunicó a los interventores que los trabajos quedaban en suspenso porque el plan iba a ser modificado. En efecto, una resolución del 4 de junio sustituía el modelo de control financiero vertical hasta entonces empleado por otro horizontal o transversal. Durante los cuatro meses transcurridos entre el anuncio y la modificación, los interventores permanecieron casi de brazos cruzados, según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedoras de lo ocurrido.

El cambio de modelo implica un giro fundamental en el sistema con el que se revisan las cuentas, contratos y gastos de los hospitales madrileños. Hasta este año, los mayores centros sanitarios contaban con sus propias unidades de control financiero, equipos integrados por unos seis profesionales, entre interventores y auxiliares, que examinaban el funcionamiento del hospital de arriba abajo, al completo. Ahora ese modelo vertical va a ser reemplazado por un “examen multicentro” con el que se analizan sólo determinadas áreas de gestión, las “críticas y de mayor riesgo”, según explica la Consejería de Hacienda en su resolución del 4 de junio. Después, se aplicarán “procedimientos de revisión selectivos” que harán posible, asegura el departamento, “extraer conclusiones generales y relevantes para la toma de decisiones”.

Hacienda justifica el cambio en que constituye una “evolución del modelo”, su “perfeccionamiento”, lo que permitirá “superar el análisis singular de cada centro sanitario” y sus “limitaciones” para implantar medidas.

Este periódico ha comparado los planes de auditoría y control financiero correspondientes al ejercicio de 2019, el anterior a la pandemia, y los dos elaborados para 2020, el aprobado en octubre de ese año y el modificado el pasado junio. Ya en el redactado inicialmente para 2020 se redujo notablemente respecto al ejercicio anterior el alcance de la revisión que se pensaba hacer de las cuentas de resultados, el balance, la memoria y la liquidación de presupuesto de los hospitales: pasaba de incluir 19 centros a sólo dos, el hospital Virgen de la Poveda, dedicado a los cuidados paliativos y situado en el municipio de Villa del Prado, y el Instituto de Salud Mental José Germain. En el definitivo, serán cinco los controlados: además de los dos citados, el hospital de Getafe, el Severo Ochoa y el Centro de Transfusión.

En lo que se denomina control financiero permanente se verifican la gestión presupuestaria, los contratos y los gastos de personallos contratos. En 2019 fueron 10 los hospitales cuyos presupuestos fueron chequeados, un número que aumentó a 12 en el plan inicial de 2020 pero que se quedó en nueve en el definitivo. El control sobre los gastos de personal también se redujo, de 19 hospitales en 2019 a 12 en el primer plan de 2020, y a 16 en el segundo. Además, en el programa de 2019 se incluía un examen de la gestión de los ingresos que ha desaparecido de los dos siguientes. Finalmente, la comprobación de los contratos ha aumentado de 10 a 16 hospitales, pero lo relevante son los cambios en su contenido.

En 2019, la evaluación de los contratos incluyó un análisis de riesgos de las distintas formas contractuales, así como de la preparación, adjudicación y ejecución –todas las fases– de una muestra de expedientes. También se examinaron las modificaciones y prórrogas de los contratos adjudicados en años precedentes. En el plan inicial de 2020, el chequeo se centró en los contratos firmados con motivo de la pandemia. Así, la primera intención fue revisar todas las fases de la contratación de material sanitario, productos farmacéuticos e inversiones de la lucha contra el covid-19. Igualmente se pensó en verificar si los bienes y servicios contratados se habían incluido en el proyecto de gasto especialmente creado para imputar los gastos ocasionados por el coronavirus y en analizar los precios de los consumos que por este motivo habían realizado los centros sanitarios.

Sin embargo, el control finalmente aprobado tras el cambio de modelo es mucho menos exhaustivo: se limita a un “estudio general de las distintas formas de contratación utilizadas por centros seleccionados”, para compararlos con las del año anterior, y a una “valoración” de las medidas tomadas en la lucha contra el covid en la tramitación y ejecución de los contratos. El análisis de los contratos se restringe a los de obras relacionados con la pandemia. Ni bienes ni servicios.

Además, los dos primeros controles no se realizarán simultáneamente en los mismos hospitales: la comparativa se hará en ocho hospitales y la valoración de medidas anticovid en otros ocho distintos de los primeros.

Presupuestos, personal y contratos

La misma reducción del alcance del control se produce en el examen de la gestión presupuestaria. Si en 2019 se comprobaron las modificaciones presupuestarias y la ejecución del gasto, en el plan inicial para 2020 se añadió también la verificación de las partidas de material sanitario, farmacia e inversiones, debido a la pandemia, y el análisis específico de la cuenta 413, que muestra las obligaciones derivadas de gastos o bienes y servicios recibidos que no estaban incluidos en los presupuestos. Pero en el plan definitivo, el control se limita a dos cuentas: la citada 413 y la 411, la que registra los acreedores por periodificación de gastos; es decir, todos los gastos pendientes de aplicar al presupuesto.

En los gastos de personal, el examen realizado en 2019 incluyó un análisis de los puestos de la plantilla efectiva, así como su evolución en los tres últimos años. También se analizó el porcentaje de personal temporal, se comprobaron los expedientes, retribuciones y cotizaciones de los trabajadores que hicieron guardias médicas, además de los que tienen una segunda actividad en el sector privado. Igualmente se estudiaron los turnos de trabajo y su repercusión económica en la nómina del hospital, los cursos de formación de las plantillas, y los pluses, tanto fijos como variables, que cobran los trabajadores.

Para el primer plan de 2020 el análisis se restringió a los contratos temporales obligados por la pandemia y a sus remuneraciones, así como a las retribuciones variables cobradas por todas las plantillas en concepto de exceso de jornada o como gratificación. Además, se proyectó examinar la reorganización de la actividad ordinaria en consultas externas, cirugía y hospitalización, así como los movimientos de personal realizados ese año. En el plan definitivo, el que se está ejecutando ahora, se mantiene el control sobre los contratos temporales del personal sanitario por la pandemia y sobre las retribuciones de toda la plantilla, al que se añade la verificación de la paga única y el complemento de grado al personal interno residente. Sólo que, al igual que con los contratos, estas verificaciones ya no se realizan a la vez en 12 hospitales como se preveía en el plan inicial, sino que a la primera –sobre los contratos temporales– se someterán ocho centros y a la segunda –las retribuciones– otros ocho distintos.

Otro cambio que lleva aparejada la sustitución del modelo vertical por otro horizontal es la reorganización de los interventores que realizan los controles. Aunque aún no se ha llevado a cabo, la resolución del 4 de junio prevé que se cree una unidad de coordinación de control financiero permanente y las unidades de interventores de cada hospital pasen a convertirse en “equipos multidisciplinares”. Es decir, se está aplicando ya el nuevo modelo de control horizontal, pero con la organización de trabajo diseñada para el control vertical. En total, son 75 las profesionales que integran la intervención en la sanidad madrileña, de los que seis integraban hasta ahora la unidad de coordinación y el resto se repartían en unidades de cinco a siete personas en los hospitales de La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa, Niño Jesús, Puerta de Hierro, Getafe, Severo Ochoa y Gregorio Marañón.

Una decisión “política”

Los interventores consultados por este periódico explican que los modelos horizontal y vertical de control financiero, en realidad, deberían ser “complementarios”, no excluyentes. “Cada uno tiene sus objetivos y motivaciones”, precisa un portavoz de la Asociación Valenciana de Interventores y Auditores Públicos (Aviap). Otros interventores que prefieren no ser citados rechazan que el modelo horizontal pueda considerarse más “evolucionado” que el vertical. “Lo lógico es que se combinaran ambos: es un problema de perspectiva, porque con el horizontal no tienes toda la visión del hospital, por ejemplo; va a ser más complicado saber cómo está ese centro”, apuntan. También ponen en duda el valor de limitar el control de los contratos a un “estudio general” de las formas de contratación que las compare con las de años precedentes. Y advierten del peligro de que, con el modelo horizontal, más que “superar” el análisis singular de cada hospital, como dice la resolución de la Comunidad de Madrid, lo que se pretenda es “evitar” ese examen completo.

Por el contrario, la Aviap no cree que el cambio de modelo signifique necesariamente una reducción del control sobre los hospitales. “Dependerá de los objetivos planteados, cuya decisión final siempre corresponde al nivel político”, subrayan los interventores valencianos, quienes aseguran que desde 2018, cuando la Administración General del Estado comenzó a hacer controles horizontales, éstos se han “generalizado en todas las administraciones”. Según indican, un control más exhaustivo puede ser también “más genérico”, mientras que el horizontal puede “focalizarse” en determinadas cuentas.

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Por su parte, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid niega que el cambio del plan anual de auditoría suponga “un menoscabo del control financiero” en los hospitales públicos. Y asegura que el modelo de “revisión selectiva” garantiza “en todo momento la transparencia y la eficacia de la fiscalización”. Tal y como explica, se trata de un tipo de auditoría que permite, “mediante análisis estadísticos aleatorios, examinar procedimientos de gestión y extraer conclusiones válidas”.

En el año más duro de la pandemia, el control financiero se ha “adaptado”, subraya la consejería, a una situación en que la contratación de emergencia ha sido el procedimiento “más frecuente” utilizado por las administraciones, y en el que se ha puesto el foco en las contrataciones temporales y en las retribuciones abonadas a toda la plantilla. Además, el control continuo permite monitorizar “mes a mes” la ejecución presupuestaria, las modificaciones de crédito partida a partida y la evolución del gasto real “en más del 60% de los recursos” destinados a los hospitales, indica.