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Reforma laboral

Moncloa intenta enfriar la pugna con Yolanda Díaz sin aclarar su posición sobre las medidas estrella de la reforma laboral

Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz en la bancada del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Tras cuatro días de enfrentamiento público, Moncloa intenta bajar los decibelios de la disputa política que se libra en el seno de la coalición a cuenta de la reforma laboral. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, admitió este martes que quien "lidera" y "representa" al Ejecutivo en la mesa de diálogo social es el Ministerio de Trabajo, apagando así las señales emitidas desde el pasado viernes en las que se encargaba a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la coordinación de ahora en adelante de esos trabajos que el equipo de Yolanda Díaz viene desarrollando desde el mes de marzo.

Todo empezó el jueves por la noche. En la vicepresidencia segunda recibieron una comunicación interna procedente del Ministerio de Economía y en la que se daba cuenta de ese cambio de roles que, este mismo lunes, respaldó personalmente el presidente. En el entorno de Díaz se interpretó la jugada no como una pugna por la autoría de la reforma laboral sino como un cambio de criterio del partido socialista sobre el calado de las medidas que se llevarán a cabo y que se apalabraron en su día entre los equipos de Moncloa y de Unidas Podemos. En el PSOE, sin embargo, aclaran que todo se debe a un debate “metodológico”.

Fuentes del equipo del presidente explican que lo que se pretende es “mejorar la coordinación” en un asunto “de tanto calado” como es la reforma laboral. Insisten ahora esas mismas fuentes en que no está en duda “el liderazgo” del Ministerio de Trabajo en la mesa de diálogo social, pero apuntan a la necesidad de que en esas negociaciones puedan participar también los equipos de ministerios como Economía, Seguridad Social o Educación. Y en la Moncloa confiaban en llegar a un acuerdo “en cuestión de horas” sobre esa metodología, sin descartar incluso que pudiera ponerse en marcha este mismo miércoles con la presencia de otros representantes ministeriales en la reunión agendada entre Trabajo, sindicatos y empresarios.

Lo que está claro es que la parte socialista del Gobierno se esfuerza en no pronunciar en público la palabra “derogación”, tal y como aparece en el acuerdo de coalición y se llegó también a firmar en otros acuerdos parlamentarios. La fórmula elegida ahora por el propio presidente del Gobierno y por la portavoz es la de “modernización de la legislación laboral”, al estilo de la utilizada habitualmente por Nadia Calviño, que nunca se ha mostrado partícipe de abordar una derogación integral de las leyes laborales introducidas por el PP en 2012.

El contenido de la reforma

Además, desde la Moncloa también se evitan pronunciamientos públicos sobre las posibles discrepancias en cuanto al contenido de las medidas que Yolanda Díaz y su equipo negocian con los agentes sociales: “No es cuestión ahora de entrar al matiz de esos contenidos”, respondió la portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros tras ser cuestionada hasta en tres ocasiones sobre la postura del Ejecutivo en torno a cuestiones muy concretas como la ultraactividad, la subcontratación, la temporalidad o la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. “Es que no es cuestión de contenidos, sino de metodología. Los contenidos y los plazos están ya pactados”, insisten en el equipo del presidente.

Un argumento que echó por tierra la propia Yolanda Díaz en rueda de prensa desde Roma, tras reunirse con el ministro italiano de Trabajo: “No es verdad que haya un debate sobre metodología. El debate que se está dando no es de eso, créanme”, apuntó Díaz antes de trasladar que, tras el Consejo de Ministros de este martes, solicitó una reunión “en el seno del Gobierno sobre el contenido. Yo pensaba que este debate ya estaba cerrado porque ya se dio, pero si hay que reabrirlo, pues lo reabrimos”.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no aprovecharon en esta ocasión la cita ministerial de los martes para reunirse a solas en Moncloa tras las turbulencias de los últimos días, algo que no es infrecuente. Sí mantuvieron contactos tras el Consejo de Ministros la propia Yolanda Díaz y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y el hombre de mayor confianza del presidente. Más allá de un breve intercambio de sensaciones y de quedar en abordar el asunto, en esa conversación tampoco se concretaron soluciones.

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Una reforma de "amplio consenso"

Desde el equipo de Yolanda Díaz razonan que no puede estar en discusión una metodología de trabajo que ha dado como resultado hasta doce acuerdos en el marco del diálogo social de la mano de empresarios y sindicatos. Y creen que la prueba de que esa metodología no está en cuestión es que ahora Moncloa confirma que será Díaz quien continúe al frente de los trabajos. También argumentan desde la vicepresidencia segunda que la coordinación ha sido máxima con el resto de equipos ministeriales durante todas las negociaciones sobre la reforma laboral. De hecho, antes y después de cada reunión se remiten informes detallados de los contenidos abordados en esos encuentros y, según fuentes de la negociación, desde la vicepresidencia de Nadia Calviño no se trasladaron alegaciones concretas a ninguna de las medidas abordadas.

Pero entre el PSOE y Unidas Podemos hay una discrepancia más en torno a la reforma laboral. En Moncloa ponen el énfasis en que la nueva legislación se debe levantar “en base a amplios consensos, incluyendo a los empresarios”, manifestó Isabel Rodriguez insinuando, aunque sin llegar a confirmar, que el Gobierno no se plantea sacar adelante una reforma laboral al margen de la CEOE. Algo que Yolanda Díaz rechaza: “Claro que me gustaría que llegáramos a un consenso y estoy trabajando para eso, soy la última que se levanta de la mesa. Pero lo importante es que haya diálogo social, y lo está habiendo”. La postura de la vicepresidencia segunda es la misma que mantuvo en la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, agotar todas las vías de entendimiento con sindicatos y empresarios para intentar un acuerdo pero no otorgarle a los empresarios la capacidad de veto de uno de los compromisos clave del Gobierno de coalición.

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