Bruselas abordará la compra centralizada de gas que pedía Ribera pero descarta reformar el sistema eléctrico

Fuentes de la Comisión Europea han confirmado este jueves que la compra centralizada de gas, una de las peticiones del Gobierno español para abordar conjuntamente la crisis de precios de la electricidad, entrará dentro del paquete legislativo que este martes presenta el Ejecutivo comunitario, como parte del segundo conjunto de reformas bajo el sobrenombre de Fit for 55, con medidas energéticas y climáticas que buscan que el continente cumpla con sus objetivos a corto plazo contra el calentamiento global.

Sin embargo, estas mismas fuentes, cercanas a la comisaria de Energía Kadri Simson, descartan casi definitivamente una reforma estructural del sistema de fijación de precios de la luz, la subasta marginalista, que causa que los altos costes del gas natural disparen la factura y repercutan en todas las tecnologías. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo seguirá intentando en el seno del Consejo Europeo, pero solo tiene a países como Francia, Italia, Grecia o Rumanía de su parte: el resto de Estados miembro se mantiene en silencio o se opone activamente, el Parlamento ha recibido las propuestas de cambio procedentes del sur con indiferencia y la Comisión Europea no quiere ni oír hablar del tema.

Habrá que esperar al martes para saber con exactitud cómo quiere abordar la Comisión Europea la compra centralizada de gas, iniciativa que ya hace unos meses dijo que valoraría y que ahora se dispone a ejecutar. Aún se conocen muy pocos detalles. En teoría, el esfuerzo negociador conjunto permitirá adquirir la materia prima a mejor precio de los países extractores, como Rusia o Argelia, tal y como pasó (aunque con obvias diferencias) con la campaña de vacunación. También se mejorarán las reservas estratégicas, para contar con materia prima suficiente para episodios futuros de falta de suministro. En todo caso, no se trata en ningún caso de una solución a corto plazo al episodio; tendrá que pasar, como es habitual en la legislación europea, por el visto bueno del Parlamento y de todos los países.

Las fuentes del Ejecutivo comunitario son contundentes: "No queremos una modificación del sistema marginalista". Argumentan que el sistema es eficiente y que permite una asignación automática de precios, gracias a la mano del mercado, a las tecnologías que entran últimas a la subasta para cubrir toda la demanda de electricidad. Además, consideran que el modelo, gracias a los beneficios caídos del cielo que sobrerretribuyen (en opinión de muchos expertos) a hidroeléctrica y nuclear, con instalaciones en buena parte ya amortizadas, ha permitido un despliegue sin precedentes de las energías renovables. Sus costes de operación son casi nulos, pero cuando acuden al pool reciben un dinero equivalente a si tuvieran que comprar gas.

El Gobierno ha barajado varias propuestas, como establecer una media para retribuir a todas las tecnologías y que el precio del gas no sea el precio de todo el sistema eléctrico, pero la Comisión duda de que el sistema sea viable: el Estado tendría que intervenir para compensar a las generadoras que cobraran menos de lo que les cuesta crear la electricidad. Y el Ejecutivo comunitario, en este momento, quiere que la intervención pública en el mercado sea la mínima posible.

El Ejecutivo español también estudió una propuesta de Goldman Sachs, desgranada aquí, para que todo el sistema funcionara en base a contratos a largo plazo entre consumidores y centrales. Sin embargo, Bruselas tampoco cree que una reforma de ese estilo, radical en forma y fondo, sea más beneficiosa. Por otro lado, la Comisión vigila de cerca el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada española: considera que, en línea con lo que piden las eléctricas, debe habilitarse solo para los clientes más vulnerables y no para toda la población. Ribera está en pleno proceso de reforma, pero buscaba un consenso en el sector que aún no ha encontrado.

Aún queda una pequeña rendija abierta. La Comisión Europea encargó a la Agencia por la Cooperación de los Reguladores de Energía (Acer, siglas en inglés) un informe sobre la idoneidad del sistema eléctrico. Sus conclusiones preliminares fueron contrarias a cualquier tipo de reforma de calado. Pero su dictamen definitivo se espera para abril de 2022.

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El paquete legislativo que presentará el martes la Comisión Europea incluye, además, un buen número de reformas para impulsar la tecnología del hidrógeno verde en el club comunitario. La visión de Europa y la de España, que quiere convertirse en punta de lanza, es que parte de la generación de electricidad renovable del futuro puede utilizarse para almacenar energía y así funcionar de respaldo de un sistema 100% limpio, pero sujeto a la meteorología. Se abordará la inserción del hidrógeno en el mercado eléctrico, una regulación justa para que los actores económicos no puedan abusar de un monopolio y se sentarán bases para una distribución compartida con el biometano o gas natural renovable, otro de los combustibles del futuro cercano.

Por último, y como una de las principales novedades, la Comisión Europea quiere frenar las fugas de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, que se producen sobre todo en la extracción y distribución tanto de petróleo como de gas natural. Las medidas permitirán identificar estas fugas, poner facilidades para que las empresas energéticas las solventen y, cuando estas carencias se produzcan fuera de las fronteras europeas, establecer un sistema de información para que el consumidor final sepa cuál gasolina o diésel contribuye más al cambio climático y cuál menos.

Ninguna de estas decisiones se ejecutará a corto plazo: las cosas del palacio europeo van despacio. Pero el Ejecutivo comunitario está dispuesto a dar un paso adelante por la transición ecológica. Por ahora, sin grandes cambios, para bien, en nuestra factura de la luz.