Feijóo aprovecha el órdago de Esquerra para presionar al Gobierno con su bajada de impuestos

Iba a ser una votación inocua para Alberto Núñez Feijóo en la que podía elegir qué perfil ofrecer del nuevo PP sin consecuencias para las medidas de emergencia económica y social aprobadas por el Gobierno con el fin de paliar el alza de los precios, entre ellas la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible de la que se benefician todos los conductores desde hace un mes. 

Podía votar no y subrayar así la escasa disposición de Pedro Sánchez a considerar siquiera las propuestas que le hizo llegar el viernes, entre las que destaca una rebaja temporal del IRPF a las rentas más bajas, sin echar por tierra las medidas del Ejecutivo. O abstenerse y certificar el cambio de rumbo del principal partido de la oposición. 

Pero la crisis del supuesto espionaje a periodistas, activistas y políticos independentistas ha acabado por convertir la votación de este jueves en el Congreso en un ejercicio de alto riesgo. Si Esquerra, Bildu y el PNV no votan a favor, el Gobierno se arriesga a sufrir un dura derrota que, además, anularía las ayudas aprobadas hace cuatro semanas para hacer frente las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania. Ahí es donde los votos del PP, casi de rebote, pueden ser decisivos. 

Los de Feijóo están dispuestos a rescatar al Gobierno, pero ponen condiciones. Y no son pequeñas. De hecho son más exigentes que las que el PP anunció el pasado lunes, cuando todavía no estaba tan claro que PSOE y Unidas Podemos corrían el riesgo de quedarse en minoría.

A media tarde del miércoles, a poco más de doce horas de la votación, el PP volvió a proponer al Gobierno un “proceso de diálogo urgente”, esta vez para que el núcleo de las propuestas que trasladó la semana pasada a Sánchez se incorpore al decreto ley del Gobierno durante su tramitación en el Congreso como proyecto de ley siempre y cuando se complete en un plazo máximo de dos meses.

El PP quiere que el Ejecutivo asuma una rebaja de la tarifa del IRPF para las familias de rentas medias y bajas, que reduzca el IVA del gas y la electricidad al 5%, que cambie el modelo de gestión de los fondos europeos para que una parte puedan dedicarse a deducciones fiscales relacionadas con inversiones en materia de eficiencia energética y la supresión de ministerios en “solidaridad con las estrecheces que afrontan michos ciudadanos”.

“Si el Gobierno quiere tener el apoyo del PP es bien sencillo”, declaró Núñez Feijóo en Mugardos (A Coruña) en uno de sus últimos actos oficiales como presidente de la Xunta, cargo del que se dispone a dimitir en las próximas horas. Aunque su planteamiento no dejó mucho margen a la negociación: “Conoce nuestras propuestas, las hemos presentado y estamos a la espera de que las acepte”, declaró.

“Si el Gobierno nos dice que sí, si apoya la posición del PP, seremos coherentes con nuestra propuesta; si sigue sin necesitarnos y de manera unilateral saca unas medidas con sus socios, serán ellos los responsables” de lo que pase con las medidas en vigor, advirtió.

Contactos de última hora

Fue Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, el que trasladó la propuesta por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero después de revelar que ella le había telefoneado el martes por la noche para pedir “el apoyo del PP al decreto”. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la sesión de control en el Congreso para solicitar expresamente el respaldo del principal partido del a oposición, pero en la misiva enviada a la ministra de Hacienda, sin hacer precisiones, y aunque reconoce que el Real Decreto del Gobierno “tiene algunas cuestiones aprovechables”, el PP también sostiene que otras le parecen “inasumibles, otras insuficientes y muchas notablemente mejorables”.

Si Montero aceptara todas las condiciones que le pone Feijóo, el PP estaría dispuesto incluso a votar ‘sí’ al Real Decreto, pero ninguna de ellas es compatible con el planteamiento del Gobierno, que no sólo no cree que reducir el IRPF contribuya a frenar a la inflación sino que también rechaza modificar el modelo de gestión de los fondos europeos, ni siquiera considera suprimir ministerios como propone la derecha y coincide con la Comisión Europea en que no se puede bajar más el IVA de la energía.

A última hora de la tarde, la ministra Montero respondió a Bravo con otra carta en la que no se opone a ninguna propuesta concreta del PP pero afirma que el documento en su conjunto “requiere de un análisis profundo. Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo”.

No obstante, añade, el Gobierno está dispuesto “a tramitar el Real Decreto como proyecto de ley”, lo que daría pie a la introducción de otras propuestas en el Congreso, “en la seguridad de que las medidas contempladas” en él “favorecen a la ciudadanía, y palían, en gran medida, los efectos de la guerra, apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados en esta crisis”.

“Este Gobierno está convencido“, subraya Montero en su carta, “de que un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía sería una forma eficaz de ejercer la política y, por tanto, mostrar la utilidad de la representación que nos han otorgado los ciudadanos. Te reitero que el Gobierno sigue con la mano tendida al Partido Popular, como viene haciendo desde el inicio de la Legislatura, para llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país”.

La titular de Hacienda reitera al vicesecretario económico del PP que el Gobierno “tiene toda la disposición para tratar sobre todos los asuntos y llegar a acuerdos que puedan ser buenos para el interés general”, Y eso incluye el documento de Feijóo pero también el que le entregó el presidente Sánchez, en el que figuraban asuntos tales como “la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la eliminación del voto rogado, el regreso del Partido Popular al Pacto Antitransfuguismo, un acuerdo para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra, el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuestiones de Política exterior y Seguridad Nacional”.

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No habiendo acuerdo, Feijóo tendrá que tomar una decisión. O bien se abstiene y facilita la aprobación del Real Decreto en nombre de la “responsabilidad” o bien vota en contra con el objetivo de aprovechar la coyuntura en el Congreso y debilitar al Gobierno a pocas semanas de las elecciones andaluzas. Aunque eso suponga tumbar las medidas ya en vigor, como la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible o las ayudas destinadas a los sectores más afectados por el alza de los precios y que en conjunto suman 16.000 millones de euros.

Si se acaba inclinando por la primera hipótesis, que es la que lleva sugiriendo el PP desde hace semanas, Feijóo estaría tratando de confirmar el cambio de etapa en el partido sustituyendo la intransigencia de su antecesor, que a punto estuvo de echar por tierra la reforma laboral pactada por la patronal y los sindicatos, por posiciones, según sus propias palabras, “de Estado”. Una actitud que además pondría distancia con la inflexibilidad que sigue siendo la seña de identidad de Vox.

Si opta por la segunda y contribuye a tumbar el decreto, asestará un golpe al Gobierno de coalición en un momento delicado de la legislatura. La ruptura del bloque de la investidura amenaza no sólo el real decreto sino cualquier hipótesis de aprobación tranquila de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Pero, al mismo tiempo, echaría por tierra el empeño que ha puesto desde que decidió relevar a Casado en construir una imagen de supuesta moderación en la que su única prioridad serían los problemas de los ciudadanos.