Aragonès llevará a los tribunales el 'caso Pegasus': "El Gobierno no responde con el mínimo exigible"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que es muy difícil que ERC continúe dando apoyo al Gobierno en el Congreso si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no responde ante el espionaje a líderes independentistas: "La estabilidad parlamentaria es muy difícil que pueda continuar si no se asumen responsabilidades". Así lo ha defendido en una entrevista publicada en Diario.es recogida este domingo por Europa Press, en la que ha asegurado que el Gobierno "no está respondiendo con el mínimo exigible a un escándalo de estas características" y le reclama exigencia y asunción de responsabilidades.

"¿Un gobierno puede esperar mantener una relación de apoyo parlamentario en buena parte de sus medidas legislativas cuando se ha espiado a esta fuerza política, a sus principales dirigentes, y no se actúa con toda la contundencia?", ha añadido.

También ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque considera que admitió implícitamente el espionaje, lo justificó y lo defendió únicamente por el hecho de tratarse de líderes independentistas, por lo que considera que "ha demostrado su incapacidad para gestionar una situación de este tipo".

Para Aragonès, las medidas anunciadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, son insuficientes y superficiales, y asegura que "lo peor no es solo la explicación de lo que se hizo en el pasado sino la gestión que se ha hecho hasta el momento", y reclama una comisión de investigación con todas las garantías en el Congreso.

Ha reiterado que es un caso de espionaje "no solo al independentismo, sino a las instituciones de Cataluña" y critica que se haya podido acceder a imágenes personales, a información de cuentas bancarias, a mensajes personales y a conversaciones con instituciones y sociedad civil.

Llevará el caso a los tribunales en las próximas semanas

Ha asegurado que llevará el caso a los tribunales en las próximas semanas, y que ahora trabaja con equipos jurídicos "para llevarlo bien preparado, con el mayor número de garantías de que el procedimiento pueda seguir adelante, sabiendo que es un caso de espionaje en el que hay mucho interés por parte de los posibles responsables en no dar explicaciones".

Sobre si cree que los servicios secretos hayan actuado por libre, se ha preguntado si no hay control sobre los agentes de los servicios de inteligencia y sus instrumentos, a lo que ha añadido: "Nos están diciendo que los derechos fundamentales son incompatibles con la unidad de España".

A la pregunta de si cree que España no es una democracia, ha considerado que tiene déficits democráticos importantes y que no se ha visto en ninguna democracia un caso de espionaje de estas características: "Los demócratas de España deberían ser los primeros interesados en aclarar estos hechos e ir hasta el final. La reputación de España está dañada por este caso", ha añadido.

Y preguntado por la última vez que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez, ha dicho que es "ya hace bastante tiempo" aunque la semana pasada intercambiaron algunos mensajes, y añade que aún no hay un calendario fijado para su próximo encuentro.

Mesa de diálogo y Laura Borràs

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Ha apostado por restaurar las condiciones mínimas de confianza para volver a reunir la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno: "El proceso de negociación debe continuar, pero deben darse las condiciones para que ocurra. Negociar cuando has sido espiado no invita a avanzar en acuerdos".

Preguntado por si la presidenta del Parlament, Laura Borràs, debería dimitir cuando se confirme la fecha de su juicio por su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha abogado por evaluar primero el contenido del auto de procesamiento y "a partir de aquí los grupos deberán valorar el contenido para ver las razones que hay para poder llevar" a Borràs a juicio.

Para Aragonès, el caso del que se acusa a Borràs es muy diferente de los casos que según él han sufrido algunos líderes independentistas, y el de Borràs no se puede equiparar con el de "gente perseguida por el 1 de octubre o por su vinculación a las políticas de acción exterior de la Generalitat".