Pegasus y Robles, el obús de la legislatura
Es difícil seguir la comisión sobre el espionaje con Pegasus del Europarlamento y escuchar a Margarita Robles en sendas cámaras sin cierto estupor político. O la ministra de Defensa ha contraprogramado al Gobierno o no ha escuchado las exigencias de Bruselas para esclarecer el presunto espionaje masivo con implicaciones en 43 países, España a la cabeza por el número de afectados. Diez días después de la publicación de la exclusiva en The New Yorker, Robles no conoce ese medio, no sabe con qué fuentes actúa, ni de dónde vienen las informaciones. Y presume ante el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de seguir siendo la jueza progresista de siempre. Ursula Von Der Leyen, presidenta conservadora de la Comisión, sí lee The New Yorker y ha calificado el análisis forense del laboratorio Citizen Lab de “completamente inaceptable” al ir “en contra de cualquier tipo de regla que tengamos en la Unión Europea”. Desde la propia Comisión se ha pedido a los Estados miembros supervisar y controlar sus servicios de seguridad. Robles, como si no fuera con su cartera, no reconoce la necesidad de la investigación que exige Bruselas como país miembro salpicado por Pegasus. La falla democrática que supondría un espionaje extrajudicial de estas dimensiones.
El Ejecutivo tardó una semana en reaccionar ante el alcance inevitable de Pegasus en el bloque de investidura. Con un par de intervenciones, Robles ha tirado por tierra el valor político de las medidas anunciadas por el ministro Félix Bolaños: investigación interna del CNI, del Defensor del Pueblo y la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso con el compromiso de desclasificar documentos si es necesario. Los partidos independentistas tenían difícil rechazar el paquete de iniciativas para esclarecer si se les ha espiado y bajo qué premisas. Hasta que Robles, tras el escudo de la Ley de Secretos y una defensa innecesaria del honor del CNI, ha puesto en cuestión la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de encauzar la relación política que ha saltado por los aires con Pegasus.
La encrucijada para el Ejecutivo es doble: O hubo extralimitación judicial o hubo una decisión política de mantener bajo seguimiento del CNI a sus socios de Gobierno
Para sorpresa de los socios de coalición, Robles se pregunta: "¿Qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia?" A eso precisamente tiene que responder la ministra. Si de 2017 a 2020 se ha utilizado Pegasus. Y si Defensa entendía que seguía latente la amenaza secesionista de sus socios y merecían ser espiados. La encrucijada para el Ejecutivo es doble: O hubo extralimitación judicial o hubo una decisión política de mantener bajo seguimiento del CNI a sus socios de Gobierno.
Robles ha ido a más. “¿Qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución?". La respuesta a esa cuestión está en la activación del artículo 155, en la condena en firme del Tribunal Supremo y la posterior mesa de diálogo impulsada por Pedro Sánchez para reconstruir la relación política y social con Cataluña. Salvaguardar la unidad de España es un principio constitucional. La inmunidad parlamentaria y el derecho fundamental a la privacidad también. Cómo se ha resuelto ese equilibrio es precisamente lo que tiene que esclarecer Defensa.
El desastre de la gestión de Robles es tal que instó desde el Senado a los independentistas a ir a los tribunales. E irán, pero con el voto a favor del PSC de Salvador Illa y los Comunes. Por más soberbia que despliegue la ministra, dejar sin investigar el uso de Pegasus deja abierta la vía a cualquier suposición y conspiración. Hay quien mantendrá que hay un CNI patriótico sin depurar como lo hubo en la Policía; que el Gobierno espió a su socio durante tres años e incluso habrá quien defienda que Pegasus fue utilizado por Rusia para desestabilizar la democracia española. Si la ministra de Defensa, máxima responsable del CNI, no ve necesario investigar, aclarar y depurar responsabilidades, tumba la credibilidad de las distintas líneas de investigación anunciadas por Félix Bolaños. Y si Robles está en contra, ¿qué garantías hay de que se lleve a cabo?
ERC pide altura de miras y responsabilidad de Estado. Una altura que no es recíproca. Hacer una ‘Reforma Laboral 2’ revela su incapacidad para diferenciar las ayudas a la gente del programa independentista. La extorsión de Gabriel Rufián al Gobierno para que explique Pegasus o tumbar el plan de choque cae en la misma incoherencia que critican en Robles. Se puede ser jefa del CNI e investigar Pegasus. ERC, como socio del Ejecutivo, puede pedir su dimisión y no tumbar un paquete de 12.000 millones de euros en ayudas sociales.
La legislatura ¿aguanta o se rompe? El deterioro es evidente. Como en la votación de la reforma laboral, es probable que la tensión se disuelva al tiempo que desgasta la relación de los socios. No es que haga falta activar la mesa de diálogo en Cataluña, más bien es la mesa de diálogo del bloque al completo. El Gobierno necesita depurar cuanto antes responsabilidades de Pegasus. De lo contrario, los éxitos en Europa, desde reducir la factura de la luz al decreto económico de la guerra, quedarán enterrados por las sucesivas crisis. Y mientras el bloque de gobernabilidad se debilita con la gestión de Pegasus, la derecha se recompone. Vox crecido reivindicando el 42% de votos a Le Pen y el 53% de voto ultra en Hungría, Feijóo en un win-win parlamentario. Si el presidente del PP tumba el decreto, golpea a Sánchez. Si da luz verde y lo aprueba, refuerza su posición de hombre de Estado. La aritmética de Gobierno no cambia. Cada crisis de los socios de investidura refuerza el nuevo ciclo del bloque PP-Vox.
